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Desafíos y oportunidades para la construcción de un estado plural

Para la construcción de un estado plural señalan que es necesario fundamentar, a través de estudios de los diferentes aspectos de la multiculturalidad, las vías y acciones que faciliten el cambio. En especial, se deben evidenciar los múltiples aportes de la participación indígena en el desarrollo de este país...

 

 


Desafíos y oportunidades para la construcción de un estado plural

Publicado el 02 Nov, 2017 - 14:51:32 - Ultima actualización: 23 Nov, 2017 - 09:29:06

Tiene por objeto sensibilizar y hacer reflexionar a importantes sectores políticos y sociales sobre esta difícil temática. Con la búsqueda de una mejor comprensión de la realidad, se espera provocar una mayor disposición al diálogo intercultural, que propicie acuerdos e incorpore soluciones a las demandas particulares de la sociedad multicultural guatemalteca en los programas partidarios y futuros programas de gobierno.

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Formulación de Políticas Sociales

Cómo se percibe la paz en Guatemala

PRIMERA PARTE: DOCUMENTO BASE
BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL MOVIMINTO INDÍGENA EN LATINOAMÉRICA


Tras una historia colonial de despojo, explotación y opresión de los pueblos indígenas, cuando a principios del siglo XIX las repúblicas hispanoamericanas alcanzaron su independencia política, la mayoría de ellas estaba poblada por una mayoría indígena. No obstante, como el poder era detentado por la elite criolla, los indígenas permanecieron marginados de éste, de la misma manera en que lo estuvieron desde la conquista europea (Stavenhagen, 2002).

La independencia no implicó cambios significativos para los indígenas. En muchos casos, debió transcurrir casi un siglo para que se les garantizaran derechos ciudadanos en las constituciones políticas. En cambio, las oligarquías terratenientes, que consolidaron su poder económico durante el siglo XIX, cosecharon los beneficios de la privatización de las tierras de la corona, bienes de la Iglesia y propiedades colectivas tradicionales que el gobierno colonial había permitido a las comunidades indígenas para su subsistencia. Los indígenas fueron empujados hacia zonas fronterizas, áreas inaccesibles en las montañas o selvas impenetrables, mientras que los nuevos latifundistas y hacendados, y posteriormente colonos inmigrantes, se apropiaron de las mejores tierras para cultivo y pastos. Generaciones de campesinos indígenas se vieron forzados al peonaje y el trabajo servil y, eventualmente, a circuitos de migración rural y emigración (Stavenhagen, 2002).


A mediados del siglo XX se impulsaron políticas desarrollistas, bajo cuyos parámetros los pueblos, naciones y sociedades indígenas fueron asumidos como sociedades tradicionales, en virtud de lo cual se les consideró sociedades atrasadas y pre-modernas (Dávalos, 2004). El discurso de desarrollo reprimió la idea de la transformación social como un proceso con raíces en la propia historia y cultura; resolvió en cambio, que el desarrollo europeo tiene que ser imitado por todas las otras culturas. De esa manera, dicho discurso bloquea todo lo que sea diferente del modo occidental, arrollando con ello infinitud de aspectos culturales (Ruiseco, 2009).

Durante los años setenta y ochenta confluyeron diversos procesos, tales como movimientos revolucionarios de izquierda, conflictos armados internos, la Teoría de la Liberación, la emergencia de nuevos movimientos sociales, el retorno a la democracia, entre otros, que afectaron la conformación de los movimientos indígenas, por lo que éstos debieran superar dos peligros en su constitución política: el riesgo de la campesinización (y también ruralización) y el del fundamentalismo étnico. En ese período se constituyen y emergen con fuerza movimientos sociales cuyas directrices de acción eran la reformulación tanto del régimen político como de las prácticas sociales en que se desenvuelven (Dávalos, 2004).

No obstante, como cita Martí (2004), hasta finales de los años noventa del siglo XX, a los actores políticos tradicionales no les interesó la aparición de actores de carácter indígena. Pero, a partir de esa década lo étnico emergió con un fuerte e inesperado empuje.

A partir de los años noventa no sólo cambió la forma en que se articulaban las instituciones de los estados americanos a raíz de la ola de procesos de transición hacia regímenes democráticos, sino que también el sistema de gobierno internacional sufrió modificaciones sustanciales. El contexto sociopolítico regional de la época se caracterizó por el clima posguerra fría y la desilusión hacia las políticas tradicionales de la izquierda, mientras se consolidaba una masa crítica de organizaciones que terminan por introducir el tema de los derechos de los pueblos indígenas en la agenda, fenómeno que se inicia a finales de los años setenta y se consolida durante los ochenta.

Como señala Bengoa, el fin de la guerra fría posibilitó que los indígenas expresaran sus demandas sin que fueran contaminadas por las confrontaciones ideológicas internacionales entre comunistas y capitalistas norteamericanos, polaridad que influía para interpretar los conflictos sociales, y tratar los procesos políticos como un caso particular de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Asimismo, puede observarse en esa época una fase de inserción de redes organizadas en las instituciones del sistema internacional y, con ello, la capacidad de generar legislación internacional, que irrumpe afinales de los ochenta y se extiende durante toda la década de los noventa con la entrada de elementos pluralistas y multiculturales en la mayoría de constituciones latinoamericanas (Martí, 2004).

Es durante ese período que se dieron las negociaciones para la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio, si bien no otorga a los pueblos indígenas capacidad decisoria ni derecho a veto, y no hace referencia expresa a la autonomía indígena, sí promueve el respeto a las culturas de los pueblos indígenas, sus formas de vida, sus instituciones y tradiciones como pueblos permanentes, con una identidad y derechos derivados de su presencia histórica y contemporánea en los países que habitan. También dispone que la conciencia de la identidad o autoidentificación debe ser considerada como criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican los principios de dicho instrumento, y que estos pueblos tienen el derecho a decidir las prioridades de su propio desenvolvimiento y a ejercer el control de su desarrollo social, económico y cultural (Martí, 2004).

No obstante, como señala Martí, el Convenio 169 quizá no habría sido posible sin la labor del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, establecido por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 7 de mayo de 1982. El movimiento indígena había logrado insertarse y crear un espacio propio en el sistema de organizaciones internacionales desde la conferencia auspiciada por la ONU en 1977.

En ese mismo año se llevó a cabo la “Segunda Declaración de Barbados, que actualizó algunas de las premisas expuestas en 1971, en la “Primera Declaración de Barbados”, en la que antropólogos indígenas (Martí, 2004). En la década de los noventa, asimismo, dio inicio una serie de cumbres indígenas que se convirtieron en escenarios para el debate, la negociación, el lograr acuerdos y reafirmar la unidad alrededor del proyecto político indígena continental; tal como expone Burguete (2007), tales cumbres se han constituido en espacios para la articulación y la construcción colectiva de propuestas y definiciones políticas.

El primero de esos encuentros se celebró en Quito, en 1990. La declaración surgida de esta cumbre incorpora, principalmente, reclamos por el derecho a la libre determinación y autonomía, la nación multicultural y el derecho al territorio. Asimismo, se pronuncia contra políticas de privatización, rechaza liderazgos políticos intermediarios no indígenas, y las políticas de alianzas.

El segundo Encuentro Continental de Pueblos Indígenas se celebró en México, en 1993 –un año después de que Rigoberta Menchú ganara el Premio Nobel de la Paz—, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, por lo que la cumbre sirvió para analizar y cuestionar los resultados de tal declaratoria. Además, se discutió sobre espiritualidad y tradición, territorio, autodeterminación, legislación y normas indígenas, mujeres, familia y comunidad, juventud, cultura y educación.

En el 2000 tuvo lugar la II Cumbre Indígena Continental, en Teotihuacán, México. En esa oportunidad se evaluaron los logros alcanzados desde el encuentro de Quito, de 1990. Aunque se reconoció como un logro el Convenio 169 de la OIT, se criticó la falta de acciones para implementarlo. Se denunció también la intensificación del saqueo de los recursos, a pesar del Convenio sobre Diversidad Biológica, y que las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acentuaban la dependencia económica de los pueblos indígenas. Se señaló que, a pesar de las democracias y de la firma de acuerdos de paz, los derechos indígenas seguían siendo negados.

En la Declaración de la Paz, del 2006 –año en el cual Evo Morales tomó posesión de la Presidencia de Bolivia— se enfatiza la necesidad de que los Estados dejen de ser uninominales, reconozcan la plurinacionalidad y respeten y reconozcan las formas propias de gobierno de los pueblos indígenas. En la Declaración de Iximché, del 2007, se habla también de la importancia de impulsar procesos para la refundación de los Estados (Burguete, 2007).

En el 2007, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se establecen parámetros mínimos de respeto a los derechos de estos pueblos: propiedad de la tierra, acceso a recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación. Asimismo, se reconocen derechos individuales y colectivos relacionados a la educación con énfasis en la importancia de la educación bilingüe—, la salud y el empleo.

Aunque esa Declaración no es jurídicamente vinculante, sí representa un instrumento dinámico en las normas internacionales, a favor de los pueblos indígenas.

Factores que propiciaron el surgimiento de los movimiento indígenas

De acuerdo con Yashar (2005), el surgimiento de los movimientos indígenas fue posible gracias a tres variables: la politización de las divisiones étnicas, el establecimiento de redes que les dotaron de capacidad organizativa, y la apertura de espacios para la asociación.

Según la autora, tanto en los regímenes democráticos como en los autoritarios, a mediados del siglo XX los políticos latinoamericanos abordaron la cuestión social a través del corporativismo. Aunque no garantizaban necesariamente derechos humanos, como el sufragio universal y libre, sí se crearon y/o promovieron asociaciones de trabajadores y campesinos, con lo que se institucionalizó una nueva forma de intermediación de intereses de clase. Asimismo, se ampliaron los derechos sociales a través de políticas sociales diseñadas para proporcionar un mínimo de bienestar social, al tiempo que la legislación laboral liberó a los indígenas de la esclavitud, el peonaje por deudas y otras formas represivas de trabajo. Las reformas agrarias, junto con otros programas sociales y de crédito, concedieron a las comunidades indígenas títulos de tierra y servicios básicos, permitiéndoles conservar sus prácticas culturales y su autonomía política.

Empero, hacia finales del siglo XX los regímenes políticos habían cambiado radicalmente, medida que las ideas neoliberales fueron influyeron en la definición de los derechos de los ciudadanos y las formas de intermediación de intereses. Las comunidades indígenas perdieron sus interlocutores con el Estado, la certeza sobre sus tierras, entre otros recursos sociales, al tiempo que las federaciones basadas en reivindicaciones de clase perdieron influencia política y social, ya que los Estados disminuyeron, cuando no revirtieron, las reformas agrarias promovidas en el régimen corporativista, privatizaron los mercados de tierras, liberaron los precios de los productos agrícolas y eliminaron los subsidios a estos, y disminuyeron los programas de crédito. En otras palabras, se amenazaron los derechos sociales y la autonomía local concedida con el régimen anterior.

El estatus de campesino proveía entonces un menor poder político, pues los programas para este sector fueron desmantelados y sus organizaciones debilitadas. Las organizaciones y protestas rurales respondieron a la incertidumbre ante el endeudamiento, la disminución de sus ingresos y la pérdida de su tierra.

En ese contexto de espacios reducidos para la autonomía local y el acceso al Estado, las divisiones étnicas se politizaron y, poco después comenzaron a demandar el reconocimiento oficial estatal como comunidades indígenas.

De acuerdo con Máiz (2004), la participación de los indígenas en movimientos campesinos o en guerrillas les permitió también adquirir una valiosa experiencia organizativa y militar, así como la consecución de contactos y redes que posteriormente les serían de gran utilidad para defender su propia causa.

Precisamente, Yashar sostiene que fue a través de redes que los movimientos indígenas adquirieron capacidad organizacional. Al fomentar la comunicación y la cooperación, estas redes fueron esenciales para superar la dispersión geográfica, las barreras de idiomas y la poca familiaridad cultural entre los diferentes pueblos indígenas de Latinoamérica. Las redes, además, se convirtieron en un foro para acercar a futuros líderes indígenas, compartir experiencias, desarrollar un lenguaje común, identificar problemas compartidos y articular metas conjuntas.

Además, para el surgimiento de estos movimientos fue clave otra variable: el espacio para la asociación política, entendido como la existencia de las libertades de asociación y expresión.

Por otra parte, Martí señala a la Iglesia Católica como un actor dinamizador del movimiento indígena. Aunque ésta fue uno de los enemigos más severos de los pueblos indígenas desde la misma Conquista, también resultó ser uno de los primeros defensores de sus derechos; defendió con intensidad a los sectores más desfavorecidos a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la celebración del segundo sínodo de la Conferencia Latinoamericana de Obispos (CELAM) en Medellín, que marcó el inicio de la llamada Teología de la Liberación, base en determinados sectores del desarrollo de una propia Pastoral Indígena.

Otro actor clave durante los años sesenta fue, según el mismo autor, un sector de los profesionales de la antropología, ya que éstos fueron convirtiéndose en un colectivo con notable poder (desde su posición en agencias estatales o fundaciones relacionadas con los pueblos indígenas) en la confi guración de las políticas públicas vinculadas a las minorías étnicas.

Al tratar de explicar las razones de la multiplicación de movilizaciones y demandas indigenistas, y los factores que intervinieron en la etnificación contemporánea de las identidades colectivas en Latinoamérica, Máiz asegura que las identidades colectivas indígenas contemporáneas son el resultado de un complejo proceso de construcción mediante movilización, organización y discurso en el seno de importantes cambios en los contextos sociales, económicos y políticos que las favorecen.

