La colonia y las prácticas de trabajo forzoso en Guatemala

Preocupados por la fundamentación jurídica de sus acciones, los españoles justificaron la conquista de los territorios americanos en la tesis según la cual “era lícito apropiarse de los países recién descubiertos que pertenecieran a príncipes no cristianos”...

Fecha de publicación: 12 Dic, 2017 - 17:23:46
Última actualización: 12 Dic, 2017 - 16:38:19



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La colonia y las prácticas de trabajo forzoso en Guatemala

Sin embargo, y en una actitud que aún actualmente se da en la relación de los países desarrollados ante los países de menor desarrollo, la actitud ante dichos príncipes tenía variantes. Por ejemplo, Cristóbal Colón, en su primer viaje llevaba cartas de amistad de los reyes de Castilla y Aragón para el Gran Khan, como era conocido el emperador mongol de la China, y para otros soberanos de la India.


Prácticas de trabajo forzoso en Guatemala

Conquista e imposición de la esclavitud


En el caso de los caribes, el primer pueblo americano con el que hicieron contacto, consideraron que “vivían al margen de la civilización y parecían hallarse privados de un ordenamiento jurídico y estatal racional”, por lo que no tuvieron escrúpulos al momento de conquistarlos y dominarlos, asumiendo que para poseerlos el rey de España ostentaba un título igual al que tenía para ejercer su autoridad en los dominios hereditarios de la Corona, lo que se vio reforzado con las bulas papales emitidas por Alejandro VI en 1493 (Konetzke, 1972: 21 a 24).

A pesar de esa “legitimación”, la conquista y sometimiento de las sociedades indígenas fue objeto de crítica por parte de teólogos españoles, principalmente dominicos, que se sustentaban en las tesis del orden natural de Santo Tomás de Aquino, cuestionando incluso la validez de la donación papal.



Pero los partidarios de la conquista encontraron una aceptable justificación en la misión de cristianizar a los infieles: “si un príncipe pagano impedía la conversión de sus súbditos o perseguía a los conversos cristianos, los españoles podían guerrear contra esa autoridad tiránica y deponerla”. Por otra parte, si los aborígenes se sometían y voluntariamente aceptaban la soberanía de los reyes españoles, la dominación quedaba justificada (Konetzke, 1972: 28 y 29).

Para que la conquista y dominación se fundamentaran en el anterior razonamiento se acudió a un ardid jurídico: el “Requerimiento de Palacios Rubios”, elaborado por 1513 por el jurista de la corte Juan López de Palacios Rubios, en donde se resumían los argumentos teológicos y jurídicos que respaldaban la presencia de los españoles en tierras americanas (Luján, 1987:32).

En una muestra de la obsesión por el formalismo, que continúa impregnando el quehacer jurídico hasta la actualidad, al tomar contacto con un pueblo de indígenas se les debía leer el documento y quienes se resistieran a reconocerla autoridad de la Corona y de la Iglesia, podían ser tomados como prisioneros en una “justa guerra” y convertidos en esclavos. Martínez (1994:65) refiere que hubo ocasiones en que el requerimiento fue leído desde lo alto de una colina o desde la cubierta de un navío. Fray Bartolomé de las Casas, citado por el célebre hispanista Lewis Hanke (1949), afirmó que “no sabía si reír o llorar al leer aquella ensarta de absurdideces teológicas destinadas a legalizar la esclavitud”.

Pedro de Alvarado, a quien los aztecas pusieron el sobrenombre de Tonatiuh, y demás conquistadores de Centroamérica, utilizaron en varias ocasiones el requerimiento y, amparados en sus cláusulas, tomaron numerosos esclavos. Pero, destaca algo que fue común en la actuación de los españoles a lo largo del período colonial: se excedían en la aplicación de las normas, ya de por sí flexibles, y no tenían reparo alguno para esclavizar pueblos que los recibían de manera pacífica.

Con cualquier pretexto se buscaba ampliar la capacidad para disponer de manera ilimitada de la fuerza de trabajo indígena. Así, por ejemplo, en 1537, un funcionario real en Honduras lamentaba que la Corona solamente permitía que se hicieran esclavos a los hombres mayores de 15 años, y “que sería bueno esclavizar también a las mujeres cuyo trabajo era necesario, en vez de dejarlas morir en la guerra” (Sherman, 1987:41).

Fray Antonio de Remesal, citado por Cabezas (1993a: 388) relata que Pedro de Alvarado impuso “al numeroso pueblo de Patinamit un irregular tributo que cada día cuatrocientos muchachos y otras tantas muchachas, so pena de quedar esclavos, le diesen un canutillo de oro lavado, del tamaño del dedo meñique”.

Esto es confirmado en los Anales de los Xahil de los indios cakchiqueles (conocidos también como Memorial de Sololá o Anales de los cakchiqueles) donde el autor relata que “durante el año [1530] fueron dados terribles tributos. Se dio oro, plata, ante el rostro de Tunatiuh. Se pidieron como tributo quinientos varones, quinientas mujeres, para ir a los lavaderos de oro. Todos los hombres fueron ocupados en buscar oro. Quinientos varones, quinientas mujeres, fueron también pedidos por Tunatiuh para ayudar a construir Pangan como su residencia principal. De todo esto, si de todo esto, oh hijos míos, nosotros mismos fuimos testigos” (Asturias y González, 1937: 62).

La Corona autorizó, que además de los cautivos de guerra, se tomaran esclavos de rescate. Se trataba de los que ya eran esclavos de los indígenas y su adquisición se justificaba afirmando que no había impedimento para que se mantuvieran en esa condición, “en tanto su situación no resultara peor que antes”, aparte de que corrían el riesgo de ser sacrificados, y liberarlos del paganismo significaba para ellos un beneficio (Sherman, 1987: 44 y 45). Estos esclavos también eran obtenidos por los españoles mediante compra, a cambio del pago de tributos u otros tratos (Zavala, 1968: 12).

Los esclavos de rescate se distinguían de los esclavos de guerra, porque los primeros eran marcados con hierro candente en el muslo y a los de guerra se les marcaba en la cara. Se estima que solamente Pedro de Alvarado llegó a obtener alrededor de 3,000 esclavos por este medio (Cabezas, 1993: 374).

En 1530 la Corona emitió la primera cédula que prohibía la esclavitud, lo que provocó la apelación del Ayuntamiento de Santiago. Los reyes aceptaron sus pender su vigencia y, mediante cédula de 1532, autorizaron a Pedro de Alvarado y al obispo Francisco Marroquín (el primer obispo de Guatemala) para que los dos, directamente, determinaran quiénes eran esclavos en poder de los caciques y que los hiciesen herrar y que, una vez herrados, los vecinos los pudieran comprar y de esa manera rescatarlos, con la condición de no sacarlos de las provincias. En esa misma cédula facultaron a Pedro de Alvarado y al obispo para decidir, una vez hecho el ya citado requerimiento de Palacios Rubio, a qué indios alzados se les podía hacer la guerra, tomarlos como prisioneros y venderlos como esclavos (Cabezas, 1993a: 389).

En 1534 se emitió una real cédula que prohibió nuevamente comprar esclavos a los caciques o principales indígenas. La reiteración de esa disposición, en sucesivas cédulas de 1536, 1538 y 1539 (Sherman, 1987: 50), evidencia que de manera reiterada las disposiciones reales eran ignoradas por los conquistadores.

En los primeros años del dominio español se dio, entre los conquistadores y la autoridad real, una especie de “estira y encoge” en el tema de la esclavitud. El arzobispo de Guatemala Francisco de Paula García Pelaez , citado por Cabezas (1993: 373) refiere que en 1513 la Corona española amonestó a los frailes dominicos de La Española por haber protestado contra la encomienda-repartimiento, haciéndoles ver que el reparto de indígenas fue discutido por letrados, teólogos y juristas, quienes llegaron a la conclusión de que eso “era conforme a derecho divino y humano, y que si cargo de conciencia había en ello, era del rey, y de quien se lo había aconsejado, no de quien tenía los indios”.

No obstante lo anterior, en 1530 la Corona prohibió la esclavitud de los indios pero, como fue también común a lo largo de la historia colonial, las disposiciones reales no eran acatadas o lo eran parcialmente, pues en 1532 se le prohibió expresamente a Pedro de Alvarado la adquisición de esclavos de rescate.

Dos modalidades de trabajo forzoso fueron tomadas de las prácticas prehispánicas. La primera es la de los naborías, quienes según Fray Bartolomé de las Casas, era el término utilizado por los indígenas antillanos para referirse a los criados y sirvientes, lo que coincide con la función que tuvieron en la sociedad colonial: “indígenas que trabajaban para los españoles, principalmente como sirvientes domésticos, aunque sus obligaciones no se circunscribían necesariamente a los hogares” (Sherman, 1987: 142-143).

Una ley de 1534 estipuló “que las mujeres y niños menores de 14 años, tomados en justa guerra, no podían ser sometidos a la esclavitud, pero podía retenérseles como sirvientes domésticos, o bien dedicarlos a otros trabajos con la categoría de naborías”. También estaba prohibido marcarlos (Sherman, 1987: 146).

Para los españoles contar con un numeroso séquito de sirvientes era un símbolo de estatus. Jorge de Alvarado tuvo no menos de 40 indígenas al servicio de la casa durante su estancia en Atitlán. Alonso López de Cerrato anotó años más tarde que el más humilde de los españoles tenía sirvientes, y que no había visto vecino alguno de Santiago que no tuviese cuando menos cinco o seis indios sirviendo en su casa (Sherman, 1987: 148). Considera Sherman (1987: 149) que, excepto cuando caían bajo “la férula de un amo particularmente duro”, el trabajo de naboría o servicio doméstico “era menos terrible que otros trabajos, y cuando menos había comida y abrigo contra los elementos de la naturaleza”.

La segunda modalidad, sometida a condiciones extraordinariamente crueles, fue la de los tamemes o cargadores, que en las sociedades prehispánicas, carentes de animales de tiro o carga, era la única opción para el transporte de productos e incluso de personas, como sucedió también a partir de la conquista e incluso ya avanzado el siglo XX, por la ausencia de caminos vecinales en buena parte del altiplano guatemalteco.

La llegada de los españoles aumentó la demanda de tamemes. Especialmente a lo largo del siglo XVI, debido a la falta de carreteras y la escasez de carretas y animales de carga. Desde muy temprano las autoridades españolas trataron de prohibir o limitar el uso de tamemes. Una real cédula de 1528, para la Nueva España, vedaba el uso de indígenas para llevar cargas a las minas (Sherman, 1987: 157).

En 1529, una real cédula para Centroamérica proscribió igualmente el uso de indígenas como cargadores, incluso para distancias cortas. Pero, como tantas veces sucedió, las disposiciones de la Corona eran insuficientemente aplicadas o ignoradas, lo que obligaba a flexibilizarlas. Así, otra real cédula ordenó en 1533 que ningún indígena podía llevar más de 50 libras; y las Nuevas Leyes, de 1542 prohibieron totalmente su utilización (Sherman, 1987: 161 y 163).

El trabajo de los tamemes se caracterizó por “cargas excesivas, largas jornadas, reclutamiento forzoso y bajo intimidaciones, trabajo sin paga, malnutrición y malos tratos”. Los recorridos con distancias entre 300 y 600 kilómetros eran comunes. “En alguna ocasión se les hizo llevar cargas desde el puerto mexicano de Veracruz hasta Santiago, lo cual implica una distancia de cerca de 1,400 kilómetros, en un terreno fragoso” (Sherman, 1987: 158 – 159).

En una expedición de conquista de Honduras a Nicaragua, Diego López de Salcedo llevó alrededor de 4,000 tamemes, de los cuales no sobrevivieron más de seis (Sherman, 1987: 160).

El tráfico de esclavos indígenas

La demanda de mano de obra indígena y la escasez de oro, plata y piedras preciosas que permitirían un enriquecimiento fácil y rápido, llevó al establecimiento de un intenso tráfico de esclavos, pues existía una fuerte demanda fuera de Centroamérica. Dicho tráfico se dio, nuevamente, a pesar de las expresas prohibiciones reales, debido principalmente a la dificultad de ejercer, por obvias razones de lejanía, un efectivo control administrativo y a la complicidad de funcionarios reales que participaban del tráfico o de sus beneficios. Algunos funcionarios, ante los frecuentes cambios de normas, permitían que continuara la actividad esclavista, con el pretexto de esperar aclaraciones de las últimas disposiciones reales (Sherman, 1987: 53).

Los centros más activos de tráfico de esclavos en tierras centroamericanas fueron Honduras, favorecido por la proximidad de sus puertos con las islas de las Antillas; y Nicaragua, con destino a Panamá, que era el nexo entre la Nueva España y el Perú. En dichos lugares, debido a las enfermedades y a la esclavitud, la población indígena se extinguió o fue severamente diezmada.

El primer obispo de Honduras, Cristóbal de Pedraza, conocido también como el “Protector de los Indios”, relata que en una expedición pacificadora a Honduras, Pedro de Alvarado llevaba de Guatemala cuadrillas de esclavos para trabajar posibles minas; y auxiliares achíes, a quienes describe como “la gente más cruel de las indias y los más grandes carniceros y caníbales”. Los achíes capturaron alrededor de 6,000 hombres, de los cuales unos 3,000 fueron hechos esclavos (Sherman, 1987: 68).

El tráfico de esclavos alcanzó tal proporción que en 1539 el obispo Pedraza informó al rey que él no creía que hubiese más de 15,000 indios en toda la gobernación de Honduras. En Nicaragua, gobernada entre 1513 y 1531 por Pedrarias Dávila, quien rivalizó en crueldad con Pedro de Alvarado, las ciudades de León y Granada fueron los centros del intenso tráfico de esclavos que se estableció con Panamá (Sherman, 1987:69).

En los primeros años de la conquista, debido a la abundancia de esclavos, tanto de guerra como de rescate, su precio era muy bajo. En 1524 un caballo costaba entre 500 y 800 pesos y un esclavo podía costar dos pesos. En Soconusco, ese mismo año un cerdo tenía un precio de 20 pesos oro y una carga de cacao 10 pesos.

En 1526, durante la pacificación de Honduras, se afirmó que la única cosa que permitía vivir a los españoles era el comercio de esclavos, quienes eran dados a cambio de comida traída de las islas antillanas: una arroba de carne salada costaba cuatro pesos y una arroba de aceite seis pesos, en tanto un esclavo valía dos pesos.

El presidente de la audiencia de México afirmó, en 1532, que los esclavos se vendían en México a 40 pesos, y en 1533, en Guatemala su precio era de dos pesos. En 1533 o 1534 un vecino de Guatemala pidió permiso para llevar 200 indios a centros de trabajo de México, pero solamente le autorizaron 20 (Sherman, 1987: 95).

En la medida que los esclavos conocían algún oficio, por ejemplo albañilería o herrería, su precio aumentaba en comparación con alguien que solamente podía servir como peón o cargador. En 1530, “un esclavo indio muy bueno” fue comprado por 50 pesos oro (Sherman, 1987:96). En 1541, un español despojado de sus esclavos, afirmaba que su cuadrilla minera de 30 hombres y los seis que servían en su casa y cultivos, estaban valorados en más de 4,000 pesos, lo que da un promedio de 112 pesos por cabeza (Sherman, 1987: 96).

Cuando los funcionarios locales manejaban el comercio de esclavos, los precios se fijaban a su antojo. A Francisco de Castañeda, gobernador de Nicaragua en la década de 1530, lo señalaron de vender esclavas a 200 pesos, que en realidad valían entre 25 y 40 (Sherman, 1987: 97).

El comercio de esclavos afectó a toda Centroamérica con excepción de Costa Rica, y los destinos principales fueron Panamá y Perú en el Pacífico, y las islas de las Antillas. Para el sur la principal fuente fue Nicaragua. Ante la dificultad para satisfacer la demanda, el tráfico se extendió a San Salvador y Guazacapán. No llegó a la magnitud de Nicaragua, pero fue suficiente para llamar la atención de Alonso López de Cerrato (MacLeod, 1980: 44).

Sin embargo, para 1548 (año que llegó a Guatemala López de Cerrato) la demanda de esclavos centroamericanos había ido desapareciendo, debido a la finalización de la conquista y guerras civiles en Perú, donde ya podían disponer de la mano de obra local para los cultivos y las minas; en Panamá los cargadores fueron sustituidos por mulas y caballos, y la población negra aumentaba (MacLeod, 1980: 48).

Respecto al número de esclavos existente en Guatemala, Sherman (1987:98) indica que las fuentes disponibles no permiten hacer una estimación razonable. Que en 1531 Pedro de Alvarado tenía 1,500 esclavos marcados, trabajando en sus minas y que, en esa época, había en Santiago de Guatemala unos 100 vecinos, de los cuales casi todos tenían al menos una cuadrilla de esclavos. Una cuadrilla estaba conformada por entre 100 y 120 indígenas por lo que, estimando unas 90 cuadrillas, el número de esclavos podía llegar a los 9,000.

De acuerdo con las leyes españolas, una quinta parte de todos los esclavos debía ser subastada para obtener el quinto real. Los datos de 1530 para Guatemala reportan 345 pesos, lo que permite concluir que en ese período solamente 800 personas fueron tomadas como esclavos de guerra.

Sherman (1987: 114) estima que el número de indígenas esclavizados en América Central, entre 1524 y 1549 es de alrededor de 150,000 personas, mayoritariamente hombres, de los cuales no más de un tercio fueron “exportados” fuera de la región.

MacLeod (1980:44) afirma que “un total de 200,000 indígenas para todo el período esclavista en Nicaragua parece quedarse corto. Ya en 1535 se había reportado a la Corona que un tercio de la población aborigen de Nicaragua había sido esclavizada”.

Tanto la despiadada explotación como el tráfico de esclavos a que fue sometida la población indígena, se agregaron a las enfermedades que azotaron la región mesoamericana y antecedieron la llegada propiamente dicha de los españoles, para provocar una verdadera debacle demográfica. Se calcula que un tercio de la población del altiplano guatemalteco pereció entre 1519 y 1520 debido a las epidemias de viruela y tifus (MacLeod, 1980: 86). Pone como ejemplo la drástica reducción de habitantes que sufrió Santiago Atitlán, uno de los más ricos de encomienda, donde en menos de 20 años (entre 1524 y 1545) el número de tributarios pasó de 12,000 a 1,400 (MacLeod, 1980: 113).

La encomienda-repartimiento

En los primeros años del dominio español los términos encomienda y repartimiento fueron utilizados de manera indistinta. En ambos casos se realizaron de una forma que tenían todas las características del trabajo esclavo. Sin embargo la entrega o reparto de indígenas a conquistadores con el pretexto de encomendarlos a su cuidado y que velaran por su cristianización, tenía mucha semejanza con la institución medieval de la encomienda, que en el derecho feudal o señorial era la renta o merced vitalicia con la que estaba gravado un heredamiento o territorio (Cabanellas, 1997: 449).

Para las colonias hispánicas la encomienda fue definida por el jurista Juan de Solórzano y Pereira (1575-1655), “como el derecho concedido por merced real a los beneméritos de las Indias para percibir y cobrar los tributos de los indios con cargo de cuidar del bien de los indios en los espiritual y temporal, habitar y defender las Provincias donde fueron encomendados y hacer cumplir esto”, en su Política Indiana (Cabanellas, 1997: 449).

En Guatemala, el primer repartimiento lo hizo Pedro de Alvarado, en julio de 1524, y el principal beneficiado fue el mismo Adelantado. Se adjudicó Iximché y otros centros cakchiqueles. Los más favorecido después de Alvarado fueron sus lugartenientes Sancho de Barahona, Bartolomé Becerra y Pedro de Portocarrero, con 1,000 indígenas cada uno (Cabezas, 1993: 373).