Así, expone que estos movimientos fueron posibles gracias a la conjunción de tres grupos de factores: estructura de oportunidad, organización y discurso.


MULTICULTURALIDAD Y SURGIMIENTO DE UN PROCESO POLÍTICO PROPIO DEL PUEBLO MAYA: EL CASO DE GUATEMALA

Antecedentes del movimiento maya en el siglo XX

Entre los años 1944 a 1978 también en Guatemala se lleva a cabo una modernización capitalista. Con respecto a la población indígena, se declara de utilidad e interés el desarrollo de una “política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los indígenas”. La forma de enfrentar el “problema indígena” fue convertirlos en ciudadanos, al mismo nivel que el resto de guatemaltecos. La nueva clase política, sin embargo, mantuvo la propuesta liberal de la nación ladina y de la asimilación de la población indígena como idea fundamental en materia de políticas étnicas, contribuyendo así a la homogeneización del proyecto nacional (PNUD Guatemala, 2005).

Luego, a partir de 1954, el Estado adoptó la tesis de la “integración social”, dando por sentado que se estaba generando un largo e inevitable proceso de ladinización. En los años sesenta, el desarrollismo promovido por la CEPAL, fue adoptado como doctrina por el gobierno militar de Peralta Azurdia como una alternativa al planteamiento de la lucha de clases que pregonaban las guerrillas latinoamericanas en la creciente polarización de la “guerra fría” (PNUD Guatemala, 2005).

Durante los años setenta se dieron los primeros intentos de organización formal y participación política de los indígenas sin la intermediación de instituciones no indígenas. En 1975 se formó el Frente de Integración Nacional (FIN), que constituyó el primer partido político indígena, originado en la agrupación Patinamit. Es importante mencionarlo, pues fue considerado por analistas del movimiento indígena como un hecho hasta entonces “nunca visto en la historia de Guatemala” (Falla, 1978). Por otra parte, sin duda alguna, este hecho marca el inicio del proceso de visibilización del movimiento, pues hace sentir la presencia indígena en la política nacional, ya no sólo en el ámbito local.

No obstante, el cierre de espacios políticos, impuesto por los gobiernos militares, irrumpe este proceso y provoca en cambio la radicalización del amplio movimiento de masas obrera y campesina en que se incorpora también la población indígena. “El protagonismo indígena tuvo como efecto inmediato la estrategia de “tierra arrasada” contra sus comunidades (…), pero al mismo tiempo planteó a los militares la necesidad de activar políticas de inclusión indígena en el proyecto nacional liderado por ellos” (PNUD Guatemala, 2005).

Con el golpe de Estado militar de 1982, se dejó oficialmente el modelo nacional basado en la ladinización, para considerarlo de manera preliminar como “pluriétnico”, aunque contradictorio por la puesta en marcha de políticas contrainsurgentes de tinte asimilacionista como las Patrullas de Autodefensa Civil. La oposición armada revolucionaria, por su parte, se vio obligada a tomar posición pública en torno a la “cuestión indígena” y el nuevo proyecto de nación, dando lugar a una fuerte polémica entre las organizaciones revolucionarias mismas. De todas formas, el debate político e ideológico favoreció que el pensamiento político indígena madurara al punto de formular la idea autónoma de un “nosotros” representado por el “pueblo maya” (PNUD Guatemala, 2005).

Cabe señalar que los Acuerdos de Paz representaron un “parte aguas” en la discusión sobre la diversidad étnico cultural del país y su reconocimiento de Estado. Su firma generó una discusión inédita y recogió el diagnóstico de país, con lo que dio inicio la elaboración y presentación de propuestas sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas en diversos escenarios: la oficialización de los idiomas, la tenencia de la tierra, la reforma educativa, la participación política, entre otras (Pop, 2010).

La organización, base del movimiento maya

A partir de la década de los ochenta, se inició “la organización” que, sin dejar de ser una forma de participación política, sobrepasa ésta por el hecho de ocupar otros ámbitos de la vida nacional, por ejemplo los de la educación o la religión. Sin ninguna duda, lo que caracteriza y define en estas dos décadas al movimiento maya, como movimiento “indígena” propiamente y no como un movimiento social más, son las reivindicaciones y demandas culturales relativas a la lengua, costumbres, creencias y valores específicos del pueblo maya. El liderazgo del movimiento maya tuvo una gran habilidad para capitalizar la capacidad de resistencia cultural de su pueblo y las organizaciones mayas nacieron y se desarrollaron alrededor de “lo maya”, es decir, su cultura, sus derechos específicos y su identidad étnica.

También se formaron organizaciones que aún existen, de carácter político creadas para la participación en contiendas electorales a nivel local. Entre estas sobresale el comité cívico XELJU, que después de 25 años de actividad política aún persiste. A pesar de contar con mártires entre sus filas y de enfrentar una fuerte oposición ladina, este comité logró, en las elecciones de 1995, llevar por primera vez a un indígena a la Alcaldía de Quetzaltenango.

En concordancia con el movimiento indígena de los países latinoamericanos, y acorde también con los planteamientos contenidos en las Declaraciones de las Cumbres Indígenas continentales, en la década los años noventa, el movimiento maya se centró en dos ejes: su relación con el Estado y la democracia.

Factores exógenos al movimiento propiciaron en aquel momento la participación de líderes y organizaciones en la política nacional. Tal es el caso de la inserción de representantes mayas en la Asamblea de la Sociedad Civil: “Los debates al interior de la Asamblea de la Sociedad Civil dan cabida al movimiento maya y aunque lo incorporan como un sector de la sociedad civil y no en su calidad de pueblo, la importancia del momento es el espacio ocupado dentro del debate político a nivel nacional” (Taracena, 1995). Es a través de este tipo de participación que va consolidándose el protagonismo del movimiento indígena en el contexto del Proceso de Paz en Guatemala, hasta finalmente quedar articulado a dicho proceso.

La Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA), creada en mayo de 1994, estuvo integrada inicialmente por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), la Unión del Pueblo Maya de Guatemala (UPMAG), la Asociación TUKUM UMAM y por la Instancia de Unidad y Consenso Maya (IUCM), las cuales a su vez aglutinaban a gran número de organizaciones locales y regionales. Su creación se debió a la necesidad de participar unificadamente en las negociaciones de paz, para la discusión del tema de Identidad y derechos de los pueblos indígenas. La metodología de trabajo adoptada por COPMAGUA fue el consenso, lo cual quiere decir desde su perspectiva, tomar decisiones basadas en la consulta a los representantes locales de las organizaciones y algunas veces incluso a autoridades propias. Definió su dirección y trazó estrategias de acción para lograr el reconocimiento de sus derechos y su participación directa en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

COPMAGUA continuó sus actividades alrededor de ese Acuerdo, con la conformación de las Comisiones nacionales permanentes que son parte de los compromisos del mismo: derechos de la mujer, participación a todos los niveles, derecho indígena, reforma constitucional, reforma educativa, oficialización de idiomas, espiritualidad maya y derechos relativos a la tierra.

Sin embargo, “…la articulación con el proceso de paz es la que desencadena el fin abrupto del espejismo, cuando en la Consulta Popular de 1999 una mayoría ajustada de los escasos votantes decide no aprobar las reformas constitucionales para la redefinición étnica de Guatemala” (Bastos, 2007). COPMAGUA, la coordinadora que dirigió al movimiento, se desintegró en el año 2000.

Hasta la fecha el movimiento maya no se logra recuperar. En su conjunto, las organizaciones que lo conforman se acercaron bastante al logro de la unidad programática, tanto por medio del surgimiento de instancias coordinadoras como por la constante búsqueda de convergencia sobre algunos temas. Existió una agenda común que integraba la reivindicación de los derechos específicos del pueblo maya, lograda a través de un largo proceso de reflexión y discusión, por medio del cual se llegó a la comprensión de la necesidad de dicha unidad programática, que allanaría el camino para alcanzar en el futuro la unidad orgánica, tarea que continua pendiente.

Lo maya y lo multicultural en la Agenda Política del Estado

Algunos autores sostienen que, en su relación con el gobierno, el movimiento maya se muestra cada vez menos confrontativo; pareciera que más bien persigue ocupar espacios dentro del Gobierno y otros espacios políticos para plantear sus demandas de manera que éstas quepan dentro del marco institucional. Por otra parte, la apertura que han mostrado los últimos gobiernos hacia el reconocimiento de los mayas como pueblo y algunos de sus derechos, ha propiciado en cierta medida la interlocución directa con el gobierno, la cual se había establecido anteriormente por medio de las comisiones paritarias posteriores a la firma de la paz. Algunos líderes de organizaciones han ensayado participar dentro de instituciones del Estado o en actividades promovidas por éste, otros en cambio han optado por permanecer en las organizaciones y se mantienen al margen de la participación política en instituciones estatales.

Sin embargo, “el movimiento maya ya no es ese actor beligerante, demandante y propositivo que logró participar en la redefi nición del país. Las cosas son más complicadas, pues el relativo silencio del movimiento se debe, en parte, a que se volvió prisionero de sus propios éxitos” (Bastos, 2007).

En esta primera década del siglo XXI, el movimiento parece disperso (Bastos, 2007), el activismo ya no es por medio de “la organización”; se ejerce influencia por medio de actores, individuos, como se señaló, que ocupan cargos de ministros o viceministros o que crean espacios institucionales al interno del Estado, pero relacionados con la multiculturalidad.

Es decir, en este cambio de milenio lo maya forma ya parte del paisaje cotidiano en ciertos niveles de la actuación política y a poca gente parece llamarle ya la atención. Pero esto también parece haber multiplicado los sentidos y las formas de hacer política multicultural. Además de la ideología que sostiene las demandas mayas, se puede hablar sin duda de un “multiculturalismo cosmético”, promovido desde agencias estatales e internacionales, que vacía de contenidos las demandas y solo es utilizado en el marco de un discurso políticamente correcto (Bastos, 2007).

El multiculturalismo cosmético del Estado significa que funcionarios y políticos adoptaron el discurso de la multiculturalidad, del respeto a la diferencia, pero sin modificar la estructura del Estado, ni las relaciones de éste con los pueblos indígenas.

La construcción de un Estado plural en Guatemala

El Estado guatemalteco se confi gura hoy como un no-Estado, con profundas limitaciones para garantizar los derechos individuales y colectivos, intervenir en las relaciones sociales y económicas para el desarrollo equitativo, así como en su organización político-administrativa, que sigue negando y excluyendo a las grandes mayorías del país y a los pueblos indígenas la participación en la producción y control del poder político (Ramos y Sosa, 2008).

El poder del Estado sigue restringido a grupos y clases particulares que, a través de influencia directa o por procesos de intermediación, controlan las instituciones políticas. En cambio, el poder social o de los pueblos queda reducido o confi nado a los ámbitos locales y comunitarios, donde se ejercen formas de democracia directa como las consultas ciudadanas o las asambleas comunitarias. Subsisten y se confi guran sistemas políticos locales (ej. el caso de Totonicapán); formas de autoridad tales como cofradías, autoridades religiosas, alcaldías indígenas y auxiliares; actores de poder, ciudadanías, formas de participación y toma de decisiones, que el poder estatal y los partidos políticos niegan, reprimen o –en el mejor de los casos— con los que tienen que negociar (Ramos y Sosa, 2008).

Al mismo tiempo, existe un conjunto de instituciones políticas, entre otras, partidos políticos, consejos de desarrollo y gobernaciones; prácticas formales de participación sociopolítica (elecciones, manifestaciones, etc.); toma de decisiones jurídicamente reglamentadas; y un conjunto más amplio de prácticas, valores, instituciones, comportamientos políticos, que configuran la vida real de la política, trascienden la política reglamentada y corresponden al ámbito de lo político que se desenvuelve en y desde la vida cotidiana. Además existen sistemas políticos indígenas, con instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, reglas de funcionamiento, normas y costumbres que regulan y estructuran relaciones sociopolíticas al interior de las comunidades y pueblos indígenas, y que tienden a proyectarse hacia el exterior, especialmente cuando la comunidad se ve amenazada, pero que no son reconocidos por el sistema político dominante (Ramos y Sosa, 2008).

Es esa negación sistemática mantenida por el Estado hacia la inclusión de formas de participación y toma de decisiones descritas en los párrafos anteriores, la que se busca modificar, al proponer un Estado que atienda sus obligaciones relativas a la protección y ejercicio de los derechos ciudadanos de los distintos grupos étnicos que lo componen. El movimiento indígena guatemalteco no reclama “la soberanía frente a ese Estado-nación”, sino pide reformar ese Estado y transformarlo en un Estado-nacional heterogéneo.

El problema es, según Bastos (2006), que no existen formulaciones completas o coherentes sobre la percepción de la diversidad, ni siquiera entre los mismos actores interesados, ni entre las organizaciones indígenas y el Estado, ni entre los que estudian el tema. Ante esta falta, el autor trata de identificar propuestas a partir de elementos que provienen de diversas bases ideológicas, o bien de discursos usados por actores que siguen otros modelos. Construye propuestas básicas que giran principalmente alrededor de la diversidad y la Nación.

Según el menor o mayor reconocimiento que se confiere a la diversidad cultural, cambian las concepciones de nación, Estado y derechos, concepciones que, por su parte, generarían cinco distintas tendencias ideológicas: 1) nacionalismo segregador, 2) asimilacionismo universalista, 3) multiculturalismo individual, 4) multiculturalismo colectivo y 5) nacionalismo indígena. El similacionismo universalista es la “posición habitual dentro de la población no indígena”, pero “para la gran mayoría silenciosa estos temas no son importantes, no los han pensado ni racionalizado.” Asimismo afirma que, por presión de la ideología históricamente construida por la elite, la mayoría de la población –indígena y no indígena– está mucho más inclinada hacia lo asimilacionista que hacia lo multicultural.