En 1528 Jorge de Alvarado, hermano del conquistador, como Teniente de Gobernador del territorio actual de Guatemala y El Salvador, realizó, sin mayor certeza sobre su existencia, un repartimiento general de los pueblos entre los conquistadores, de tal suerte que fueron distribuidos 110 pueblos entre los españoles residentes en Santiago de Guatemala. Solamente uno de ellos, Pedro Núñez de Guzmán, recibió 14 pueblos.

Cuando Pedro de Alvarado retornó de España, para dar una demostración de poder y al “ver la tierra tan ciegamente repartida”, dejó sin efecto las concesiones hechas por su hermano Jorge. Entre las encomiendas que invalidó estaban las de Atitlán, Chichicastenango y Sacatepéquez, pueblo de Quetzaltenango, adjudicándolas a parientes, amigos y criados que trajo de España. Alvarado se asignó la importante encomienda de Atitlán, que estaba en manos de dos de sus compañeros de conquista, cada uno de los cuales recibía 1,000 jiquipiles de cacao (Cabezas, 1993: 375 y 383).

Alvarado continuó siendo, durante más de dos décadas, el principal beneficiario del trabajo forzoso. Cuando el presidente Alonzo López de Cerrato ordenó, entre 1548 y 1549, la tasación de los tributos que pagaban los indígenas, se determinó que siete de los mejores pueblos estaban encomendados a su nombre: Atitlán, Guazacapán, Escuintla, Petapa, Quetzaltenango, Rabinal y Totonicapán, que entre todos tenían unos 5,000 tributarios que le rendían alrededor de 10,000 pesos anuales, a las que se agregaban las encomiendas en Honduras, que le reportaban 9,000 pesos más al año.

En Guazacapán, además de la exacción del tributo, abusó de los indígenas al utilizarlos para construir la flota que llevó su expedición a Perú. En una de las acusaciones contra Alvarado, cuando lo sometieron a un juicio de residencia, se indicó que mandaba darles palos y azotes y quemaba “muchos señores principales por los amedrentar para que sirviesen por hacer por parientes y amigos suyos que los tenían encomendados” (Cabezas, 1993:377).

Por otra parte, los indígenas que con motivo de las expediciones españolas se entregaban pacíficamente y aceptaban convertirse en vasallos del rey de España, eran “encomendados” a los nuevos amos, quienes debían cuidar de su evangelización, y a cambio recibir toda clase de servicios, sin retribución alguna.

Este sistema es el conocido como “encomienda-repartimiento”, en donde las dos instituciones, que en la etapa que siguió a la aplicación de las Leyes Nuevas se diferenciaron, “nacieron unidas, entrelazadas. El repartimiento tenía dos variantes: reparto de tierras y de indios para trabajarlas. Esto se justificaba por el supuesto de que los indígenas eran entregados para que fueran evangelizados (encomendados) por lo que en la primera etapa de la conquista repartimiento y encomienda eran lo mismo” (Martínez, 1994: 62).

El funcionamiento de la encomienda en la sierra de los Cuchumatanes es un ejemplo de cómo fue implantada dicha institución. El primer pueblo otorgado en encomienda fue Santa Eulalia, el 27 de octubre de 1524, apenas unos meses después de la fundación de Santiago de Guatemala. El siguiente encomendero, Juan de Espinar, recibió la actual cabecera departamental de Huehuetenango el 3 de octubre de 1525 y la disfrutó hasta su muerte en 1562, ya modificada a partir de la vigencia de las Leyes Nuevas, cuyo proceso se describe en el siguiente numeral.

Espinar explotó las minas de plata ubicadas al norte de Chiantla y al mismo tiempo era propietario de tierras. Por más de 20 años “explotó su encomienda despiadadamente, exigiendo trabajo a varios cientos de indios de servicio, quienes eran obligados a trabajar en las minas de plata. A las mujeres indígenas las hacía preparar comida, la cual él recibía como tributo o provenía de sus propiedades. Este encomendero ganaba casi 9,000 pesos anuales en la minería y 3,000 pesos más en la agricultura” (Lovell, 1990:107).

Es importante anotar que lo descrito por Severo Martínez (1994) en La Patria del Criollo, con relación a las modalidades de trabajo forzoso implantadas por los conquistadores y que, como se verá más adelante, prevalecieron a lo largo del período colonial, coincide en lo fundamental con los capítulos dedicados al tema en la Historia General de Guatemala publicada por la Asociación de Amigos del País (1993).

Fray Bartolomé de las Casas y las Leyes Nuevas

Aún antes de la conquista de Guatemala, en 1511, los dominicos, encabezados por Fray Antonio de Montesinos y después por Fray Bartolomé de las Casas, iniciaron una incansable lucha contra la esclavitud y la encomienda, que culminó con la emisión de las conocidas como Leyes Nuevas u Ordenanzas de Barcelona de 1542 (Cabezas, 1993: 379).

Las leyes estaban motivadas por razones morales, especialmente la tenaz campaña de Las Casas, y por motivos políticos. De ellos el principal era que la Corona tuviera capacidad para ejercer efectivamente el control de los territorios conquistados y de su población. Por ello, en una de las disposiciones de las leyes se indica que los indígenas eran personas libres, con la calidad de vasallos del rey.

En dichas leyes se ordenaba que, en adelante, “por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros”, por lo estaba vedado que alguien pudiera servirse “de los indios por vía de naboría, ni tapia, ni otro modo alguno, contra su voluntad”.

En Centroamérica, pese a que el primer presidente de la Audiencia de los Confines, Alonso de Maldonado, por recomendación de Fray Bartolomé de las Casas, fue designado para dicho cargo en el mismo texto de las leyes, estas no fueron aplicadas, y continuó el otorgamiento de tamemes y naborías a los encomenderos.

Maldonado, siendo el encargado de erradicar el trabajo esclavo, se beneficiaba ampliamente de él. Obtenía cerca de 6,000 pesos anuales por alquilar indígenas (hombres y mujeres) de sus encomiendas en Honduras para que trasladaran el equipaje de españoles que desembarcaban en los puertos atlánticos y se dirigían a las ciudades del interior. El obispo Pedraza denunció que los tamemes de Maldonado recorrían hasta 60 leguas, con bultos que pesaban entre 75 y 100 libras, y debían llevar su propia comida. Cada jornada de viaje, agregaba el obispo, morían por lo menos 10 tamemes (Cabezas, 1993: 379).

La gestión del presidente Alonso López de Cerrato

Fray Bartolomé de Las Casas hizo uso de su influencia ante el Consejo de Indias y logró la destitución de Maldonado, quien dejó el cargo en mayo de 1548. En su lugar fue nombrado el licenciado Alonso López de Cerrato y una de sus primeras disposiciones fue trasladar la sede de Gracias a Dios, en Honduras, a la ciudad de Santiago de Guatemala, a donde llegó en 1549 (Rubio, 1973: 78 y 88). Con gran energía, López de Cerrato aplicó las disposiciones de las Ordenanzas de Barcelona, despojó a los encomenderos más crueles, incluso a quienes habían exportado indígenas a Perú, para lo que solicitó autorización especial, y prohibió los servicios personales. También ordenó la abolición del alquiler de indígenas, pero varios cabildos solicitaron y lograron que no se ejecutara la disposición. En una comunicación afirmó: “se quejan que les quité el servicio personal y esto es lo que más han sentido, porque debajo de este color tenían todos los indios por esclavos y como tales se servían de ellos” (Cabezas, 1993: 380).

No obstante su buen desempeño en la liberación de los indígenas, la labor de López de Cerrato fue ensombrecida por los señalamientos de nepotismo, así como por favorecer a sus allegados. Su hermano Alonso Cruz Cerrato recibió dos importantes encomiendas en Nicaragua, una de las cuales pagaba 6,500 pesos anuales (Sherman, 1980: 238).

Los cabildos o ayuntamientos, que fueron desde el principio del dominio español, los bastiones de poder de los conquistadores y posteriormente de sus descendientes (los criollos, que formaron lo que el historiador Ernesto Chinchilla Aguilar (1961) denominó la clase capitular) utilizaron todo tipo de argumentos para buscar la permanencia de las prácticas esclavistas. “Sus quejas partían de dos premisas dudosas: el carácter inicuo de Cerrato, y el daño que las reformas introducidas por este causaban a los indígenas” (Sherman, 1987: 225).

En una súplica dirigida al presidente López de Cerrato por el cabildo de Santiago, sus miembros le hacen ver que posiblemente no estaba bien informado sobre la liberación de los esclavos y que si llegara a sopesar las consecuencias “usted abandonaría el proyecto, pues su Excelencia descubrirá que todo el bienestar de estas partes descansa en la satisfacción y el establecimiento permanente de los españoles, y en las pequeñas cantidades de plata y oro que están siendo explotadas y no en la alegría y satisfacción de los religiosos”, aludiendo con esta última frase a la intervención de los frailes dominicos.

Más adelante, afirman con sorprendente cinismo que “el descargo de la conciencia de su Majestad y de la vuestra en su nombre, no consiste en liberar a estos indios llamados esclavos, porque su número es nada comparado con el resto. Al presente es mejor para ellos permanecer en nuestra compañía y no fuera de ella, porque nosotros consideramos a la mayoría de ellos como si fueran nuestros propios hijos. Y si en tiempos pasados hubo cierto descuido en el trato que se les daba, ello ya no es cierto – más bien ellos nos agradecen por haberlos criado”. A renglón seguido reconocían la verdadera causa de su demanda: “nuestro bienestar y felicidad descansa en gran parte en ese granito de oro” (Sherman, 1987: 225 y 226).

La gestión de López de Cerrato fue tan efectiva, como señala Severo Martínez (1994: 79), que los Anales de los Xahil o Memorial de Sololá recogió el testimonio agradecido de lo que fue un antes y un después para los indígenas: “Durante el año el Presidente Cerrado llegó, en tanto que el Licenciado Pedro Ramírez estaba todavía aquí. Cuando llegó condenó a los hombres Castilan, libertó los esclavos, a los prisioneros de los hombres Castilan; disminuyó la mitad del tributo; puso fin al trabajo forzado; obligó a los hombres Castilan a pagar a los pequeños trabajadores, a los grandes trabajadores. En verdad, el jefe Cerrado disminuyó los sufrimientos de nuestros hombres, porque yo mismo vi, oh hijos míos, los numerosos sufrimientos que soportamos” (Asturias y González, 1937: 66).

En defensa de López de Cerrato, Fray Bartolomé de las Casas, en su calidad de Obispo de Chiapas, envió una extensa carta al rey de España, cuyas afirmaciones constituyen otra contribución para explicar el presente de la sociedad guatemalteca. “Vuestra Alteza tenga por cierto (afirmaba el obispo dominico) que de todas las partes de las Indias, donde más excesos y desórden ha habido en hacer injusta e inicua y malvadamente los indios esclavos, ha sido en Guatemala y Chiapa; porque no se pueden imaginar las maneras y cautelas que para hacellos tuvieron, y es increíble el número tan grande que de esclavos hicieron de los cuales han perecido en sus infernales trabajos y servicios, de diez partes, las nueve” (Sherman, 1980: 259-262).

Las reacciones más violentas contra las Leyes Nuevas, a pesar de la inconformidad que causaron entre los vecinos, no se dieron en Santiago de Guatemala sino que en Chiapas, de donde era obispo Fray Bartolomé de las Casas, y en Nicaragua, donde los abusos con el tráfico humano habían alcanzado, como ya se vio antes, proporciones extremas.

En 1550, en la ciudad de León, el obispo dominico Antonio de Valdivieso, activo colaborador de Las Casas en la defensa de los indios, fue asesinado por los hijos del gobernador Rodrigo Contreras, a quien el obispo había denunciado expresamente ante el rey por los abusos que cometía (Cabezas, 1993: 381).

La encomienda después de las Leyes Nuevas

Si bien las Leyes Nuevas representaron un alivio, no significaron el fin de la explotación y de los abusos sobre la población indígena. La encomienda primitiva fue sustituida por otra encomienda, que perduró hasta el segundo tercio del siglo XVIII. Dicha encomienda estaba contemplada en las Leyes Nuevas, al indicar que una forma de premiar a los conquistadores y primeros colonos era cederles parte de los tributos que los indígenas debían pagar al rey, lo que no sería hereditario, salvo para las viudas e hijos de los beneficiarios.

Los conquistadores pelearon contra esto, aduciendo que si el servicio prestado a la Corona era perpetuo, igualmente debía ser su remuneración. La Corona accedió paulatinamente a la perpetuidad, al permitir que fuera mantenida para una “segunda vida” (los nietos) y así se llegó hasta una “quinta vida” (Martínez, 1994: 88 a 90). Posteriormente se permitió que los recién llegados recibieran las encomiendas, de forma que para mediados del siglo XVIII el número de estas era similar al existente a principios del siglo XVII (Martínez, 1994: 91).

Entre las anomalías más frecuentes se cita que muchos encomenderos cobraban directamente los tributos y adquirían tierras vecinas a los pueblos encomendados, lo que facilitaba presionar a los indígenas para obtener fuerza de trabajo barata (Martínez, 1994: 92 y 93).

Las encomiendas garantizaban una renta a los beneficiarios de carácter puramente parasitario. Los indígenas se veían obligados a producir o a comprarlos bienes que debían entregar periódicamente a los encomenderos, lo que constituía una pesada carga que se agregaba al repartimiento, a los servicios personales y a los diezmos que percibía la Iglesia.

Alrededor de 1550, los 11 encomenderos más ricos recibían entre un máximo de 4,000 pesos oro y un mínimo de 1,500 pesos oro al año. Los dos encomenderos más acaudalados, Juan de Guzmán y Francisco Xirón, estaban vinculados a la producción cacaotera de los Izalcos y fueron de los principales beneficiarios de la misma (MacLeod, 1980: 99).

Siguiendo con el caso de Huehuetenango descrito por Lovell (1990:104), entre 1549 y 1550, los beneficios de las encomiendas se habían reducido, pero aún eran gravosas para los indígenas. Los 500 tributarios de Huehuetenango debían entregar cada año a Juan de Espinar: 15 fanegas de maíz, 4 de algodón, 5 de frijol, 300mantas, 100 panes de sal, 12 docenas de gallinas, 100 cargas de ají y 6 indios de servicio. Otro español, Juan de Celada, titular de la encomienda de Aguacatán cambió los 10 indios de servicio que le correspondían por 200 tostones de plata.

No todas las encomiendas generaban cuantiosas rentas. Las hubo modestas, casi de sobrevivencia, como la de Francisco Sánchez Tamboronio, encomendero de Nebaj, pueblo que tenía 35 tributarios, que le entregaban anualmente 2 fanegas de maíz, 3 docenas de gallinas y cuatro indios de servicio, que fueron cambiados por 15 pesos oro; o Leonor de Castellanos, encomendera de Santiago Chimaltenango y San Juan Atitán, dos pueblos de 35 tributarios en conjunto, que le entregaban 4 fanegas de maíz, 5 de frijol y 150 mantas (Lovell, 1990: 104).

El tributo que recibían en especie era vendido por los encomenderos en los mercados locales, por intermedio de pequeños comerciantes, en los momentos que los precios eran más favorables para monetizar el tributo. Este mecanismo fue fundamental para que los encomenderos pudieran enriquecerse con el producto del trabajo de los pueblos encomendados (Cabezas, 1993a: 392).

A finales del siglo XVI el repartimiento fue ganando importancia como medio de enriquecimiento de los españoles residentes en Santiago de Guatemala, pues se asoció con el latifundio que comenzaba a formarse y con el incremento de la producción de añil, ganado, caña de azúcar, trigo y otros bienes, lo que trajo como consecuencia una etapa de bonanza económica que duró hasta las últimas décadas del siglo XVII. Prueba de ella es el aumento de los ingresos de la real hacienda, que pasaron de 65,000 pesos en el período 1656-1667 a 169,719 pesos en el período 1667-1678.

En cambio, los beneficios de las encomiendas se habían reducido significativamente desde principios del siglo XVII y para el último tercio alcanzaron niveles mínimos. “En 1678, los ingresos del encomendero de Chiantla y Huehuetenango, junto con un pueblo de Honduras, ascendían a solo 40 pesos” (Lovell, 1990: 103).

Hubo casos de encomenderos, en los que debido al tamaño de las concesiones, a la existencia de ciertas condiciones favorables, como estar en una zona que generaba algún producto de gran demanda, y a su “espíritu emprendedor”, se diversificaron hacia otras actividades más productivas.

Aparte del ya citado Juan de Espinar en Huehuetenango, están los casos de Juan de Guzmán, encomendero en la zona cacaotera de Izalco, quien armó barcos para llevar su producto hasta la Nueva España; de Sancho de Barahona y sus hijos, encomenderos de Santiago Atitlán, un paso importante entre el altiplano y las tierras productoras de cacao que les permitía cobrar parte del tributo en cacao; o de Juan de León, encomendero en la zona de Totonicapán, quien se dedicó a la crianza de miles de ovejas y obligaba a los indígenas de los pueblos vecinos a comprarle la lana y, además, en la ciudad tenía un buen mercado para la carne (MacLeod, 1980: 111-112).

El tributo personal

En 1549 el presidente López de Cerrato procedió a la tasación de los tributos, pues los indígenas pasaron a ser vasallos y tributarios de la Corona. Los montos fijados representaron una rebaja importante con respecto a las cantidades de productos y el efectivo que debían pagar con motivo de la tasación impuesta por Maldonado, el antecesor de Cerrato. La tasación de tributos para los pueblos de la provincia de Guatemala, fijada por Maldonado incluía 10,097 jiquipiles, 16,050 fanegas de maíz, 3,240 fardos de ají (chile), 10,769mantas, 540 indios de servicio y 1,200 reales (Cabezas, 1993: 380).

A pesar de las rebajas impuestas por Cerrato, el monto de dichos tributos representaba una enorme carga para los indígenas, quienes debían generar más excedentes o buscar otros trabajos para cumplir con esa obligación adicional, que completaba el cuadro de la explotación a la que estaban sometidos.

Los españoles afirmaban que dichas rebajas les causaban grandes perjuicios. Uno de los mayores críticos de las medidas de Cerrato fue el obispo Francisco Marroquín, quien argumentó en forma similar a las siempre lastimeras quejas de los colonizadores: “dice el presidente y los religiosos  (refiriéndose a los dominicos) que aren y caven los españoles: ellos no pasaron a estas partes para esto, ni es servicio de Dios ni de V.M.; ni es bien para los españoles ni para los indios; lo que conviene es que los españoles sean estimados y temidos y que los indios sean instruidos y bien tratados, y ésta es la buena gobernación” (Cabezas, 1993a: 381).

Cuando las encomiendas caducaban, el producto que generaban pasaba a beneficio de la Corona. El tributo se recaudaba el 24 de junio, durante el tercio de San Juan, y el 24 de diciembre, tercio de Navidad. El cobro estaba a cargo de los alcaldes indígenas, quienes debían hacer entrega exacta a los corregidores (en caso de encomienda al español beneficiario) y si era pagado en especie los productos debían venderse en subasta pública (Lovell: 1990: 110).

Desde finales del siglo XVI, el tributo fue fijado en dos pesos anuales, suma que estuvo vigente hasta principios del siglo XIX. Estaban obligados al pago todos los indios varones casados, entre los 18 y los 50 años, eran eximidos los “legítimos caciques” y sus primogénitos, así como los alcaldes indígenas cuando desempeñaban sus cargos, también los negros esclavos, los mestizos y los mulatos. Las mujeres indígenas pagaban un tostón (Martínez, 1994: 232 y 233).