En opinión de Cojtí (2007), la propuesta del nacionalismo maya es la más débil en el país, porque es sustentada por miembros del movimiento maya. Sin embargo señala que “la incipiente legislación vigente, tanto interna como externa, apunta a esta última propuesta. Puede decirse que esta propuesta ya tiene su asidero legal y es la solución universal más adoptada. La dirección de la historia es la multincionalidad estatal”.

Brett (2010), por su parte, propone el concepto de “ciudadanía extendida” que implica la extensión de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones relativas a dichos derechos, asumidas por el Estado. En este sentido, el ciudadano indígena no sólo es sujeto de los derechos individuales, sino también de una serie de derechos colectivos por su pertenencia a un pueblo.

Cojtí (2007), plantea que “en un país multiétnico, la democracia que corresponde es una democracia multinacional, la que implica un Estado multinacional” y presenta “soluciones para respetar los derechos de los pueblos de un Estado: a) sistema de protección internacional de las minorías; b) aplicación del derecho de autodeterminación; c) asunción abierta de la realidad plurinacional, abandonando la estructura unitaria y centralista del Estado; y d) aplicación de la autonomía personal no territorial o autonomía cultural.”

El mismo autor (Cojtí, 2007) añade que “un Estado que reconoce y afirma sus diferencias nacionales, puede tener como fuentes de unidad social y estatal, las siguientes: a) los valores compartidos; b) la identidad estatal o cívica compartida; c) el poder político compartido entre los pueblos, y d) la integridad territorial combinada con autodeterminación interna.”

Pop (2010) propone algunas recomendaciones para construir una mejor relación entre el Estado y la sociedad multicultural. De acuerdo con su tesis, se identifican algunas acciones que permitirían atender la necesidad de: 1) refl exionar sobre cómo viabilizar la construcción de un Estado incluyente, 2) formar a indígenas para permitir su participación efectiva; y 3) producir conocimientos que ayuden a comprender la sociedad multicultural e implementar la legislación adecuada.

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Elevar el nivel de discusión permite encontrar soluciones al desafío de mejorar la relación entre el Estado y la sociedad guatemalteca. Dicha relación necesita de una transformación consensuada e integral del Estado. Es decir, los cambios deben contar con una visión de país compartida: apoyada tanto por indígenas como no indígenas. Para esto es importante crear espacios de diálogo permanente donde organizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional susciten el encuentro entre los procesos tradicionales y la democracia moderna. Las celebraciones de los bicentenarios de independencia en Latinoamérica y los de espacios de diálogo como los consejos de desarrollo resultan oportunos para esta reflexión

La participación efectiva de los indígenas también debe acompañarse de procesos de formación. Es importante que funcionarios y miembros de organizaciones indígenas cuenten con capacitación sobre temas políticos, sociales y económicos relevantes a los pueblos indígenas en sus ámbitos de acción. Ellos, a su vez, deben abrir espacios para compartir sus experiencias a las nuevas generaciones y promover la participación de indígenas en cargos de toma de decisiones. Algunas recomendaciones propuestas incluyen la creación de una escuela de formación política especializada en temas indígenas y la oportunidad de becas o pasantías que aumenten las capacidades de futuros administradores públicos. Se necesita de personas capacitadas para garantizar la implementación de una estrategia de construcción de país.

También es importante producir y diseminar conocimientos sobre los pueblos indígenas para su mejor comprensión e implementación de las leyes apropiadas. Las universidades tienen un rol fundamental en la generación y diseminación de investigaciones sobre temas indígenas en distintas disciplinas, como economía, ciencia política, derecho, sociología, antropología, historia, arqueología, arte, lingüística, entre otros. Los centros de educación superior pueden incorporar en sus programas temas sobre racismo y cómo superarlo, además de promover la producción escrita en idiomas indígenas y la creación de centros de documentación. Las universidades pueden ser un espacio neutral donde las diversas identidades se manifiesten sin prejuicios.

De acuerdo con Pop, hay tres instrumentos legislativos claves en una estrategia para transformar el Estado hacia uno que reconozca la multiculturalidad de su sociedad más allá del folklore. En primer lugar está la Constitución Política de la República, la cual debe tomar en cuenta las recomendaciones hechas en los Acuerdos de Paz. En segundo lugar, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto No. 1-85), que necesita regular la transparencia en el manejo financiero de los partidos políticos y crear procedimientos de democracia interna que permitan igualdad de oportunidad para optar a puestos de representación popular. En tercer lugar, la Ley de Servicio Civil (Decreto No. 1748) necesita incluir requisitos sobre la pertinencia cultural del personal que trabajará en regiones con mayoría de población indígena y para la implementación de la Ley de Idiomas Nacionales (Decreto 19-2003).

Retos y oportunidades para la construcción de un Estado plural

Guatemala es la patria de ciudadanos indígenas y no indígenas, es una república en la que conviven personas poseedoras de herencias culturales diversas, por lo que, como guatemaltecos aspiran a gozar de la igualdad de oportunidades.

Una larga historia de falta de equidad y discriminación ha marcado la vida de millones de indígenas guatemaltecos, la deuda que el Estado tiene hacia los descendientes de los pueblos originarios de este territorio es ampliamente conocida por lo que no es necesario describirla nuevamente, sin embargo sí es necesario reiterar que es impostergable el dialogo intercultural para que los pueblos indígenas alcancen la ciudadanía plena.

Por tal razón resulta esencial la reflexión sobre las condiciones ideales para conseguir que los indígenas guatemaltecos gocen de la igualdad de derechos contenida en la Constitución Política de la República, pero negada en la realidad.

Los pueblos indígenas luchan por el respeto a sus derechos individuales y colectivos y por su participación en la construcción de una Guatemala plural. No buscan la autonomía territorial ni la fragmentación del Estado, más bien, intentan una nueva relación con el Estado en la que sea incluida su participación, reconocida su identidad y respetada su diferencia.

La igualdad es el anhelo de todos aquellos que confían en la democracia, es también el principal anhelo de quienes proponen que este Seminario se convierta en un dialogo intercultural permanente hasta lograr la equidad y el respeto a la diversidad, así como la transformación del Estado-nación monocultural en un Estado plural.
 
DESAFÍOS DE LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Como se ha expuesto hasta este punto, durante las últimas dos décadas el protagonismo de los pueblos indígenas ha enfatizado la importancia de que el Estado guatemalteco atienda las necesidades de una sociedad conformada por diversas culturas. Se plantea que es indispensable superar el carácter excluyente de una sociedad monocultural, para así permitir la inclusión y convivencia exitosa de ciudadanos en un contexto multicultural; donde el derecho humano a ser libre e igual en dignidad y derechos esté vigente para todos. Sin embargo, ir más allá del mero reconocimiento formal, o “cosmético”, de la existencia de diversos pueblos presenta un reto fundamental: definir qué acciones deben tomarse, cómo deben priorizarse, y cuál es su viabilidad.

Entender la relación entre el Estado y una sociedad multicultural, particularmente en Guatemala, es una tarea compleja. Es difícil conciliar las numerosas posiciones de una gran cantidad de actores e intereses sobre temas diversos e interrelacionados que, además, cambian en el tiempo. Para ayudar a la comprensión y profundizar y discutir sobre esta relación, a continuación se describen brevemente algunos de los actores relevantes, demandas de los pueblos indígenas, elementos de su discurso e interrogantes inconclusas.

Debe indicarse que la información aquí descrita adolece de limitaciones, debido al desconocimiento de gran parte de la literatura sobre este tema. Por esta razón, no puede ser una referencia exhaustiva sobre cómo ha sido o cómo debería ser la relación entre el Estado y la sociedad en un contexto multicultural. Más bien, su objetivo es ser un punto de partida para que a través de su discusión puedan definirse investigaciones sobre temas específicos, cuyos hallazgos incidan en una mejor relación entre el Estado y la sociedad en un contexto multicultural.

Actores e intereses involucrados

Parte de la complejidad de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas se debe al gran número de actores e intereses involucrados, tanto en el ámbito internacional como en el nacional y local. Cada uno de ellos presenta distintas oportunidades y obstáculos para una convivencia exitosa en la sociedad. El principal desafío es determinar en qué temas existen posiciones coincidentes u opuestas y cuáles son las responsabilidades que cada parte puede asumir en sus respectivos ámbitos de acción.

A continuación, algunos de los actores involucrados: instituciones del Estado de Guatemala; cooperación de Estados como Estados Unidos, Noruega y Canadá; experiencias de Estados como Bolivia, Ecuador y Perú; organizaciones internacionales como ONU, OEA, OIT, CEPAL, FMI, Banco Mundial; tratados de libre comercio; empresas transnacionales que explotan recursos naturales; élites económicas nacionales; influencia de académicos en disciplinas como economía, derecho, ciencia política, educación, sociología, antropología e historia; organizaciones indígenas y de la sociedad civil nacionales e internacionales; entre muchos otros.

Demandas indígenas

Las demandas de los pueblos indígenas incluyen temas tanto políticos como económicos y sociales. Cuáles de estas demandas cobran mayor relevancia, varía de acuerdo al sujeto que las proclama y el período de tiempo analizado. Sin embargo, sí existe una consistencia y continuidad sobre al menos seis temas centrales. Muchos de estos ya han sido reconocidos formalmente por varios Estados a través de distintos instrumentos legislativos. El desafío radica en cómo los gobiernos deben implementar los compromisos adquiridos y la viabilidad de su ejecución, considerando sus limitados recursos y capacidades.

Uno de los primeros documentos que recoge los reclamos de los pueblos indígenas fue elaborado por el Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, México, en abril de 1940. Su abordaje es desde un punto de vista académico-antropológico y en éste Stavenhagen (2002) identifica seis puntos básicos que pueden clasificarse en políticos, económicos y sociales.

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A partir de la década de los noventa, los pueblos indígenas se han convertido en los emisores de sus propios reclamos y aspiraciones, lo que ha cambiado el énfasis y la manera en que éstos se articulan. En la actualidad, aunque el contenido de las demandas varía entre distintos grupos, se pueden destacar los siguientes temas políticos, económicos y sociales.

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Elementos del discurso indígena

Las situaciones que viven los pueblos indígenas en Latinoamérica y dentro de Guatemala, son diversas. De dicha cuenta, uno de sus principales retos es construir un discurso incluyente, dirigido a audiencias con contextos, experiencias y aspiraciones locales distintas. Algunos de los temas que han encontrado receptividad de la mayoría son aquellos relacionados con autonomía, participación política, identidad y diferencia cultural. De estos, es posible identificar elementos clave para el éxito del discurso indígena, algunos de los cuales se describen a continuación.

En primer lugar, el discurso actual de los movimientos indígenas se benefició de un contexto político favorable que permitió cambios significativos. A principios de la década de los noventa, tras la relativa apertura de espacios de participación política, los movimientos indígenas pudieron desarrollar una organización supranacional a partir de experiencias previas en organizaciones como la iglesia, movimientos de izquierda y movimientos campesinos. Sin embargo, surgieron transformaciones a las prácticas organizativas anteriores, tales como el abandono de la violencia, de la revolución socialista y de una identidad exclusivamente campesina, así como la defensa de la madre tierra.

En segundo lugar, el discurso del movimiento indígena se caracteriza por tener una estrategia y un contenido que permite la movilización. Por un lado, este busca conectar las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas, promoviendo la autoestima y una identidad positiva. Por el otro, se pueden identificar tres tipos de narrativas: empírica, moral y estética.

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En tercer lugar, pueden distinguirse dos tipos de discurso de los movimientos indígenas: diagnóstico y pronóstico. Algunos elementos motivacionales de estos discursos enfatizan la diferencia entre “nosotros” y “otros”, definen rasgos de identidad esencial, intensifican las amenazas, explicar las posibilidades de éxito y utilizar un lenguaje simbólico.

En el diagnóstico se define el problema indígena, sus causas y los responsables. El problema indígena consiste en el peligro a desaparecer como cultura, el “etnocidio”. Las causas de este problema se atribuyen al Estado monocultural, la sobre-explotación de recursos naturales y políticas neoliberales y asimilacionistas. Se argumenta que sus responsables son las elites nacionales y locales, empresas multinacionales, la burocracia y el ejército.

En el pronóstico se anticipa un futuro próspero en común para los pueblos indígenas y se proponen las soluciones al peligro del etnocidio. Por un lado, la lengua define la identidad esencial que une a los pueblos indígenas frente a otras características que pueden crear tensiones como la ideología política, la religión o el estatus económico, además de criticar al Estado monocultural. Por el otro lado, el territorio es considerado el vehículo necesario para el desarrollo económico y goce de derechos de los pueblos indígenas. Para evitar que la cultura indígena desaparezca, se propone como solución reconocer la naturaleza plural del Estado, el derecho a autodeterminación, el respeto a los derechos tradicionales, la cooficialidad de los idiomas y el fortalecimiento de las instituciones tradicionales.

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Interrogantes de las demandas indígenas

Si bien gran parte de las demandas de los pueblos indígenas ha sido reconocida por los Estados a través distintos instrumentos nacionales e internacionales, se argumenta que su implementación ha sido insuficiente. Parte de este reto puede deberse a algunas interrogantes irresueltas sobre qué acciones deben tomarse, cómo deben priorizarse, y cuál es su viabilidad. A continuación se plantean algunas de estas interrogantes con el propósito de que por medio de su discusión se permita la búsqueda de respuestas.