Lovell (1990: 109) agrega que los viudos y los solteros de ambos sexos eran clasificados como medio tributarios, por lo que debían pagar un peso anual, y que entre los exonerados estaban también los enfermos e inválidos, y aquellos que de alguna u otra forma trabajaban para la Iglesia. A mediados del siglo XVI el tributo recaudado en Guatemala ascendía a 10,000 pesos anuales y, para finales del siglo XVIII, alcanzó los 120,000 pesos (Lovell, 1990: 110).

Al tributo bianual se agregó el llamado servicio del tostón o real servicio, introducido en 1592 para sufragar los gastos de la Armada Invencible, pero su recaudación se mantenía en el siglo XVIII. En el corregimiento de Totonicapán y Huehuetenango el real servicio reportó 5,675 tostones, y en 1710 llegó a 7,500 tostones (Lovell, 1990: 110).

En 1549, una real cédula prohibió que el tributo fuera conmutado por servicios personales, aunque estuvieran de acuerdo los caciques y los maceguales (indígenas comunes). De parte de los indígenas, el pago en especie se debía a la dificultad de erogar efectivo, por lo que en algunos pueblos el tributo era cubierto “casi exclusivamente por medio de contribuciones en trabajo. Los encomenderos valoraban particularmente el uso de los tamemes, puesto estos a menudo se alquilaban a comerciantes u otras personas”. Fue también frecuente que los encomenderos exigieran el pago de tributo en productos que eran exclusivos de ciertas zonas, como el cacao o el algodón, lo que obligaba a los indígenas a viajar grandes distancias para adquirirlos (Sherman, 1980: 213-214).

Los datos de Cabezas (1993b: 483-485) difieren de los anotados por Severo Martínez (1994: 232 y 233), pero en todo caso, confirman otra exacción a la que estaban sometidos los indígenas. A mediados del siglo XVI, según el primer autor, el tributo era el equivalente a tres tostones para los hombres y dos para las mujeres.

En las tasaciones de Cerrato, solamente 16 de 150 pueblos tributaban a la Corona y 134 correspondían a 86 encomenderos. A partir de 1575 se fijó un pago de cuatro tostones para los mulatos y negros, ya fueran casados o solteros, y de dos tostones para sus mujeres; en tanto que los zambos, casados o solteros, pagaban tres tostones y las mujeres uno (Cabezas, 1993b: 483-485).

El tributo que los indígenas del Corregimiento del Valle de Guatemala, que constituía la zona al servicio de la ciudad de Santiago, administrada por su ayuntamiento, pagaban anualmente a los encomenderos o a la Real Corona, ascendía a finales del siglo XVII a unos 35,000 pesos, pero el pago casi se duplicaba, por el tercer tostón, el valor del transporte de los pagos en especie, el costo de las tasaciones y el pago de los jueces encargados de hacerlas (Chinchilla, 1993:521).

El rendimiento del tributo a lo largo del período colonial pone en evidencia otro fenómeno ancestral de Guatemala: la regresividad de su sistema tributario, que es otra de las causas de la desigualdad existente a la fecha. Entre 1694 y 1763 (poco más de medio siglo) el tributo representó el 74% de los ingresos recaudados por la Real Hacienda en el Reino o Capitanía General de Guatemala (Wagner, 1994: 108).

El trabajo de los indígenas permitió conformar las cajas de comunidad o cajas de censo, de raíz prehispánica, que estaban destinadas al “sostenimiento de sus hospitales, de sus ‘bienes de pobres’, con cuyo nombre, cual es sabido, se entendía el auxilio a viudas, huérfanos, inválidos, etc.; para ayudar a sufragar los gastos de las misiones, casas de reclusión y demás elementos para la conversión, sostenimientos de seminarios y colegios para hijos de caciques, para permitirles realizar sin detrimento de sus bienes el pago del tributo y, en general, para que fuese ayuda, socorro y alivio en sus restantes necesidades” (Lamas, 1957: 300).

Su vigilancia estaba a cargo de la Audiencia y se alimentaban con el producto del trabajo colectivo, la venta de los excedentes generados por la comunidad, los ingresos por arrendamiento de tierras a españoles, ladinos y otras comunidades (Belduzegui, 1992: 183). Una real cédula de 1582 estableció que en lugar del real y medio que se pagaba en efectivo, cada indígena debía cultivar con maíz 10 brazas de tierra al año (Lamas, 1957: 314). A lo anterior se agrega, a partir del último tercio del siglo XVIII, el producto de una contribución monetaria repartida entre las familias indígenas residentes, denominada el “acrecido”, consistente en cuatro reales anuales (Belduzegui, 1992: 183).

Estos fondos se convirtieron en una de las mayores reservas de metálico del Reino. La Audiencia estaba facultada para autorizar que con ellos se concedieran préstamos al cinco por ciento de interés, que era una tasa inferior a la que cobraban los prestamistas a los comerciantes locales, lo que permitía volver a colocarlos. El presidente de la Real Audiencia, Antonio González, afirmó en 1809 que dichos fondos eran “un pingüe Ramo administrado por la Real Audiencia, que lo distribuye entre particulares a réditos”.

En 1818 la Real Hacienda de Guatemala debía a las comunidades más de 393,000 pesos. Al considerar que era imposible cancelar la deuda, el presidente José Bustamante pidió autorización al Consejo de Indias para confiscarlos capitales de las comunidades y saldar la deuda.

Acciones como esta impedían que las comunidades los utilizaran en su propio beneficio. José María Peinado, regidor del Ayuntamiento, señaló que dichos fondos no mejoraban la suerte de las comunidades: “Al indio le es indiferente que su arca tenga un peso o un millón, su suerte siempre será la misma” (Belduzegui, 1992: 183-188).

El nuevo repartimiento

De mayor importancia que la encomienda fue el nuevo repartimiento, implantado por presión de los colonos, “que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en la producción de su propio sustento y en la producción de tributos” (Martínez, 1994:95). Un paso previo, fundamental para el repartimiento, fue el proceso de reducción o congregación en los llamados pueblos de indios (previsto en las Leyes Nuevas) que dio origen a la mayoría de municipios actuales de Guatemala.

El propósito declarado era que los indígenas pudieran vivir como vasallos libres y facilitar su evangelización. Pero con el repartimiento, los pueblos se convirtieron en “una concentración de fuerza de trabajo, controlada por los grupos dominantes y disponibles en tres formas: gratuita forzosa, semigratuita forzosa y asalariada muy barata” (Martínez, 1994: 452).

Este sistema existió en México hasta 1633, cuando se le consideró perjudicial para los indígenas, mientras en Guatemala se mantuvo durante todo el período colonial (Martínez, 1994: 463). En Guatemala fue legalizado mediante real cédula emitida en Madrid el 21 de abril de 1574, que define los elementos fundamentales de la institución: “la coerción (el documento ordena que se haga repartimiento atendiendo a la necesidad de los vecinos españoles y no a la voluntad de los indios, y también priva a estos de discutir la paga) , la rotación (establece que se reparten semanalmente) , y la remuneración forzada (manda pagarles cuatro reales por semana, estipendio que muy pronto se aumentó a un real por día)” (Martínez, 1994: 466).

La aplicación del repartimiento

En los años siguientes (1628, 1639 y 1680) la Real Audiencia de Guatemala emitió diversas ordenanzas para regularlo. Estaban obligados todos los varones de 16 a 60 años. Las mujeres permanecían excluidas, pero en los pueblos del Corregimiento del Valle de Guatemala, fueron obligadas frecuentemente a servir en las casas de los españoles como molenderas, cocineras, chichiguas (nodrizas) y domésticas.

Cada semana debía acudir la cuarta parte de los indios de cada pueblo, quedándoles tres semanas para atender sus siembras y otras ocupaciones. Eran despachados el lunes, por lo que debían presentarse el domingo en la plaza del pueblo, adonde llegaban los mayordomos de las haciendas. Para cada pueblo se elaboró un padrón, en donde se especificaba el número de indígenas que correspondía a cada hacienda. La aplicación del reparto estaba a cargo de los alcaldes indios, quienes eran vigilados por los Jueces Repartidores, nombrados por el presidente de la Audiencia (Capitán General) y cuyo sueldo salía de la cuota de medio real que debía pagar el hacendado por cada indígena que le era adjudicado.

El lunes empleado para la ida debía reconocerse como tiempo de trabajo, y estaba prohibido el pago en especie. Adicionalmente, los indígenas tuvieron la obligación de prestar servicios ordinarios a la ciudad (para la construcción de edificios y mantenimiento urbano) y extraordinarios (para construcción y reparación de casas particulares) (Martínez, 1994: 472 y 473, y Zavala: 1967: 95).

El repartimiento pesó fundamentalmente sobre los maceguales, pues “los indios revestidos de autoridad, los Alcaldes, los ‘principales’ o nobles, sus parientes y compadres, los indios ricos, todos los que tenían alguna influencia, la ponían en juego para rehuir el repartimiento” (Martínez, 1994: 477). Si bien estaban exceptuados los enfermos pero, para evitar que esto se convirtiera en una válvula de escape, debían pagar un sustituto, que generalmente devengaba cuatro reales adicionales y los alimentos de la semana (Martínez; 1994: 482).

Los datos del Corregimiento del Valle de Guatemala dan una idea de la magnitud del repartimiento: unos 50,000 indios de 67 pueblos prestaban cada año alrededor de 128,000 servicios de semana (Martínez, 1994: 485).

En unas cartas escritas entre 1602 y 1605, por el cuarto obispo de Guatemala, el dominico Fray Juan Ramírez de Arellano menciona que los tequetines (indígenas enganchados en el trabajo por semana) eran forzados a trabajar “en temporadas en que ellos debían atender sus propias milpas; recibían salarios insuficientes, y a menudo debían caminar hacia el trabajo cubriendo distancias mayores que las seis leguas señaladas por la ley. Constantemente se violaba la disposición por la que se prohibía sacar, a los lugares de trabajo, a más del diez por ciento de los hombres adultos residentes en cualquier época en un pueblo determinado. Si los indígenas no se presentaban al trabajo eran azotados, sujetos a tratos infamantes o ignominiosos, y multados, sin tomar en cuenta las excusas que pudieran aducir” (Sherman, 1980: 481).