Un primer punto a resolver es sobre la identidad de quiénes son los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien la autodeterminación es el criterio acordado, aún queda la interrogante de ¿cuáles son los criterios de pertenencia a un pueblo indígena? ¿dónde se traza la línea entre “nosotros” y “el otro” o “los otros”? ¿cuántos y cuáles son los grupos indígenas que deben considerarse en el Estado de Guatemala? y ¿cuál es el lugar de los no indígenas en el proyecto de nación deseado?

Otro punto que causa confusión son las distintas posiciones entre los pueblos indígenas sobre cuáles son los objetivos prioritarios y cómo deben conseguirse. Algunos grupos están más dispuestos al compromiso y a crear alianzas que otros. ¿Es necesario que exista una ideología unificada de los movimientos indígenas? ¿cuál sería? Si bien las aspiraciones últimas pueden coincidir, ¿cuáles serían los objetivos a corto y mediano plazo? ¿cómo deben conseguirse? y ¿existe una manera de medir si se ha progresado o retrocedido, para así promover las experiencias positivas?

Un tercer grupo de interrogantes corresponde al rol de las tendencias globales en las posibilidades de alcanzar los objetivos de los pueblos indígenas. ¿Se están tomando en cuenta las tendencias económicas y políticas mundiales en cuanto a las prácticas más efectivas para mejorar el desarrollo humano? ¿cuáles de estas prácticas deben rechazarse y cuáles pueden promoverse? ¿qué oportunidades u obstáculos presentan los avances tecnológicos (en medicina, informática, mecánica) para alcanzar sus objetivos?

Por último, existen dos reclamos de los pueblos indígenas particularmente controversiales, los cuales despiertan importantes interrogantes: la autonomía y los derechos colectivos.

Desde el punto de vista de los movimientos indígenas, la autonomía es una herramienta esencial para que los pueblos indígenas puedan gozar plenamente de sus derechos. Sin embargo, se ha cuestionado la ambigüedad del término y ha despertado algunas preguntas como ¿en qué consiste la autonomía? ¿cuál sería la unidad administrativa? ¿debe incluir no indígenas? ¿cuáles serían las fuentes de recursos? ¿cuáles serían sus competencias? ¿cómo se relacionarían a otros niveles administrativos? ¿cómo se garantiza la cohesión del Estado y se previene una “balcanización”?

Respecto al reclamo de los derechos colectivos, también se argumenta que son necesarios para el pleno goce de los derechos individuales de los miembros de los pueblos indígenas. Se argumenta que sin ellos no es posible vivir y reproducir sus culturas, organizarse de acuerdo a sus normas sociales, tener una identidad colectiva y participar políticamente como grupos diferenciados. No sería necesario que los derechos de los pueblos indígenas creen un “sistema paralelo” de normas, sino que las normas nacionales se adapten a las necesidades y mejores prácticas de convivencia de la sociedad.

Sin embargo, algunos preguntan ¿cuál es la relación entre los derechos individuales y los derechos colectivos? ¿por qué son indispensables los derechos colectivos, cuando existe el derecho de libre asociación? ¿podrían los derechos colectivos poner en desventaja a las mujeres y jóvenes respecto a los hombres adultos? ¿cómo se garantiza que las demandas indígenas responden a las aspiraciones de todos sus miembros y no a los intereses particulares de sus líderes?

Conclusiones

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas es compleja. Sin embargo, debatir sobre algunos de los temas más importantes por separado puede ser útil para encontrar posibles respuestas y soluciones. La fortaleza de los movimientos indígenas en el futuro será influida por su capacidad para negociar y crear alianzas con otros sectores con quienes coincidan.

El contexto actual permite una ventana de oportunidad para construir un Estado que base su relación con la sociedad en la tolerancia, el respeto, el reconocimiento mutuo, la dignidad e igualdad de derechos y oportunidades. Para mejorar la situación actual puede resultar útil definir metas a corto y mediano plazo, un plan de acción viable que tome en cuenta las tendencias mundiales y aproveche los avances tecnológicos y experiencias de otras sociedades.

Principalmente, se necesita una actitud de diálogo constructivo para evitar polarizaciones que cierren espacios para la búsqueda de soluciones. Por un lado, el Estado arriesga perder su legitimidad si no atiende las necesidades de la población. Por el otro, la falta de diálogo puede poner en riesgo oportunidades para una mejor convivencia.

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SEGUNDA PARTE: COLOQUIOS
Intercambio entre los participantes

El coloquio dio inicio con las palabras de Karin de Maldonado, de ASIES, quien destacó la importancia del tema “Desafíos y oportunidades para la construcción de un Estado plural”. Después de 25 años de enfocarse en el rol de los partidos políticos, ASIES aborda un tema más amplio. La importancia se debe a que si el sistema político no responde a las necesidades de la realidad multicultural de su sociedad, no es representativo.

Después de escuchar una breve presentación, por Javier Brolo, de ASIES, sobre el contenido del documento base, se abrió el debate con los participantes.

La moderación del debate estuvo a cargo de Adrián Zapata, catedrático titular de la USAC, quien inició felicitando a ASIES por el hecho trascendental que signifi ca el inicio de un diálogo permanente. Pidió a los participantes dirigir sus comentarios para el enriquecer y retroalimentar del documento, y responder las preguntas planteadas tomando en cuenta la proximidad del proceso electoral del 2011.

Karin de Maldonado resaltó la relevancia política del tema y planteó el reto para los partidos políticos de abordarlo en la construcción de sus programas y planes de gobierno.

La primera intervención fue del diputado Francisco Contreras. Expresó que uno de los principales retos del tema indígena era distinguir cuáles eran problemas exclusivos de los indígenas y cuáles son compartidos por la población en general. Indicó que para que exista igualdad de oportunidades, garantizar la educación es un tema central. Respecto a la participación política propone se definan las funciones de funcionarios como los diputados, para que existan mayores espacios de participación y representatividad. También, está de acuerdo en la necesidad de fortalecer a los partidos políticos. Con la de participación de los ciudadanos. Reiteró, sin embargo, que de todos estos temas la educción es la más importante, se necesita de acceso a la tecnología y una economía más globalizada.

A continuación, Irma Alicia Velásquez, investigadora independiente, aplaudió el diálogo iniciado por ASIES que atiende a las recomendaciones del informe del PNUD del 2003 e hizo comentarios sobre el documento base.

En primer lugar solicitó un mayor análisis del recuento histórico expuesto. De la época colonial, no pueden obviarse el repartimiento y la encomienda, porque son instituciones que definieron la vida de los indígenas de la época. Luego, la revolución liberal de 1871 es de vital importancia, debido a que a través de ésta se redefine el uso de la tierra alrededor del café. También hay otros productos como la cochinilla y el algodón alrededor de los cuales se han construido las comunidades indígenas. En la revolución de 1944 se reconocen algunos derechos, pero otras acciones permitieron la división de las comunidades indígenas. En 1954 la tierra retoma su centralidad en la organización indígenas.

Ella también destacó algunos eventos de importancia histórica que hacen falta en el documento. Tal es el caso de la anulación de alcaldías indígenas por el Presidente Reyna Barrios, así como el protagonismo de Pablo Pastor como indígena que participa en la Constituyente del 44.

Por el otro lado, Velásquez mencionó legislación que ha sido de importancia al movimiento indígena. El AIDPI, firmado en mayo de 1995 en México, es el primer documento que reconoce que hay pueblos indígenas en Guatemala. También, el Acuerdo agrario y socioeconómico de 1986 es el primer instrumento que permite a indígenas el acceso a tierras, aunque a precios altísimos de mercado. Aunque estos espacios, legales y de discusión no han solucionado las demandas, sí han sido ventanas importantes.

Por otra parte, la investigadora hizo algunas precisiones sobre el contenido del documento base. Sugirió se complementaran las concepciones del Estado ahí expuestas, con los análisis de Arturo Taracena, y que las acciones propuestas estén directamente relacionadas con las demandas indígenas. Aclaró que la autonomía, como una prioridad, ha perdido protagonismo, debido al auge del liberalismo y cambios constitucionales. Sugirió que se analice el derecho indígena y cómo sus normas, funcionamiento y operación pueden incorporarse plenamente al sistema occidental.

Velásquez terminó su intervención con algunas propuestas de investigación, entre éstas, estudiar una de las grandes demandas actuales de los pueblos indígenas, como lo es la administración de recursos naturales. Pregunta, si estos deben ser propiedad del Estado, a ese respecto.. Por otro lado, más que la oficialización de los idiomas, pregunta cómo conseguir una educación bilingüe de calidad y con presupuesto; también, cómo lograr que el Estado reconozca y aplique con sufi ciencia el derecho a consulta, establecido por el convenio 169 de la OIT. Por último, para enriquecer el documento, sugirió recoger las demandas desde los pueblos indígenas, propuestas por Programa Maya y Mecanismos de Apoyo a Pueblos Indígenas.

El diputado Héctor Nuila se unió a las felicitaciones del esfuerzo de ASÍES y dio algunas recomendaciones. Primero, la importancia de darle continuidad al tema en el largo plazo. También recomendó no utilizar la frase “problema indígena”, porque es peyorativa. Por el otro lado, si bien la coyuntura electoral es importante, la discusión del tema debe ir más allá. Por el otro lado, sugiere investigar antecedentes históricos que no han sido suficientemente diseminados: la elaboración de estudios sobre conceptos como racismo, hechos desde la clandestinidad entre las décadas 50 y 70, y los efectos de la huella colonial en la opresión cultural. Debe haber un análisis especial de la guerra y el proceso de paz.

Nuila hizo algunas propuestas a futuro. Primero, la concepción de étnico nacional del Estado-sociedad. También los impactos de los desplazamientos de la población debido al crecimiento poblacional y los megaproyectos: desplazamientos en Petén, Laguna del Tigre. Cuáles son las acciones de justicia social que deben tomarse. Exigir a los partidos políticos que centren sus propuestas políticas y el debate electoral sobre los objetivos de país no en obras locales. Todos los aspectos se interrelacionan.

A continuación, Alejandra Gordillo, asesora del Congreso, habló sobre el contexto internacional. Observó cómo Chile, a pesar de todo el éxito que se le atribuye, no había reconocido sino hasta hace poco a los mapuches. Hizo énfasis en que el Estado se hace un favor a sí mismo al reconocer a los pueblos indígenas. Resaltó que una identidad no puede imponerse y que las políticas deben reflejarse no solo en leyes sino en planes de estudio y migración. En cuanto a la autonomía y los derechos colectivos, menciona, debe hablarse más sobre los derechos que los pueblos indígenas tendrán frente a otros pueblos.

En su intervención, Marco Barahona, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), observó lo signifi cativo que es el 12 de octubre, día de la hispanidad, para el inicio de este espacio de diálogo intercultural y comentó sobre algunos aspectos de la forma y el contenido del documento base.

Entre otros, Barahona sugirió homologizar conceptos como “pueblos indígenas”, “pueblo maya”, “comunidades indígenas”, “movimientos indígenas”, “organizaciones indígenas”, o se explicara cuáles eran sus diferencias. El concepto “la organización” debe explicarse, ya que no es ampliamente conocida. También hace falta destacar la importancia del aniversario de los 500 años del descubrimiento de América en los movimientos indígenas. El documento es un buen punto de partida. Un punto que Barahona sugiere investigar, es el de describir ejemplos de los sistemas políticos propios de los indígenas y sus reglas.

Por el otro lado, Edín Castro, asesor de la Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas, enfatizó en la importancia de proponer soluciones viables. Por ejemplo, muchas veces, realza, los diputados pueden tener voluntad política, pero las propuestas que se hacen van en contra de legislación actual o de la Constitución. Las soluciones deben tomar en cuenta la historia, pero no pueden quedarse ahí, deben ver hacia adelante. No es posible juzgar a los conquistadores como quienes serían los responsables. Respecto al tema jurídico por ejemplo, para mantener el Estado de Derecho, la Constitución faculta al Organismo Judicial como único administrador de justicia, por lo que un sistema jurídico plural es inviable, a menos que se haga una reingeniería del Estado.

Velásquez respondió a la intervención de Castro, haciendo ver que es precisamente el problema del Estado guatemalteco, que solo representa una única visión de Nación. Por consiguiente, Guatemala necesita adecuar su Constitución a la realidad de sus pueblos y sus demandas. El Estado de derecho funciona a la medida de quienes lo construyeron. Un pueblo no puede construir una Constitución a su medida, si no conoce su pasado.

Por último, Manuel Conde, secretario general del partido Unión Democrática, compartió sus reflexiones. En su experiencia, una de las causas de los grandes problemas del país consiste en no distinguir entre Estado, Gobierno y Nación. El Estado tiene que generar el bien común de todos los habitantes. Para él, el desafío radica en la comprensión de ese Estado plural en el que quepamos todos. Hay mucho por hacer para que nuestros pueblos indígenas vivan en condiciones adecuadas. Pero no podemos desconocer que, luego del enfrentamiento armado, hemos empezado a vivir un proceso de cohesión social a partir de la participación local, que ha generado cambios importantes. Sin embargo, es cierto que aún hay obstáculos.

Conde agrega que en Guatemala las microrregiones son una realidad, y que el país se mueve bajo nuevas dinámicas, resultado de un Estado plural que se está construyendo. Para él, los aportes deben dirigirse a construir un Estado plural para todos. El Estado solo puede ser uno, es la Nación la que puede ser diversa. A partir de esa claridad, entenderemos que el Estado debe modernizarse para garantizar el bien común de todos los guatemaltecos.

Para cerrar el coloquio, Adrián Zapata agradeció las contribuciones de todos los participantes. Observó el reconocimiento generalizado a la importancia de la creación de este espacio de diálogo permanente. Solicitó y dio la bienvenida a todos los comentarios adicionales sobre otras fuentes bibliográficas a considerar y la precisión de temas a desarrollar. Concluyó con un llamado a pensar sobre los riesgos de no asumirse el reto, desafío y oportunidad para mejorar la relación del Estado y su sociedad multicultural. Finalmente, alentó a que nos atrevamos a pensar las posibilidades de un Estado que pueda relacionarse mejor con su sociedad.

Por último, Karin de Maldonado ofreció, en la medida de lo posible, incluir las recomendaciones hechas al documento en la Memoria del seminario, pero dar especial atención a las sugerencias para futuros estudios que nutran este espacio de diálogo intercultural. Terminó con una invitación a los participantes al Foro público del seminario.

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Intercambio entre los participantes


Luego de escuchar una breve presentación sobre el contenido del documento base de parte de Javier Brolo, de ASIES, se abrió el debate con los participantes. Para ello, la moderadora, Irma Citalán, de Naleb, planteó algunas interrogantes: ¿Qué acciones deben tomarse para construir ese Estado? ¿Cómo deben ser priorizadas? ¿Son viables?

Pedro Ixchiu, representante de las defensorías indígenas del Instituto de la Defensa Pública Penal, se refi rió principalmente al documento base, sugiriendo que éste tome en cuenta los liderazgos indígenas que se han manifestado a través de la historia, pero rompiendo con esa idea de situar a Tecún Umán –el indio muerto— como el héroe nacional, sin tomar en cuenta otros líderes, como Atanasio Tzul, entre otros, que a lo largo de la historia se mantuvieron en resistencia pasiva y abierta.

Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar, coincidió en que el documento debe tomar en cuenta protagonismos, desde las múltiples decisiones del indígena en su ser individual y colectivo, ya que tal como está planteado en el texto, pareciera que los movimientos indígenas han sido más reactivos.

A continuación, Martín Rodríguez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), propuso que en el documento base se amplíe la parte histórica para tomar en cuenta también la época precolonial y luego, poner mayor énfasis que el dado al período postcolonial, en particular a la reforma liberal, que fue un intento de construir una nación ladina antiindígena.

Según Rodríguez, la división de períodos históricos que se presentó es demasiado amplia, pues los momentos clave en Guatemala tienen sus propias etapas. Sería clave determinar en ellos cómo fue configurándose el Estado guatemalteco.

Rodríguez también recomendó mencionar el genocidio (1954-1984) como parte de otro intento de construcción de una nación ladina. A este respecto, Demetrio Cojtí, consultor de la Unión Europea, remarcó, que los cuatro holocaustos vividos por los indígenas en 1524, 1871, 1954 y 1975 y 1985 han marcado su vida, centrándolos a la impotencia. Resaltó que ese tipo de masacres que han padecido, no las han padecido otros pueblos indígenas.

Finalmente, Rodríguez propuso que el seminario discuta sobre la construcción, no sólo de un Estado, sino de una nación, que tome en cuenta la multiculturalidad, pero también la interculturalidad.

Sin embargo, Hugo Us, economista, opinó que no es posible hablar de interculturalidad con tantas desigualdades en un Estado monocultural, que favorece únicamente a una cultura y a un imaginario.

Por otra parte, Us estimó que, si se cuenta con un buen diagnóstico del origen de nuestra República, es difícil no concluir que lo que se necesita es una refundación del Estado. Para ello, hay que hablar de una asamblea constituyente y determinar sus alcances y composición. En su opinión, ésta debería estar integrada, al menos en un 50% por indígenas. Pero, a la par de los cambios institucionales, Us considera que es necesario un cambio en la sociedad, de cara a la construcción de una nueva nación.

Entre los aspectos que deben analizarse a partir de ahí, Us destacó el modelo de desarrollo que se puede impulsar para beneficiar a todos por igual, pero sin afectar la diversidad cultural.

Javier Monterroso, del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, también considera necesario abordar una reforma constitucional, ya que al analizar la base jurídica del país se evidencia que no se ha dado respuesta suficiente a las demandas indígenas. El Estado, tal como se plantea en la Constitución de 1985, sigue teniendo una visión paternalista y positivista liberal. Además, la Carta Magna habla de una única nacionalidad, sin reconocer a los pueblos indígenas.

Por otro lado, el sistema de justicia no ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT, no sólo por falta de voluntad, sino también por falta de capacidad de los operadores de justicia. Por todo ello, si se quiere construir un Estado multicultural, es necesario reformar su base jurídica.

Monterroso considera, asimismo, necesario reformar el sistema de partidos políticos, para que sean incluyentes. Otro tema a debatir es cómo minimizar las contradicciones entre el derecho individual y el colectivo y cuál debe ser el límite de las prácticas colectivas, que muchas veces riñen con derechos individuales. Demetrio Cojtí señaló que los partidos políticos actúan igual que el organismo Ejecutivo, abriendo “ventanillas” para indígenas, pero que éstas son simbólicas, pues no cuentan con recursos ni con poder de acción.

Mientras Monterroso se cuestiona si es suficiente la existencia de un partido político en el cual puedan participar los indígenas —como Winaq— o si más bien éstos se deben incorporar a todos los partidos; Cojtí opina que los partidos de base étnica son necesarios, pues en la medida en que les ganen votos y simpatías a los partidos de base nacional, tradicionales, éstos se ven obligados a incorporar indígenas y asumir la causa de los grupos de base étnica.

Frank La Rue, de DEMOS, por su parte, coincidió con Rodríguez en que en el documento debe comenzarse a narrar la historia de los pueblos indígenas desde antes del período colonial. Consideró necesario resaltar que ya en el período de la colonia, y llegando a la independencia, empezó a configurarse el Estado guatemalteco con un pecado original que no ha logrado superar: el Estado se concibió como un Estado débil. Mientras en otros países hubo gestas de independencia y revoluciones que permitieron un elemento identitario, en Centroamérica fue la elite criolla la que se reunió y firmó la independencia, conservando sus privilegios y su visión racista.

La reforma liberal, recordó La Rue, no sólo modificó el esquema político de conservador a liberal, sino que modificó el esquema económico, llevando a Guatemala al mercado mundial, pero reafirmando el racismo, mientras los indígenas se convertían en mano de obra forzada y barata. Claudia Villagrán resalta que en ese período se terminó de “dar muerte” a la idea de tierras comunales indígenas.

Según La Rue, los movimientos revolucionarios que surgieron a partir de los 60, no se debieron al contexto de la Guerra Fría, sino al cierre de espacios políticos, debido a que el Estado –elitista, discriminatorio, que no prestaba servicios— acudió a la represión para mantenerse. Fue ante esto que se levantaron los movimientos.

Aunque no hubo liderazgos mayas involucrados en el movimiento revolucionario, sí se hizo un trabajo conceptual importante y se incorporó al pueblo maya, que encontró en el movimiento una forma de expresarse.

Por ello, entre 1981 y 1983 se recurrió al genocidio para destruir al pueblo maya, visto como una amenaza.

La Rue mencionó que en el momento de los Acuerdos de Paz se hablaba, entre la euforia, de la reforma constitucional, pero ahora ya nadie la menciona.

La Rue opinó que no hay que tenerle miedo al vincular el tema indígena con el campesino. Aunque no hay que ser reduccionista (no todos los indígenas son campesinos), hay que tener presente que el mundo maya está marcado por el tema de la tierra. Villagrán señaló que el discurso de clase, propio del movimiento campesino, aún está presente en el movimiento indígena. Especialmente cuando éste se vincula al campesino, los discursos y las vivencias de ambas identidades se cruzan.

Otro tema para debatir es, según La Rue, el de la libertad de expresión, que pasa por una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, para darle medios de comunicación propios a los pueblos indígenas.

En tanto, José Ángel López, de Banrural, recomendó que la discusión, durante el seminario, no debe centrarse sólo en lo filosófico, cuando la realidad salpica infinidad de temas, como por ejemplo el del aporte del mundo indígena a la economía del país, o el del movimiento corporativo al PIB.

Para Claudia Villagrán, de CEDER, los Consejos de Desarrollo generaron una nueva forma de representatividad que, en la práctica, propiciaron un espacio de ejercicio ciudadano y de representación, que se ha convertido en oportunidad de poder político a nivel municipal. Por ello, al abordar la construcción de un Estado plural, debe considerarse el ámbito local como una oportunidad.

Aroldo Camposeco, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, consideró que dialogar sobre el Estado guatemalteco debería ser un ejercicio constante, diario, así como la elite en el poder le da vida al Estado cada día. El problema, planteó, es priorizar las temáticas a abordar y contar con expertos en diversos temas para analizar desde diferentes perspectivas cada una de los aspectos, propuestas y demandas para la construcción de un Estado plural.

En opinión de Cojtí, es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde responder a los problemas del país: los congresistas, quienes elaboran políticas públicas, son quienes deben dar respuesta a las interrogantes sobre cómo construir un Estado plural.

Al evaluar el desempeño del Estado en el tratamiento de los pueblos indígenas y al evaluar resultados de las demandas indígenas, Cojtí considera que se evidencia la necesidad de la refundación del Estado. Explicó que mientras los indígenas no tengan poder de decisión, será difícil que se les haga justicia. Estimó necesario pasar a otra forma, donde los indígenas tengan decisión sobre los temas que les afectan.

Sin embargo, Raymundo Caz, del Tribunal Supremo Electoral, cuestionó por qué, a pesar de que más del 50% de las municipalidades están en manos de indígenas y que hay diputados indígenas, autoridades departamentales indígenas, entre otras, se ha avanzado muy poco en reivindicar las demandas de estos pueblos. En todo caso, Caz dijo que la refundación del Estado no debe ser decisión de los partidos políticos, pues estos representan intereses particulares.

Claudia Maselli, de la Fundación Konrad Adenauer, observó, por último, que aunque en el seminario se debe de aclarar que este año se está abordando al movimiento maya, no por ello se ignora a los movimientos garífunas y xincas.

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TERCERA PARTE: FORO PÚBLICO
PALABRAS DE INAUGURACIÓN

Licda. Raquel Zelaya
Secretaria General de ASIES

Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación para compartir esta tarde un momento muy importante para la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Desde nuestra fundación, por veinticinco años, anualmente realizamos un seminario sobre partidos políticos y su estructura interna, sus procesos de financiamiento, democracia interna, descentralización, entre otros temas. El año pasado, ASIES cumplió treinta años y hubo una reflexión profunda sobre los temas que sistemáticamente habíamos estado trabajando. De esa reflexión surgió una decisión, como dije, importante, que nos plantea retos muy peculiares.

Tenemos el convencimiento y la evidencia que el actual sistema político, que incluye el sistema de partidos, no ha podido responder a cabalidad a la diversidad étnica y cultural de nuestra sociedad. Se reclama por parte de la población indígena que el Estado no atiende sus demandas, que los partidos no les incluyen a profundidad en sus programas y planes de gobierno, por lo que se cuestiona la representatividad y legitimidad de ese régimen.

Para provocar un cambio, pensamos que el presente tema debe tratarse a profundidad y de manera sostenida. En este primer seminario sobre aspectos de Estado y sociedad que hoy inicia, estamos claramente convencidos que es un proceso de larga data. Por esto nos comprometemos a darle tratamiento del mismo anualmente. Es un tema para algunos difícil e incómodo, el tema del Estado plural. Por ello, a pesar de su importancia, no se ha logrado que forme parte de la agenda prioritaria, al menos en la sociedad urbana; aparece poco en los medios, y muchas veces la opinión pública lo obvia.

ASIES, pues, decide incursionar en una temática nueva para la asociación. Sabemos que hay esfuerzos del PNUD y de muchos sociólogos académicos que han hecho trabajos, estudios y análisis. No ha sido así en términos institucionales de ASIES; por lo tanto, sin ser especialistas, nos hemos lanzado al tema.

Hemos elaborado un documento inicial y preliminar que nos permitió provocar la discusión entre académicos y representantes de partidos políticos. A ellos les agradecimos mucho la participación en los dos coloquios que sostuvimos y de los cuales aprendimos. Se generó un primer intercambio muy enriquecedor. Incluso, a quienes integraron el coloquio de los académicos, les sugerimos y les solicitamos que fuera una actividad sistemática el reunirnos para acompañarnos en el mejor tratamiento del tema. Particularmente ahora, en un momento preelectoral, consideramos que es propicio para aumentar la sensibilización de sectores políticos y sociales.

Proponemos iniciar un espacio de diálogo intercultural permanente en virtud del compromiso que sentimos con la democracia y el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz. Un Estado guatemalteco monocultural debería transformarse en uno multicultural, pero ¿cómo lograrlo? El espacio de diálogo serviría para establecer vías y procesos de acuerdos que no deben quedarse en ello, sino ser el impulso para políticas, para legislación, para decisiones del más alto nivel.

Como entidad de investigación consideramos que es necesario fundamentar, a través de estudios de diferentes aspectos de la multiculturalidad, las vías de acciones que faciliten el cambio. Creemos que en especial se deben evidenciar los múltiples aportes de la participación indígena en el desarrollo nacional.