Es posible que el beneficio del repartimiento se concentrara en los grandes hacendados, quienes eran favorecidos por los alcaldes mayores y corregidores al momento de efectuar el reparto de los indígenas. Es el caso de los productores de añil en San Salvador, donde a mediados del siglo XVIII el alcalde mayor asignaba 484 indígenas al propietario de cuatro haciendas; otros 78 cosecheros recibían un promedio de 42 por hacienda. Los pequeños productores de añil, denominados “poquiteros”, eran también objeto de abusos por parte de los comerciantes que les hacían préstamos para financiar la cosecha, llegando en ocasiones a ser obligados a recibir ropa de “Castilla” (importada de España) y de la “tierra” (producida localmente) para que la pagaran posteriormente con el equivalente en tinta, pero rebajando entre uno y tres reales el precio de cada libra (Cabezas, 1993: 292).

El salario en el repartimiento

La paga diaria de un real (octava parte de un peso) equivalía en el siglo XVII a los siguientes bienes: media gallina, un cuartillo de miel, siete onzas de pan de trigo, un octavo de litro de vino o de aceite, o un cuarto de fanega de maíz (100 mazorcas o 31.5 libras) en época de abundancia o un octavo de fanega (50 mazorcas o 15.6 libras) en tiempo de escasez. Comparativamente, un escribiente o un oficial subalterno de las cajas reales (la burocracia más modesta) ganaba no menos de un peso diario (ocho veces la paga del repartimiento).

Entre los abusos que, adicionalmente al trabajo forzado, se cometían contra los indígenas, a pesar de lo prescrito en las ordenanzas, estaba el incumplimiento de proporcionarles herramientas, aduciendo que las destruían o robaban (Martínez, 2994: 482); y las exacciones a que eran sometidos por parte de los Jueces Repartidores.

Un escrito de los religiosos franciscanos, elevado en 1663 al Consejo de Indias, indicaba que los jueces pedían a los indígenas aves y legumbres por la mitad de su precio y que estos las entregaban “sin réplica porque si no lo hicieran los encarcelaban y castigaban con rigor” (Martínez, 1994: 483 y 484). También denunciaron que el medio real que correspondía al Juez les era descontado de la paga semanal (Martínez, 1994: 493).

Otro atropello consistía en el pago en especie. En las Ordenanzas de 1628 se insiste en el pago en efectivo, “para que cesaran los ‘agravios y vejámenes’, que a los indios ‘se les suele hacer’”, lo cual comprueba que realizar el pago en ropa, cacao, pan, queso y otros productos, era una práctica frecuente. Una de las justificaciones para ello era la escasez de moneda, que fue crónica durante toda la época colonial, aparte de pagarles con moneda desgastada y recortada, como denunciaron los indígenas de Aguachapán en 1661, al señalar que les entregaban moneda de tan mala calidad “que después no se la quieren recibir ni por su tributo ni por otra cosa” (Martínez, 1994: 492).

Martinez (1994:496) señala que el “gran truco” del repartimiento era la paga por tarea o a destajo. El cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, citado por Martínez (1994: 495), afirma que con esa modalidad los indígenas llegaban a ganar hasta tres y cuatro reales por día. Sin embargo, más adelante, el cronista criollo se contradice cuando anota que indígenas, que se ocultaban del repartimiento, acudían a labores que no contaban con suficientes trabajadores repartidos, en donde se “avenían a trabajar si se les asignaban tareas equivalentes a un tercio de la tarea normal del repartimiento y sobre esa base alcanzaban alrededor de dos reales diarios”. Los hacendados decidieron que el día de trabajo no era el día natural, entre la salida y la puesta del sol. “Se entendería por día, ‘la tarea del día’, tasada por ellos y aceptada por los indios a la fuerza”. Dichas tareas eran fijadas de tal manera que requerían dos días de trabajo o el esfuerzo de dos personas.

La arbitrariedad que acompañaba el trabajo a destajo o por tarea es confirmada por otros documentos. En el ya citado memorial de los indígenas de Aguachapán, elevado al presidente de la Audiencia Martín Carlos de Mencos y al fiscal de la misma, Pedro Fraso, el 9 de marzo de 1661, estos afirman que “con todo aqueste trabajo, los que van a las labores no se les paga su trabajo, porque les dan tan grandes tareas que la que es de un día apenas la pueden sacar en toda la semana, y al fin de ella les da un real o real y medio con nombres ( pretextos, SM) que no hicieron más que una tarea”. El Fiscal de la Audiencia, en su informe de investigación sobre las denuncias, indicó “que el cura doctrinero del pueblo se ha asegurado, bajo juramento, que es cierto lo que al respecto dicen los indios en su escrito” (Martínez, 1994: 497).

El presidente y el fiscal solicitaron al rey la total supresión del repartimiento, pues se había llegado al extremo de vender las haciendas junto con los indígenas que les correspondían en servicio, lo que permitía elevar considerablemente el valor de las mismas. Consideraban que no era necesario forzar a los indígenas para trabajar, pues eran “un género de gente que pagándoles sus jornales trabajan con gran aplicación” (Belzunegui, 1992: 66 y 67).

Mediante Real Cédula del 29 de septiembre de 1662 se ordenó la supresión del repartimiento en Guatemala, la que fue acatada (Belzunegui, 1992: 67). Sin embargo, Martínez (1994: 749) afirma que la orden real no fue aplicada, pues se acudió nuevamente a maniobras jurídicas. Los hacendados pidieron al presidente “no cumplir (solamente obedecer) la Cédula, hasta haber elevado al rey nueva información”, que fue enviada al Consejo de Indias (Martínez, 1994: 749). El Ayuntamiento de Santiago y la mayoría de órdenes religiosas se opusieron a la decisión real. Solamente los franciscanos, que eran los únicos que no se beneficiaban del trabajo forzoso al no poseer haciendas, apoyaron la medida atacando el principal argumento a favor del repartimiento, según el cual solamente mediante la coacción se les podía integrar al trabajo (Belzunegui, 1992: 66 – 70).

En todo caso, en octubre de 1667 una real cédula dejó en manos del presidente de la Audiencia la solución del problema, con lo que se mantuvo el repartimiento hasta el final del período colonial (Martínez, 1994: 749).

Para finales del siglo XVIII, Martínez (1994:504 a 506) indica que el repartimiento seguía practicándose en todo el territorio que actualmente ocupan Guatemala y El Salvador, según se desprende de un extraordinario informe elaborado por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz con motivo de su recorrido pastoral por todo el territorio que ocupaba la Diócesis de Guatemala, y que estaba sufriendo un importante cambio, que llegó a predominar en los años siguientes, pues los indígenas ya no eran enviados por cuartas partes, en tandas semanales sino que por temporadas, de acuerdo con la cantidad de mano de obra que necesitaban las haciendas.

Casi dos siglos después de lo afirmado por el obispo Ramírez, su predecesor, el arzobispo Cortés y Larraz formula denuncias similares en contra de los repartimientos. Indica que estos “se hacen con toda violencia, que no se deja de respetar solamente los campos y tierras de los miserables indios, pero ni su salud y vida”.

Agrega un llamado para que prevalezca el trabajo asalariado, especialmente de parte de los ladinos, a quienes reprocha repetidamente la desidia en que viven: “No quiero decir que se abandonen las haciendas, ni que dejen de ser sus frutos a beneficio del público; pero lo serían más no por el repartimiento de indios en los tiempos precisos, para el cultivo de sus campos, porque por este medio sólo se consigue que los frutos que habían de producir los campos de los indios los produzcan los de los hacendados, siendo muy indiferente al público que los produzcan éstos o aquéllos; cultívense en buena hora las haciendas, pero por medio de criados asalariados por todo el año; y en los tiempos que se necesitan más operarios, precise la justica a los ladinos que viven harto ociosos y no a los miserables indios ocupados en sus cultivos”.

Concluye señalando que, con respecto a las haciendas se necesita de muchas soluciones (“arreglos”), pero que las más importantes son: “o quitar (que fuera el remedio seguro) los repartos de indios, o moderarlos (lo que no sucederá equitativamente por mucha providencias que se tomen” (Cortés y Larraz, 1958 II: 297), evidenciando con ello la imposibilidad de atenuarlos efectos de un sistema esencialmente inhumano.

Por otra parte, como apunta el documento de los franciscanos, los indígenas acudían voluntariamente a trabajar en haciendas y cultivos cuando el monto del pago era mayor al vigente para el repartimiento. Se contrataban por dos reales al día sin alimentos, y por real y medio cuando se les proporcionaba la comida. Hacen también referencia a los llamados “peseros”, que trabajaban la semana por la cantidad de ocho reales (un peso), más algunos alimentos (Martínez, 1994: 232).

Repartimiento de mercancías y de hilazas

Otra forma de trabajo forzoso fue el repartimiento de mercancías (llamado derrama por MacLeod, 1980: 265) y el de hilazas y de algodón, por parte de los corregidores o alcaldes mayores (equivalentes de los jefes políticos hasta 1945 y de los gobernadores departamentales actuales), que se convirtió en el negocio de mayor volumen y rentabilidad de dichos funcionarios. Los corregidores eran nombrados por el presidente de la Audiencia o por la Corona y tenían un sueldo, pero los aspirantes pagaban a la monarquía elevadas sumas de dinero para obtener el puesto. En 1732 el alcalde mayor de Ciudad Real de Chiapas pagó 8,000 pesos para ejercer el cargo por cinco años.

El repartimiento de mercancías consistía en obligarlos a comprar productos, imponiendo la cantidad, la calidad y el precio. Hubo casos en que se les obligó a comprar medias de seda, o bien se les vendían telas e instrumentos de labranza de mala calidad y precio alto (Martínez, 1994: 525).