Por otra parte, de la riqueza de intercambios que tuvimos durante esos coloquios surgieron varios enfoques complementarios, unos relevando el tema cultural, otros sobre la exclusión en todas sus manifestaciones y otros también que reivindican el tema de participación en la economía nacional. Por ejemplo, es muy interesante conocer las cifras del producto interno bruto que provienen de economía indígena, rural y campesina.

No quiero ahondar más, sino reiterar el agradecimiento y la emoción que da el inicio de un tema en que, vuelvo a decirles, no somos especialistas. No pretendemos serlo, pero sí pretendemos poner a disposición la convocatoria que ASIES pueda tener del mejor tratamiento de este tema. Así es que sin más, les agradezco y espero que esta actividad sea la primera en que nos vemos, pero no la última.

Muchas gracias.

CONFERENCIA PROPUESTAS PARA LA CONVIVENCIA EN UN ESTADO PLURAL

Dr. Ricardo Stein Heinemann

Agradecimiento y advertencias

ASIES nos ha lanzado una provocación difícil de soslayar para todos aquellos que estamos preocupados por la construcción de un Estado democrático que responda a las necesidades de todos sus ciudadanos. En sus propias palabras, se trata de “un tema tan incómodo como crucial”: La comprensión de la diversidad cultural y el entendimiento profundo de las relaciones interétnicas en la actual democracia guatemalteca, como de elementos esenciales para la construcción de un Estado plural que dé respuesta, por medio de políticas públicas pertinentes, a la situación de desventaja objetiva en que se encuentra la población indígena para hacer valer sus derechos humanos y así, transformar profunda y radicalmente nuestra sociedad.

Ir más allá del mero reconocimiento “cosmético” de la existencia de diversos pueblos, plantea el desafío de entender las demandas de los pueblos indígenas frente a la negación sistemática que ha mantenido el Estado sobre la inclusión de formas diversas de participación y toma de decisiones. Estas demandas, a su vez, plantean una serie de interrogantes en cuanto a la identidad de los sujetos de derecho de los pueblos indígenas; las distintas posiciones entre los pueblos indígenas sobre cuáles son sus objetivos prioritarios y cómo deben conseguirse; en cuanto al rol de las tendencias globales en las posibilidades de alcanzar dichos objetivos; y, por último, en cuanto a dos reclamos particularmente controversiales: la autonomía y los derechos colectivos, los cuales, se argumenta, son necesarios para el pleno goce de los derechos individuales de los miembros de los pueblos indígenas; que sin ellos no es posible vivir y reproducir sus culturas, organizarse de acuerdo a sus normas sociales, tener una identidad colectiva y participar políticamente como grupos diferenciados.

Tal comprensión y entendimientos buscan provocar una mayor disposición al diálogo intercultural para la búsqueda de acuerdos, y una mayor apertura entre los partidos políticos para incorporar las demandas de los pueblos indígenas en sus programas partidarios y planes de gobierno.

Agradezco la oportunidad que ASIES me da hoy de reflexionar sobre la temática. Debo, sin embargo, iniciar estas reflexiones con una doble confesión: primero, la de una ignorancia enciclopédica de conocimientos formales sobre el tema. Esto no ha impedido lo segundo de lo que me confieso: una práctica persistente sobre el tema que, debido a la primera confesión, podría rallar en irresponsable y temeraria. No me queda más remedio entonces que buscar las lecciones que obligadamente he tenido que aprender en las diferentes trincheras desde donde he abordado el desafío.

Algunas consideraciones preliminares

No es posible abordar esta complicada temática sin un conocimiento profundo del pasado. El conocimiento del pasado nos permite no sólo tener una visión histórica de la problemática nacional y multicultural, sino también una perspectiva para percatarnos de dónde venimos, de los avances que a pesar de todo se han producido y de las razones por las que estos avances se han dado o no. Los estudios históricos deben plantearse de forma diferente: ya no desde la óptica de los pueblos indígenas víctima, sino desde su protagonismo, sus liderazgos y sus resistencias, y su participación protagónica en la conformación del Estado.

De una rápida revisión de la experiencia histórica quisiera subrayar algunas inferencias tentativas que considero fundamentales:

1. El fracaso de las políticas tutelares, segregacionistas, asimilacionistas y discriminatorias que, lejos de favorecer una identidad nacional compartida, produjeron una fragmentada.

2. El vínculo de lo anterior con un proyecto económico político que se ha beneficiado del mantenimiento y recreación de las diferencias étnicas. Si bien tiene su origen en la colonia, se ha mantenido a lo largo de nuestra historia. De no ser así, no podría explicarse cómo habiendo diferencias abismales entre conservadores y liberales en el plano de las ideas, hay tales similitudes en el plano de las prácticas sociales y económicas.

Este reconocimiento es fundamental. No puede ignorarse el hecho de que ya hoy existe una política para el combate a la discriminación y el racismo en todas sus formas. Pero tampoco puede ignorarse que la discriminación no puede combatirse legalmente, por ejemplo, si no se reconoce que es una extensión jurídica del derecho de propiedad que permite, en la práctica, el que cualquier “dueño” se “reserve el derecho de admisión a cualquier cosa”.

3. Las políticas tienen su momento; deben responder y fundamentarse en condiciones objetivas que existen fuera de nuestra voluntad, y no sólo a deseos e intenciones. La tarea que ahora nos toca es tener una idea concreta de lo que se puede hacer hoy.

El creciente ejercicio de la ciudadanía por parte de los pueblos indígenas ha mostrado ya cambios relevantes en el esquema político, dándole vuelta, por ejemplo, al porcentaje de alcaldes indígenas con relación a alcaldes ladinos en áreas de predominancia maya. Y, según sostienen algunos analistas políticos, quitándole el poder a la capital y lo urbano para determinar quién triunfa en las elecciones. Esto mismo todavía no se refleja igualmente en el Congreso, el Ejecutivo y las Cortes, pero es una tendencia en ascenso.

Lo anterior está también relacionado con los cambios socioeconómicos ocurridos al interior de los pueblos indígenas, así como sus aportes y contribuciones a la generación del PIB y a la recaudación tributaria. Puede afirmarse que el nivel de vida de amplios sectores indígenas se ha incrementado sensiblemente, que ya es posible hablar de una clase media indígena, además del acceso a la educación y a la educación universitaria, en particular. La discriminación, sin embargo, sigue pesando fuertemente, a pesar de que en ese terreno también podrían mostrarse avances. No se sugiere que se hayan superado las enormes brechas que separan y estratifican nuestra población, pero no puede plantearse una política de desarrollo, por ejemplo, sin tomar en cuenta estas situaciones concretas.
 
4. Ninguna política específica que puede tener éxito fuera del marco de políticas generales que propicien el desarrollo integral del país. Las políticas específicas deben ser congruentes con las generales.

5. Para los efectos de mi exposición, me es particularmente valioso el concepto que se asienta en las primeras líneas del capítulo sobre la adquisición de la ciudadanía, en la obra “Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala”, de Arturo Taracena y compañeros.

“La interacción entre la creación de una identidad nacional y la construcción de la ciudadanía es un elemento fundamental para el éxito de una Estado-nación (...) Se trata de que un pueblo–independientemente de su diversidad– llegue a identificarse con una idea nacional y que un Estado se aproxime con su pueblo por medio de ésta (...) La diversidad étnica ha sido esgrimida como uno de los principales factores para que tal alquimia no se realice, fundamentalmente porque el Estado guatemalteco no optó por construir a lo largo de sus primeros 150 años de vida republicana una ciudadania de tipo universal”.

He aquí el gran desafío que se le plantea al Estado y a la sociedad guatemalteca: resolver la gran contradicción que se establece entre el carácter de la nación – multicultural, plurilingüe y multiétnica– y la naturaleza del Estado que ha expresado la hegemonía cultural del poder dominante.

En tiempos de la colonia, esta hegemonía se manifestó institucionalmente a través del derecho español, que efectivamente reconoció la diversidad del país, pero en forma jerarquizada, estableciendo derechos específicos para españoles criollos e indígenas que consagraron y reprodujeron la diferencia, la ventaja y la hegemonía.

A partir de la Revolución Liberal de 1871, la hegemonía cultural del Estado se manifiesta bajo el concepto de igualdad ante la ley. Si bien tiene el mérito de proclamar derechos universales, no toma en cuenta la diferencia, desconoce la situación específica, particularmente la que se deriva de procesos históricos y culturales.

El tránsito desde un estado nacional que se pretende unitario, que se pretende homogéneo, hacia un estado plural más democrático, es decir, un Estado que reconoce la diversidad de las comunidades culturales que existen en su seno, demanda el reconocimiento de las identidades hasta ahora marginadas como sujetos, dentro de su propia unidad. Por ello, los Acuerdos de Paz, y en particular el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas habla sobre la diversidad entendida como el respeto a las diferencias como punto de partida de ese tránsito, y de la ciudadanía, entendida como la unidad en la diversidad, como punto de llegada. Así se entiende la construcción del nuevo Estado multicultural, pluriétnico y multilingüe.

El Estado democrático en una situación multicultural plantea el problema de conciliar dos exigencias contrapuestas: el respeto a la pluralidad de los pueblos que lo integran, y la unidad y la colaboración entre ellos. Ciudadanía y a la vez pertenencia a un pueblo no deben ser contradictorios en un estado multicultural y democrático. La ciudadanía implica la serie de derechos fundamentales que le son propios a todo miembro, a toda persona, hombre o mujer, que pertenezca a un Estado. Todo hombre o mujer, cualquiera sea su ascendencia, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones frente al Estado. La idea de ciudadanía es la que iguala a todos los miembros de un Estado, con igualdad de derechos.

Esta contradicción entre la hegemonía y la exclusión cultural no sólo ha sido fuente de conflictos en la sociedad. Es lo que ha impedido el surgimiento de una identidad nacional que nos incluya a todos y de una ciudadanía universal que no distinga entre habitantes y ciudadanos.

El camino del Estado en el tema de la multiculturalidad es el de propiciar la construcción de esta ciudadanía de tipo universal –que no excluye el derecho a la diferencia–, no solamente porque así la definan las leyes sino porque exista en la práctica.

El Estado se debe legitimar ante la población, no solamente por encarnar una idea de Nación compartida por todos, sino demostrando en la práctica que es el tipo de organización que conviene a todos los pueblos y culturas que habitan el territorio.

¿Cómo se hace lo anterior? ¿Cómo se potencian las tendencias positivas y se cortan las negativas? ¿Quién empieza? Para responder al desafío de la multiculturalidad se requiere de un conjunto de políticas públicas específicas, además de una evolución positiva del sistema democrático en general.

Algunas propuestas

1. ¿Cómo imaginar nuestra comunidad nacional? A partir del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, diría yo. Es necesario que las políticas públicas sean coherentes entre sí y también encaminadas todas a un gran objetivo bien delineado, que debe contemplar la naturaleza multicultural de nuestra sociedad.

Aquí, es necesario superar la idiosincrasia nacional que reduce la política pública a una ley sancionada por el Congreso y, además, que asume que la ley abre brecha para prácticas sociales en lugar de visualizarlas como la necesidad social de normar prácticas vigentes.

2. Pasar de la multiculturalidad propiamente dicha, lo que Bastos llama la multiculturalidad “cosmética”, que es una situación de hecho, a su reconocimiento y valoración. Esto abre el camino para el gran objetivo, que es pasar de la coexistencia entre pueblos con orígenes culturales distintos a la convivencia entre culturas, a su valoración y enriquecimiento recíprocos, todo ello al interior de Guatemala que es una, pluricultural, multiétnica y multilingüe, tal como los Acuerdos de Paz proponen que constitucionalmente sea caracterizado nuestro país. Dicho en otras palabras, ¿cómo partimos del respeto y la valoración de las diferencias y transitamos hacia la unidad en la diversidad?

¿Puede lograrse esto con una reforma constitucional? Yo diría que será eventualmente necesaria. Pero primero, debe fraguarse un pacto político y social que haga tales reconocimientos. La reforma constitucional debe ser la consecuencia de ese pacto, de ese nuevo contrato social.

Pero sí podemos seguir avanzando en esa dirección. Coexistir es una situación de hecho, mientras convivir es por excelencia fruto del libre albedrío. Siglos de prejuicios y discriminación sólo pueden ser superados a partir de un conjunto de políticas públicas específicas, y también de un abanico de acciones por parte de la sociedad civil.

3. La ciudadanía universal, como dijimos, no se debe reducir a su mera definición legal, sino concretarse en un acceso efectivo de todos los ciudadanos a las instituciones del Estado, con especial énfasis en los pueblos indígenas. Por consiguiente, la reforma integral del Estado es una tarea fundamental para pasar de la coexistencia multicultural a la convivencia intercultural.

4. Distribuir la inversión pública sobre la base de combinar el mapa de la pobreza con el de la composición étnica prevaleciente entre la población. El mapa étnico debe servir para establecer la especificidad de determinadas políticas, pero conforme el principio de que la ciudadanía debe recibir atención del Estado en función de sus necesidades y carencias, sin privilegiar ni discriminar por razones étnicas.

Cabe aquí el debate público sobre la acción afirmativa, las cuotas o la discriminación positiva. No hay respuesta única para ello. Las experiencias en otras latitudes pueden servir de ejemplo, pero nunca de sustituto al debate nacional.

5. Aplicación efectiva del nuevo Código Municipal, Ley del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo y Ley de Descentralización. Estas tres leyes, derivadas de los Acuerdos de Paz, constituyen las tres macropolíticas fundamentales para incentivar y desarrollar la participación social, que es un componente esencial de la construcción de ciudadanía. No obstante, será necesario hacer una conciliación jurídica entre el Convenio 169 de la OIT, ratificado con reservas por Guatemala, y esta trilogía de leyes que, aparentemente entran en contradicción, particularmente en lo que a los procesos de consulta se refiere.

6. Históricamente, las divisiones administrativas del Estado de Guatemala obedecen a tres motivos: rivalidades políticas, acomodos en el modelo económico de producción y problemas de seguridad. Habiendo concluido el enfrentamiento armado (aunque no el atrincheramiento ideológico) y estando en situación de crisis el modelo económico, pareciera que procede un nuevo ordenamiento del territorio. ¿Será el criterio lingüístico el criterio general, o es más bien, uno específico? Aunque inocente, esta pregunta es estratégica en función de un nuevo modelo de desarrollo, y de las condiciones cambiantes del país. Sirva mencionar, a manera de ejemplo, el desplazamiento que ha tenido la conflictividad de la tierra hacia una conflictividad más profunda y compleja que es la conflictividad por el agua y otros recursos naturales.

7. Es fundamental instaurar en el Ejecutivo una oficina encargada de elaborar doctrina sobre políticas públicas interculturales y culturalmente pertinentes, asesorar al Ejecutivo sobre la materia, e implementar los mecanismos de consulta, entre otras funciones. Los diversos esfuerzos por instaurar una secretaría indígena han fracasado más por visualizarla como un ente del Ejecutivo que concentre, en calidad de ventanilla única, toda la “problemática indígena” que como un ente asesor de políticas públicas con pertinencia cultural.

8. No puede existir un Estado plural sin una administración pública compuesta por funcionarios y empleados capacitados en los temas de la multiculturalidad del país y la convivencia intercultural.

9.
El camino hacia la convivencia intercultural pasa por la construcción de ciudadanía, pues la ciudadanía es el vínculo jurídico político que une a la población con el Estado, independientemente de la filiación cultural respectiva de personas y pueblos. La forma y contenido del Estado debe modelar una acción ciudadana cada vez más abarcadora, informada y consciente, en el marco del perfeccionamiento de una democracia representativa y participativa, que vaya abarcando todos los aspectos de la vida social.

Hablar de participación es necesariamente hablar de los mecanismos a través de los cuales se participa. Muchas veces se emiten juicios sobre la falta o exceso de participación cuando realmente estamos haciendo una crítica de los mecanismos y no necesariamente cuestionando los conceptos fundamentales de la participación.

Pero, ¿qué es la participación, para qué se participa y cómo se participa? Estas preguntas nos obligan a abordar la cuestión de la organización social como mecanismo idóneo de participación ciudadana, y a cuestionarnos, al menos teóricamente, sobre la distinción que hacemos entre participación ciudadana, participación social y participación comunitaria. A su vez el referente local de la democracia obliga a preguntarnos sobre la representación y la representatividad y, por lo tanto, sobre la delegación del poder.

Cuando hablamos de fortalecer el poder civil, entendido como el poder de la ciudadanía, mujeres y hombres, no estamos hablando solamente del poder civil. Estamos hablando también del poder local, del poder entendido como esa capacidad transformadora de lo local. El fortalecimiento del poder civil pasa necesariamente por el fortalecimiento de la participación social, aumentando las oportunidades y capacidades de participación de la ciudadanía, de las comunidades. Contribuye al respeto del pluralismo ideológico y a la no discriminación social, facilita la concertación de los ciudadanos en la toma de decisiones y los fortalece en asumir sus responsabilidades y compromisos hacia la búsqueda de la justicia social, el desarrollo y la democracia.

Doctrina

Sin pretender ser exhaustivo, la propuesta presentada anteriormente se enmarca en conceptos doctrinarios fundamentales que podrían enunciarse así:
  • Frente a las políticas tutelares, segregacionistas, asimilacionistas o discriminatorias y frente a un concepto de igualdad ante la ley que ignora el derecho a la diferencia, proponemos un concepto de igualdad ante la ley que incluye el derecho a la diferencia, en razón de las particularidades históricas y culturales de los diferentes pueblos que habitan en Guatemala.

  • Congruente con lo anterior, el desafío del Estado ante la sociedad multicultural se da en el marco de políticas públicas de carácter general, que incluyen políticas públicas específi cas sobre el tema.

  • Frente a las políticas verticales, dirigistas y excluyentes proponemos la participación y la consulta, tal como lo plantean los Acuerdos de Paz. Es necesario normarla a partir de la conciliación de las diversas formas en que aparece en la legislación correspondiente.

  • Lo anterior se debe enmarcar bajo el principio de encontrar soluciones concretas para situaciones concretas. Las generalizaciones son especialmente perniciosas en este tema, que presenta una gran diversidad de un país a otro, de una región a otra.

  •  Frente a la educación para civilizar del pasado, políticas educativas y divulgativas que ilustren a la población sobre el valor de las diferentes culturas y estimulen la intercomunicación y valoración mutua entre ellas.
Todo lo anterior configura en Guatemala los elementos fundamentales para repensar el modelo de Estado plural en perspectiva de una Nación en la que quepamos todos, unidos en la diversidad.

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Intercambio entre panelistas y conferencista

Dr. Adrián Zapata: Muy buenas tardes. En primer lugar expreso nuestro agradecimiento a ASIES por la invitación a moderar este importante panel con tan relevantes participantes.

Me parece que el hecho de que moderemos este panel desde fuera de ASIES es una expresión, precisamente, del espíritu que subyace en este proceso que inicia hoy esta asociación. Es una provocación para un diálogo permanente en relación al tema que nos ocupa. Aceptar la propuesta de moderar es también, de alguna manera, aceptar la propuesta de involucrarnos en este diálogo permanente.

El día de hoy vamos a tener un conversatorio con las distinguidas personalidades aquí presentes. Un conversatorio que tiene como punto de partida el trabajo provocador realizado por ASIES, así como la excelente intervención del Dr. Stein, pero esos solo son elementos motivadores de este conversatorio.

Quienes nos acompañan el día de hoy para tener una primera reacción a la conferencia impartida por el Dr. Stein y al documento elaborado por ASIES serán: M.A. Irma Catalina Citalán Coyoy, Licda. Ana Catalina Soberanis, M.A. Hugo Us Álvarez y Dr. Ricardo Stein.

La metodología será la siguiente: un espacio de diez minutos para cada uno de los panelistas. Primero iría la maestra Citalán, luego, el maestro Us y por último la Licda. Soberanis. Después de ello, a partir de la conferencia del Dr. Stein y las intervenciones de mis apreciables colegas, iniciaríamos un conversatorio entre los participantes a partir de lo que ellos digan y de lo que yo logre ordenar para motivar la discusión.

Entonces, con esta introducción y teniendo como horizonte el reto de cómo empatar ese Estado monocultural con esa realidad social multicultural, le paso el micrófono a mi colega M.A. Citalán.

 MA. Ima Citalán: Muchas gracias, muy buena tarde. En primer lugar quiero aplaudir la iniciativa de ASIES en cuanto a darle trascendencia y seguimiento a este tema tan importante y tan necesario en la construcción del Estado plural.

Es oportuno mencionar que ya han habido esfuerzos anteriores. El informe de desarrollo humano 2005 versó sobre este tema y asimismo hubo una serie de estudios e investigaciones que se han escrito alrededor del mismo. Sin embargo, es importante que en este momento se le esté dando eco nuevamente y que se saque al debate, al análisis y a la discusión, con la esperanza de una definición que vaya en camino a ir construyendo este Estado plural que tanto necesitamos.
 
También quiero presentar las disculpas del señor Álvaro Pop, quien debía haber estado esta tarde acompañando este interesante conversatorio. Sin embargo, por razones muy personales, familiares, está ausente de la ciudad capital y entonces respetamos este momento que él necesita por el duelo de su señora madre. Es así como en nombre del organismo Naleb’, me voy a permitir hacer unos comentarios, unos insumos alrededor de esta temática que el día de hoy estamos abordando.

Quiero comentarles que esto es una construcción que se ha venido dando a raíz de varios análisis. Hemos tenido encuentros con diferentes lideres mayas representativos de las diversas comunidades lingüísticas del país, al igual que con varias personas no indígenas que son muy afines al tema y que han aportado en toda esta construcción para empezar a plantearnos la pregunta ¿qué es un Estado plural? ¿qué se entiende por Estado plural?

La respuesta consiste en un Estado pequeño en tamaño, un Estado fuerte en cuanto al cumplimiento de la ley, un Estado consensuado donde la convicción de sus miembros de ser parte del mismo es latente, un Estado capaz de servir por igual a los ciudadanos, un Estado que reconoce las diferencias, pero que responde a la naturaleza multiétnica; un Estado que implementa políticas públicas que estimulan la convivencia y brinda igualdad efectiva de derechos sociales políticos y económicos para toda la población culturalmente diferenciada, un Estado también que representa y expresa los intereses de toda la sociedad y vela por el bien común.

Es así como el Estado plural se convierte en una aspiración permanente de construir una nación, de tener una ruta que busque el desarrollo y que construya la paz que tanto anhelamos y necesitamos los guatemaltecos. Entonces, el Estado plural es una convicción estructural imperativa para el cambio de la realidad actual, donde los objetivos del milenio del país muestran retrocesos en algunos indicadores.

Necesitamos un Estado capaz de disminuir esa pobreza, donde la mayoría de pobres pertenecen a pueblos indígenas y pueblos rurales, y también hacer frente a los efectos del cambio climático. De todos es sabido que Guatemala es el cuarto país en vulnerabilidad por eventos climáticos en el mundo. Por lo tanto, también es importante tener un Estado fuerte que haga frente a la disminución de los problemas de salud, de esa desnutrición crónica de la cual uno de cada dos niños padece en este país. Somos el Estado de América Latina con la desnutrición mayor y el cuarto en el mundo. Como que nos gusta el cuarto lugar en todos los indicadores negativos.

Es necesario construir ese Estado plural que cambie esa realidad. Me alegra aquí coincidir con algunos de los ingredientes que el Dr. Stein expuso. Igualmente nosotros estamos aportando parte de estos ingredientes para construir esa gran receta y soñar con tener en un futuro ese Estado que tanto anhelamos.

Nosotros nos planteamos tres elementos necesarios.

Primero, entre los instrumentos legislativos se encuentra la reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esto significaría encontrarnos en nuestras coincidencias y propiciar un pacto de nación, un pacto social, necesario para construir un consenso de nación y construir todo lo que hace falta.

Reconocemos y valoramos todos los avances que hay en cuanto a tomar en cuenta hechos de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, hay un avance normativo nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, este avance es más cuantitativo y lamentablemente no coincide en lo cualitativo. Es decir, la implementación de toda esta normativa vigente ha sido insuficiente.

Es así como también coincidimos con la trilogía de leyes que mencionaba el Dr. Stein, como la ley de idiomas nacionales por ejemplo. Sin embargo, la aplicación es muy escasa, por lo que es necesario que hagamos esa reforma a la Constitución por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. No partiríamos de cero, tenemos ya toda la experiencia de los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. También tomaríamos parte de los insumos que se utilizaron en la Consulta Popular de 1999.

Otro instrumento legislativo sería la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esto significa la regulación específica en cuanto a los recursos financieros de las instituciones electorales, partidos, comités cívicos y comités pro formación, la transparencia en el origen y el uso de los fondos y todo lo relacionado a implementar un sistema de elecciones primarias, con el fin de abrir más espacios de participación a toda la ciudadanía. Lo anterior, reforma de la Ley electoral y de partidos políticos, permitiría iniciar la construcción de confianza y propiciaría el incremento en la participación política, especialmente de los pueblos indígenas.

El tercer instrumento que nosotros proponemos reformar, es la Ley de Servicio Civil. En este sentido, se hace necesaria la definición de criterios de selección, evaluación y promoción del funcionariado público. Es necesario crear una virtud cívica, espíritu de servicio y tolerancia en el funcionariado público. Es necesario tener un servicio civil que funcione de acuerdo a la realidad de la sociedad. Eso implica, por supuesto, transformaciones profundas, como hacer valer esa ciudadanía, según comentaba el Dr. Stein.

Imaginémonos una mujer can jobal, una persona monolingüe, que se acerca a un centro de salud para requerir atención y es atendida por un médico hombre que no habla su idioma. Entonces, ¿de qué ciudadanía hablamos?

Imaginémonos, igualmente, alguien que está siendo juzgado en los tribunales. En ese sentido, no necesitaríamos tener traductores, si el sistema de justicia en el país realmente respondiera esa realidad nacional, en donde el ciudadano tenga derecho a ser juzgado en su propio idioma.

Igualmente identificamos grandes desafíos. El primero de ellos, en la construcción de este Estado plural, sería la comprensión misma de lo que es un Estado plural y sobre la necesidad de iniciar su construcción. Para muchos es necesario, es imperativo hacerlo, sin embargo, hay sectores de la sociedad, donde consideran que no es necesario, donde es conveniente que la realidad siga igual y que el sistema siga igual, porque actualmente trabaja a su favor.

También coincidimos aquí con la construcción de la ciudadanía. Una ciudadanía que vaya mucho más allá de enseñar principios constitucionales y de enseñar sobre cómo funcionan las instituciones públicas. Esto implica infundir hábitos y virtudes en los miembros de cada generación para crear responsabilidades cuando ejerzan su derecho de ser ciudadanos. Esto implica crear cualidades y actitudes en cada uno de los ciudadanos. Implica crear una auténtica comprensión y aceptación de la diversidad, del cómo el otro entiende la vida, una capacidad de tolerar y trabajar junto a otras personas diferentes y sobre todo infundir el deseo de participar activamente e involucrarse en el proceso público para generar el bien común. También implica promover la rendición de cuentas de quien ejerza la función pública.