En otros casos los despojaban de productos exportables, como vainilla, achiote o cacao, pagando con mercaderías; o eran propietarios de panaderías y vendían el pan a la fuerza, según indica Martínez (1994:526), citando el documento de los franciscanos.

El repartimiento de hilazas, hilados o algodón, afectaba principalmente a las mujeres indígenas. A mediados del siglo XVII, se hacían cuatro repartos de algodón en todas las casas de los pueblos, debiendo devolverlo transformado en hilo, estando la distribución a cargo de los alcaldes indígenas. Aunque hubo casos de reparto sin paga, lo usual era un monto de entre un real y medio por libra y un real por cada cuatro libras. En el escrito de los franciscanos se denuncia que había azotes y cárcel por retrasarse en la entrega.

El fardo de cuatro arrobas de algodón era comprado a tres pesos, transformado en hilo lo vendían a 37.5 pesos. Pagando 1.5 reales por libra, resulta 21 pesos y tres reales de mano de obra por fardo. Descontando el costo de transporte, la ganancia era de 15 pesos con seis reales por fardo; un corregidor podía repartir 1,000 fardos al año, con lo que en un año duplicaba lo “invertido” en la compra del cargo. Uno de los franciscanos que declaró para el escrito de 1663, Fray Antonio de Zavala, comentó que “siendo tan continuada la tarea, por ser los repartimientos cada tres meses, no pueden ajustarla si no es trabajando de día y de noche, y que en la Iglesia, estando en la doctrina, están desmontando y limpiando el algodón las mujeres, o hilando, por lo cual no pueden acudir a su menester ni cuidar a sus padres” (Martínez, 1994:529).

Otro franciscano, Fray Cristóbal Serrano, declaró que al interceder en favor de mujeres viudas y enfermas, un corregidor le respondió que “si no se cobra con rigor no se hará hacienda” y que el argumento principal es “Padre, yo vine a buscar mi vida, no se meta en mi oficio, que ya saben esos señores que es este el modo de buscarla” (Martínez, 1994:530).

Cortés y Larraz (1958 I: 124) al visitar San Pedro Zuluma (actual San Pedro Soloma, departamento de Huehuetenango) menciona que el alcalde mayor obligaba a los justicias (alcaldes indígenas) a repartir a las mujeres indígenas un fardo que generalmente no tenía las cuatro arrobas cabales, por lo que debían comprar hilo extra para entregar el peso completo; a lo que se agregaban las “extorsiones violentas con repartimientos de hachas, cardas, fraguas, jerguetas que por temor y humildad reciben los indios justicias y todo lo reparten a fuerza a los maceguales, siendo de peor condición y a precios muy subidos”.

El papel de la aristocracia nativa

Quienes más resintieron el impacto de la conquista española fueron los miembros de la aristocracia nativa, pues perdieron los privilegios de que disfrutaban, incluso la tenencia de esclavos. Los señores nativos fueron denominados genéricamente como caciques o principales.

El trato inicial alcanzó extremos de brutalidad, desde torturas para que revelaran la ubicación de reales o supuestos tesoros, o ser quemados vivos, como afirmó don Juan de Cortés que le sucedió a su abuelo, el rey quiché Yey Mazatl, cuando se negó a entregar a Pedro de Alvarado el oro que le exigía. En 1528, el sanguinario Pedrarias Dávila asesinó 18 caciques, calificados de revoltosos, haciéndoles destrozar por perros de presa.

En los años siguientes, la política de los españoles se encaminó a preservar parte del poder tradicional de los señores indígenas, para facilitar el control del común de la población. En 1529 el emperador Carlos V emitió una orden sobre el buen trato que debía darse a los caciques. De esa manera se les permitía mantener cierta autoridad sobre los maceguales, a quienes debían persuadir de aceptar las tareas impuestas por los españoles. Varios caciques fueron llevados a España e incluso se les dotó de escudos de armas (Sherman, 1987: 373-389).

Como se ha visto cuando se describen el repartimiento y el pago de tributos, los caciques, principales y alcaldes o justicias estaban exonerados del trabajo forzoso y del pago de tributos. Al igual que los españoles ricos, pagaban una multa al ser sancionados por alguna falta, en lugar de los azotes que recibían los españoles pobres y los maceguales (Sherman, 1987: 390).

Sin embargo en muchas ocasiones los encomenderos humillaban a los caciques, a sus esposas e hijos, al obligarlos a servir como tamemes, o a trabajar como mozos de caballeriza, a pesar que al otorgar las encomiendas se advertía que los caciques y sus familiares no debían desempeñar labores manuales (Sherman, 1987: 411).

También, a lo largo del período colonial se registran numerosos casos de alcaldes y principales que sufrieron prisión y azotes por atrasos en la entrega de los tributos, porque supuestamente toleraban la ausencia o la fuga de indígenas de sus pueblos para evitar el repartimiento y hasta por fallas en la entrega de las hilazas (Martínez, 1994: 536 y 537).

A mediados del siglo XVI (alrededor de 1549) se produjo la reorganización del dominio español, incorporando a los nobles indígenas para que se hicieran cargo de la autoridad en los pueblos recién congregados, donde se crearon los cabildos de indios. Fuentes y Guzmán describe la alegría con la que, el primer día de año nuevo, multitudes de indígenas del Valle de Guatemala acompañaron a sus nuevos alcaldes y justicias a la confirmación de su designación por parte de las autoridades españolas (Martínez, 1994: 543).

En adelante los alcaldes y justicias, denominados así porque su función principal era impartir justicia, en tanto que a los regidores (actuales concejales) les correspondía regir (el regimiento ) los servicios locales, serían elegidos por los respectivos pueblos entre los principales, caciques o calpules, y sus nombramiento eran ratificados por los corregidores o alcaldes mayores.

Era una autoridad que no representaba ningún costo para la Corona, supeditada a los corregidores, que tenía como función principal la de controlar a los indígenas, por lo que se convirtieron en un engranaje clave para explotar a los indígenas comunes o maceguales, cobrar el tributo y, lo que es más relevante para efectos de estos apuntes, reclutar la mano de obra del repartimiento y hacer la distribución de las hilazas y mercancías.

Fray Francisco de Ximénez, otro ilustre cronista dominico, citado por Martínez (1994: 547) afirma que los alcaldes se corrompían por la presión de los corregidores “porque como ellos no atienden más que a sus intereses ponen a quienes se les antoja, contra las leyes Reales, a quienes les parece son más a propósito para sus granjerías”. Agrega Martínez, respaldado en lo que afirma Fuentes y Guzmán, quien fue también corregidor, que los alcaldes excluían del repartimiento a sus parientes y compadres, con el resultado de que los indígenas comunes sufrían un mayor recargo en sus tareas.

También abusaban de ellos exigiendo el cultivo de mayores extensiones que las necesarias para cubrir el pago del tributo, quedándose con los excedentes. Fuentes y Guzmán objetan dicha práctica, aduciendo que restaba mano de obra a las labores y haciendas de los españoles y criollos (Martínez, 1994: 548).

Cortés y Larraz (1958 II: 134) denuncia con vehemencia a los calpules, a quienes denomina “perdición y peste de los pueblos”, “que por sí y por medio de los alcaldes lo disponen todo, lo enredan todo y mandan despóticamente a los indios maceguales u ordinarios; ellos tienen su influjo e interés en los repartimientos que hacen los Alcaldes Mayores y aún los piden”.

Severo Martínez en su estudio titulado “Motines de Indios”, citado por Palma y Taracena (2004: 55) afirma que las causas de los numerosos motines, focalizados en pueblos concretos, que se produjeron en el curso de la colonia, así como la sublevación de los zendales (de 1712 en Chiapas) fueron, mayoritariamente, de carácter económico, calculando que hubo por lo menos un motín semanal durante todo el período colonial.

Entre las causas señala el cobro de tributos, el trabajo forzoso, los litigios de límites de tierras y los daños amilpas causados por el ganado de haciendas vecinas de los pueblos. “Las grandes causas de muchos motines (citando a Martínez) se relacionan con tres mecanismos de explotación colonial: la tributación, el repartimiento de mercancías y el repartimiento de algodón para hilar. El alto grado de exasperación que llegaron a suscitar, derivaba de que en dichos sistemas actuaba sobre el pueblo de indios, extorsionándolo, una cadena de explotadores que venía desde el rey hasta los esbirros indios locales, representantes mínimos del rey, una trama de tolerancias y concesiones alimentada por una formidable trama de intereses económicos. La más brutal opresión del indio se dio ahí donde coincidían los intereses del gran explotador metropolitano y el explotador local, donde todos eran cómplices” (Palma y Taracena, 2004, 59).

La condición de los indígenas según los comerciantes de Guatemala

En 1810, a petición del doctor Antonio Larrazábal, diputado a las Cortes de Cádiz, el Real Consulado de Comercio elaboró unos “Apuntamientos sobre la agricultura y comercio en el Reyno de Guatemala”, que fueron aprobados por el consulado el 29 de marzo de 1811 y firmados por los directivos Payés, Aycinena, Urruela y Palomo, que figuraban entre los comerciantes más acaudalados de la ciudad.

Sobre la condición de los indígenas que, según indican, representan dos tercios de la población del Reino, anotan que “los trabajos a que se les obliga enviándolos los Alcaldes mayores en partidas con nombre de repartimientos á las haciendas de los que los piden para sus labores, y deben darseles con arreglo á las leyes: la conducción sobre sus espaldas de cargas pertenecientes á los mismos Alcaldes mayores, Curas y particulares de la clase de blancos, de unos parages á otros: la composición de caminos, la construcción de los edificios, templos y casas y en fin todo lo que es servicio penoso y molesto, está reservado para esta gente”, concluyendo que ellos “son el descanso de las demás clases sin exclusión” (Real Consulado de Comercio, 1967: 26).

Más adelante manifiestan, haciendo referencia a un prejuicio al que históricamente se ha recurrido para justificarla explotación y despojo de los indígenas, que “A pesar de esta verdad, resuena continuamente en nuestros oídos que los indios son unos haraganes, floxos, indolentes, borrachos, y que si no se les apremia con vigor nada hacen porque son como bestias. ¿Y quiénes son los les hacen tales acusaciones, y tan indignamente los vituperan? Aquellos mismos que si no fuera por los indios perecieran de necesidad” (Real Consulado de Comercio, 1967:35).

Respecto a los hacendados, sostienen que “unos poseen tierras de considerable número de leguas sin trabajarlas, á reserva de alguna muy corta parte, resultando por consiguiente inútiles a ellos, y al común, que carece absolutamente de terreno propio”, destacando que el ganado mayor es el principal producto de las grandes haciendas, y que los agricultores que “deben considerarse como tales, son los que poseen las haciendas productoras de añil”, que en esa época era el principal producto de exportación del Reino, cuyo comercio estaba bajo el control de los comerciantes guatemaltecos, en tanto que la principal zona productora de añil estaba situada en El Salvador.

Añaden, con relación a los agricultores que, salvo pocas excepciones y “á pesar de los vastos terrenos que abrazan sus haciendas, son pobres en realidad, porque además de que dichas posesiones tienen sobre sí capellanías hipotecas y otros gravámenes” (Real Consulado de Comercio, 1967: 28 y 29).

En cuanto al repartimiento (ya en esa época conocido también como mandamiento) coinciden con lo afirmado años antes por el arzobispo Cortés y Larraz, cuando afirman que por perjudicar “infaliblemente á la labranza de los mismos indios, teniendo estos Campos propios á que atender y ocuparse, siendo precisamente el tiempo en que se efectúan dichas extracciones del oportuno que ellos necesitan para cultivar”, no se debe obligar al indígena que tenga sementera propia, ó que esté para sembrarla, cuidarla o cosecharla, á que vaya á beneficiar la del blanco; que solamente podrá “echarse mano para dichos repartimientos, de aquellos indios que por algún motivo se hallasen expeditos en la ocasión que se pidan”. Para compensar, los hacendados tendrían que buscar otra gente que trabajara por justos jornales, haciendo alusión a la que denominan “gente parda y mixta” (mestizos o ladinos) (Real Consulado de Comercio, 1967: 41).

Los esclavos negros

En la época del descubrimiento de América ya existía el tráfico de esclavos africanos, que estaba bajo el control de los portugueses, bajo un sistema denominado de “asientos”, cuyo derecho era vendido con frecuencia a comerciantes de Venecia y Génova. Además había esclavos de diversos orígenes, como judíos, moros, egipcios, sardos y guanches (nativos de las Canarias). En 1493, solo un año después del primer viaje de Cristóbal Colón, España reconoció, mediante un acuerdo, el derecho exclusivo de los portugueses para extraer esclavos de África, que se extendió hasta 1640. Al no lograr un abastecimiento permanente, los holandeses se convirtieron en proveedores de las colonias españolas (Palomo, 1993: 275 a 277).

La primera mención de la presencia de esclavos africanos en Guatemala data de 1534, cuando se asentó en el Libro Viejo que 200 negros habían servido como milicianos auxiliares de la expedición de Alvarado a Perú. En 1587 el Ayuntamiento de Santiago pidió que los ingresos obtenidos en el Golfo Dulce se utilizaran para comprar esclavos negros y que se les destinara a trabajos en caminos, para no ocupar a los indígenas en esa tarea. Esto se planteaba para evitar que las encomiendas fueran afectadas por la escasez de mano de obra indígena.

A principios del siglo XVI el Ayuntamiento de Santiago se opuso a la entrada de más esclavos, aduciendo que había muchos hombres de color; y en 1620 protestó porque algunos comerciantes y mineros pretendían introducir africanos por el puerto de Trujillo. En la primera mitad de dicho siglo Tomás Gage, dominico inglés, reporta la presencia de numerosos esclavos negros en los obrajes de añil de Escuintla y las haciendas propiedad de la Orden de los Predicadores. En 1664 el obispo de Comayagua recomendó que se pidiera a un tratante de esclavos que llevara hasta 2,000 negros a Honduras, en siete años, para cubrir las necesidades de esa provincia (Palomo, 1993; 278).

En esos años el precio de un esclavo negro era equivalente al de una casa pequeña, por lo que solamente personas muy adineradas podían obtenerlos. En las ciudades las esclavas, que eran generalmente ocupadas en el servicio doméstico, superaban en número a los hombres (un esclavo por cada 2.8 esclavas). Los hombres eran utilizados como cocheros, mayordomos y guardaespaldas. En el campo eran utilizados especialmente en los ingenios y, en menor grado, en los obrajes de añil (Palomo, 1993: 279). El elevado costo de los esclavos negros se convirtió en un símbolo de prestigio y obligaba a tratarlos de tal manera que no se perdiera o deteriorara la inversión.

Con la puesta en vigor de las Leyes Nuevas aumentó el ingreso de esclavos africanos. El mismo Fray Bartolomé de las Casas, aunque se arrepintió más tarde, recomendó que los esclavos indígenas fueran sustituidos por africanos. Debido a la escasa actividad minera, el número de esclavos negros fue muy reducido en comparación con otras colonias. En 1543 llegó el primer embarque de 150 esclavos. El destino principal fueron los ingenios de azúcar y las casas de las familias ricas (Martínez, 1994: 83).

El cultivo de caña fue introducido por los dominicos en siglo XVI y estuvo ligado desde el principio al trabajo de esclavos. Participaban hombres y mujeres, incluso niños, quienes eran destinados a la limpia de los cañaverales. Un ingenio necesitaba de unos 60 a 100 esclavos, además de unos 20 o 30 artesanos (obreros), que por lo general eran trabajadores libres. A finales del siglo XVII, debido al capital requerido para operar un ingenio, seis de los siete ingenios pertenecían a órdenes religiosas (cuatro a la orden de los dominicos). El más importante de todos, propiedad de los dominicos, eran San Jerónimo (en el actual departamento de Baja Verapaz) que en 1696 tenía 12 caballerías de caña y 150 esclavos. En 1680, en 6 ingenios y 12 trapiches, laboraban 660 esclavos (357 hombres, 238 mujeres y 65 niños) y 290 negros, mulatos y mestizos libres (170 hombres y 120 mujeres). En las haciendas los esclavos cumplían labores de capataces de las cuadrillas de indígenas, “quienes les temían por la crueldad con que los trataban” (Palomo, 1993: 280 y 281).

También fueron ocupados en el cultivo y procesamiento del añil. En 1590 un auto de la Audiencia prohibió el trabajo de indígenas en los obrajes de añil, por considerarlo malsano. Indicaba que “los dichos españoles, mestizos, negros ni mulatos, ni otras personas, por ninguna vía ni manera”, hagan “conciertos con los indios para que les corten y carguen la dicha yerba de xiquilite” (Palomo, 1993: 280).

El número de esclavos africanos que llegó a Guatemala fue reducido, en comparación con la cantidad llevada a otras colonias españolas, inglesas y portuguesas. Se estima que entre 1520 y 1820 arribaron 21,000 (Palomo, 1993; 277).

La vida del esclavo africano estaba plagada de sufrimientos. Desde la captura o compra a los jefes tribales, el desarraigo de su cultura, hasta la marcación con hierro candente en la cara o el pecho (se dejó de marcarlos en los brazos “pues muchos preferían mutilarse antes de ser identificados con la infame marca”). En Guatemala, para que un esclavo fuera considerado una “pieza” vendible debía medir unos siete u ocho palmos, así como evidenciar fortaleza y tener buena apariencia física (Palomo, 19003: 277).

Los esclavos negros obtenían su libertad a través de diversos procedimientos, pues las leyes españolas les reconocían el derecho de manumisión. Entre los motivos para la liberación estaba el haber prestado servicios extraordinarios al amo o el fallecimiento de estos. Otros compraban su libertad, luego de haber ahorrado durante 30 o 40 años o pagaban por la libertad de sus hijos pequeños, especialmente en el caso de las niñas, pues hijo de esclava nacía esclavo y el hijo de mujer libre era libre (libertad de vientres). Una esclava podía lograr la libertad si el amo la trataba mal o la obligaba a prostituirse, o si lograba probar que había sido violada por el amo. Tenían también derecho a iniciar procesos contra sus amos, así como el de contraer matrimonio (Palomo, 1993: 282).

Al quedar libres se integraban a los estratos bajos de la sociedad, adoptando el apellido del antiguo amo. Ejercían oficios como tenderos, barberos, artesanos, mandaderos, y las mujeres de vendedoras ambulantes. En las áreas rurales ocuparon parcelas sin título de propiedad o se empleaban como peones en las haciendas. En la segunda mitad del siglo XVII, ante el incremento de la criminalidad, muchos negros, mulatos y zambos fueron empleados como guardaespaldas (Palomo, 1993: 284).

Gradualmente, conforme se fue consolidando el régimen de trabajo forzoso impuesto a los indígenas, los esclavos de origen africano pasaron a ser esclavos de confianza. “No ya trabajadores explotados en grado superlativo y sin ningún incentivo en su trabajo, sino trabajadores a quienes se confiaba la administración de las haciendas o ciertos aspectos del trabajo en ellas, del mismo modo que se les permitía vivir en el interior de ciertas casas ricas”. En las posiciones ya señaladas, establecieron una relación bastante cercana con sus amos, dándose “una relación insólita de autoridad y hasta de explotación de esclavos sobre siervos” (Martínez, 1994: 276).

Hasta mediados del siglo XVII se registraron las últimas sublevaciones de esclavos negros, quienes se hicieron fuertes en lugares montañosos, donde instalaron pequeñas rancherías, y fueron conocidos como negros cimarrones. El final de esas rebeliones coincide con el cambio en su estatus laboral (Martínez, 1994: 278).

Publicado por: Pablo Ordoñez

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