Es importante promover las capacidades para lograr una vida plena, es decir, crear las condiciones materiales. Aquí coincidimos nuevamente con la promoción de políticas públicas que ataquen los efectos de segregación histórica.

En este sentido proponemos cuatro puntos: 1) Institucionalidad democrática: crear, propiciar la apertura de espacios políticos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 2) Modelo económico: un modelo que sea pertinente, que genere condiciones de sustentabilidad a mediano y a largo plazo. 3) Educación y salud: crear políticas que respeten las particularidades de los pueblos indígenas. 4) El tema de tierras: crear formas diferentes para democratizar la tenencia de la tierra, el respeto a la tierra colectiva, la regulación sobre el uso y posesión de la misma.

Básicamente son insumos que nosotros desde el organismo Naleb´ estamos aportando a este debate. Yo terminaría aquí con mi intervención.

Dr. Adrián Zapata: Muchas gracias, M.A. Citalán, toca ahora el turno del colega Hugo Us.

MA. Hugo Us: Muy buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar quiero agradecer la atenta invitación de ASIES para aportar mis reflexiones sobre este tema tan importante para el país y tener el honor de compartir con una concurrencia tan distinguida. Quiero felicitar el esfuerzo que están iniciando y enfatizar en este seminario permanente sobre un tema en el que ASIES tiene la plataforma institucional para generar algún diálogo entre diferentes actores de la sociedad. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas, que ASIES lo haya abanderado y ojalá que se fortalezca cada vez más.

Mis comentarios coinciden de alguna manera con lo que han dicho mis antecesores y tengo otras reflexiones o ángulos diferentes de ver el tema, de lo que considero deben de ser los cambios que necesita el Estado y la sociedad, porque al final, el Estado es parte de la sociedad. Ese Estado por sí mismo no se va a retransformar, si la sociedad no asume, no está convencida de que esos cambios son necesarios. Entonces creo que es en ambas vías.

Coincido con lo que se ha dicho. Para el cambio que se requiere, es inevitable la refundación de la República. Ante la forma en que nació el Estado guatemalteco con su carácter criollo, monocultural con la doctrina racista, con el despojo económico a los pueblos indígenas, es inevitable que la vía sea por la refundación del Estado.

Creo que el debate es más bien, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que esa refundación sea posible y que se supere la naturaleza monocultural y corporativista del actual Estado? ¿cuáles son las acciones que nos permiten caminar hacia un Estado fuerte y funcional?

Tomo las palabras de uno de los pensadores sobre los Estados modernos. Se entienden los Estados fuertes y funcionales en el sentido que son impersonales, tienen un grado de centralización del poder, son gobernados por medio de procesos institucionalizados de toma de decisiones y poseen un reconocimiento de la soberanía que ejercen sobre su territorio. Por lo tanto, tienen control de entrada y salida de las personas e identidades. Al contrario, en un Estado disfuncional, o un Estado fallido, el Estado es controlado por un grupo de personas, una cultura determinada, una familia o un grupo de familias.

Este proyecto también implica la redefinición de las fronteras político administrativas en función de la naturaleza multicultural de la sociedad, como han dicho antes: dar un servicio civil multicultural.

Yo creo que debe de asumirse como una política de Estado, por un lado, la enseñanza del idioma español como idioma franco, que permita el diálogo entre las diferentes culturas. Pero que también sea requerida la enseñanza de un idioma nacional en todas las escuelas públicas y privadas del país, como es el caso, por ejemplo, de la India, España, Bélgica y otros países. Esa es la manera en la cual sí se asume la interculturalidad con la seriedad del caso.

También implica una discusión profunda sobre la relación entre el Estado y el mercado y sobre los principios fundacionales del nuevo Estado. ¿Es ese Estado de tendencia liberal o va a ser de tendencia socialista? Comentaba el otro día, por ejemplo, que Bolivia ha decidido otro camino. Entonces ése es un tema que hay que debatir, cuál es la tendencia y cuáles son los principios fundacionales de ese nuevo Estado.

También hay que considerar el papel y la contribución del país en el concierto de las naciones, sobre todo, cuando sabemos que cada vez más los países son interdependientes. La soberanía es cada vez más un concepto que pierde significado o adquiere un significado nuevo a la luz de la globalización, con crisis económicas y con mayores posibilidades de contagio de las crisis financieras. Es necesario avanzar en el desarrollo del país, pero sin perder o sin amenazar la identidad de los pueblos indígenas.

Yo creo que hay que pensar en cuál es el modelo económico que se requiere, el que permita fortalecer o incluso rescatar, en el caso de los pueblos indígenas minoritarios, su identidad y su cultura. Casos como el de Japón y otros países asiáticos muestran que eso es posible. De hecho, el propio crecimiento económico con desarrollo tecnológico de un país con una cultura como Japón, le ha permitido revitalizar y compartir su cultura hacia otros países. Esa refundación también debe darse en condiciones tales que permitan a los pueblos mayas, y los pueblos indígenas en general, discutir y proponer en igualdad de condiciones en una eventual Constituyente, que incluya la participación de organizaciones no partidistas; por ejemplo, comités cívicos, asociaciones ciudadanas, etc.

Creo que hay que considerar los riesgos y las ventajas de una eventual Constituyente, y las condiciones bajo las cuales esa se deba dar. Así como está el sistema de partidos actual, podría ser una regresión de lo que se ha alcanzado, si no se consideran esos riesgos y si no se avanza en un diálogo preliminar.

También es necesario retomar las reformas a las leyes electorales y de partidos políticos. Creo que los gastos de campaña deben considerarse como un bien público, y que los partidos políticos deben financiarse con fondos públicos para minimizar o reducir los riesgos de intereses negativos al país. Con eso nos ahorraríamos bastantes gastos y riesgos para la democracia del país. Yo creo que debe concebirse como un bien público, lo que implica fortalecer el Tribunal Supremo Electoral con una orientación multicultural.

Sin embargo, no quisiera dejar nada más en el ambiente, que el cambio tiene que ir por la vía de las reformas institucionales o legales. Ciertamente, las instituciones son importantes, pero si no trabajamos en unos nuevos retos de la sociedad, en una nueva forma de verse a sí mismo, esos cambios que tenemos en el Estado van a ser de alcance muy limitado; incluso, pueden fracasar.

De la misma manera, no se puede hablar de interculturalidad, cuando tenemos un Estado monocultural, en el cual hay condiciones asimétricas y desiguales entre regiones interétnicas, como es en la actualidad. Por eso creo que sí hace falta una especie de terapia colectiva, por así decirlo, para reeducar a la sociedad y superar lo que yo llamo la “esquizofrenia cultural”. Esta “esquizofrenia cultural”, por un lado, hace ver al país con cierta nostalgia y “ensalsar” su legado maya al estar fuera, pero al estar aquí, se discrimina a la población maya. También, al indignarse por el trato que se le da a los migrantes en Estados Unidos, cuando no se reflexiona, si los pueblos indígenas de aquí en Guatemala están siendo tratados como ciudadanos de primera categoría. Eso es lo que yo llamo “esquizofrenia cultural”.

Superar la ideología del racismo y la práctica de la discriminación implica intensificar una educación que promueva la creación de sujetos nacionales interculturales, tanto en la educación escolar desde la preprimaria, como la no escolar. Pensemos, por ejemplo, en la población adulta de trabajadores que no tienen acceso a una educación formal. ¿Cómo los reeducamos en una sociedad intercultural que aspira a un Estado multicultural?

También creo que es importante involucrar activamente a todas las universidades del país, de manera que la educación superior llegue a los estudiantes indígenas y forme a futuros profesionales que contribuyan a una sociedad intercultural y a un Estado multicultural. Mucha de la resistencia es debida a la formación o la deformación profesional que se recibe en las universidades. Ésta es como una barrera ideológica que no permite avanzar ese tipo de debates y los cambios que se requieren.

En particular creo, que hay que ampliar la enseñanza de las diversas doctrinas ideológicas, superar el materialismo histórico y el liberalismo que promueve lo que yo llamo “fundamentalismo de libre mercado”. En todo caso, sería necesario reinterpretarlos a la luz de las demandas del multiculturalismo.

También creo que hace falta reorientar el papel de los medios de comunicación hacia el respeto de las diferencias culturales, y penalizar todo tipo de difamación con motivos racistas o discriminatorios en programas de la radio, la televisión, el teatro, los medios escritos, etc. En países con democracias sólidas, como Europa Occidental o Estados Unidos, cuestiones que se dan aquí son penalizadas allá. Aquí se siguen dando dichas situaciones a diario.

Este desafío del Estado multicultural y la sociedad también implica al sector privado, de manera que se entienda y se respete la lógica colectiva que orienta a los pueblos indígenas en el ámbito económico, y su particular relación con el mercado como institución. Debe reconocerse a la población indígena como protagonista en sectores de la economía nacional.

Para terminar, dos pequeños comentarios de lo que considero debe hacerse.

El primero es redefinir el papel de la arqueología, que esté al servicio de una sociedad intercultural y que reconozca y vincule la herencia maya antigua con la presente. Ha calado muy hondo en la sociedad la creencia que los mayas antiguos no tienen nada que ver con los mayas actuales. Yo creo que la arqueología no ha ayudado necesariamente a esa reivindicación y esa valoración.

Finalmente creo que se requiere que las iglesias dominantes en la sociedad asuman un papel ecuménico y más tolerante con todas las expresiones religiosas y espirituales y, de esa manera, puedan resarcir la persecución y el daño que se ha causado históricamente a la práctica de la espiritualidad maya. Recordemos que la conquista y la colonización no se dieron solo por medio de la espada, sino por medio de la cruz.

Entonces, si realmente estamos pensando en una sociedad intercultural o un Estado multicultural, creo que todos los actores importantes de la sociedad tienen que asumir un papel, y estos son algunos de los insumos y reflexiones que yo quería compartirles, muchas gracias.

Dr. Adrián Zapata: Muchísimas gracias, maestro Us, toca ahora el turno a la licenciada. Soberanis.

Licda. Catalina Soberanis: Muchas gracias y muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotras y quiero dar un saludo muy especial a las amigas y amigos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, a quienes invité hoy muy especialmente, porque creo que los jóvenes profesionales del derecho tienen mucho interés en esta temática que hoy estamos analizando. Quiero unirme también al reconocimiento de ASIES, por abordar el desafío de iniciar este debate sobre la construcción del Estado multicultural.

También me benefi cio muchísimo de ser la última, ya que he podido escuchar los aportes enriquecedores de quienes me antecedieron y, por otra parte, de escuchar la brillante conferencia de nuestro expositor principal. Él nos lanzaba una pregunta en un momento dado de su exposición, sobre la estrategia para la construcción de ese Estado que reconoce la pluralidad, y nos decía que lo más importante, lo que él consideraba como una condición previa, era la construcción de un pacto social.

Entonces, acá surge la interrogante si lo que Guatemala necesita es un pacto social, que sabemos que de alguna manera está recogido en la Constitución de la República, eso es generalmente lo que vemos como el gran pacto social. Él decía que por lo tanto, la Reforma Constitucional debería ser la culminación de ese pacto.

Pero yo me pregunto también si generalmente en estos pactos de élites se hacen pactos sobre mínimos. Es decir, sobre las cosas en que se está de acuerdo, que generalmente son las menos, y son las más, las que nos generan controversia y desacuerdo. Entonces, eso implica decidir a qué estamos aspirando ¿a una Constitución mínima de principios, esas constituciones sintéticas que conocemos en varios países del mundo? La corriente actual imperante en América Latina son constituciones desarrolladas.

Entonces yo pienso, que si estamos hablando de una estrategia, vamos de lo general a lo particular de los pactos de cúspides de cúpulas hacia la sociedad. También podemos explorar simultáneamente la construcción de un pacto social desde la base social, desde la comunidad, desde lo local, desde los cambios que se pueden dar en la base de la sociedad.

Por otra parte, quisiera referirme al tema del campo normativo, porque también escuchamos que el derecho debe de alguna manera reflejar la realidad. Pero yo considero que el derecho tanto refleja la realidad, como puede ser instrumento transformador de la realidad. En ese sentido, por ejemplo, los avances que se han hecho en materia normativa respecto a los pueblos indígenas han empezado, por una parte, a sentar precedentes sobre situaciones, en las cuales se ha generado discriminación. Tales situaciones han sido sancionadas precisamente, porque existe esa normatividad que proscribe la discriminación y el racismo.

También se puede avanzar por aproximaciones sucesivas, por ejemplo sobre la reforma constitucional. Se plantea si ésta puede ser por una Asamblea Nacional Constituyente, pero existe también el otro mecanismo de reforma constitucional por voto de los dos tercios de diputadas y diputados del Congreso. En ese sentido, si bien hay aspectos que la Constitución llama pétreos, los cuales son artículos irreformables, como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente puedo dar fe que el artículo que le puso los candados a esos artículos pétreos, es reformable. Es decir, el mismo no se protegió con un candado, precisamente para abrir la posibilidad de una reforma constitucional en dos etapas. Una primera reforma para quitarle el candado a los artículos irreformables, que se refieren precisamente a la naturaleza del Estado guatemalteco, y una segunda reforma que sería para reformar dichos artículos. De manera que no es imposible la reforma por el otro mecanismo que la Constitución misma establece.

Así pues, yo creo que lo más importante es precisamente identificar cuáles son esas oportunidades propicias para el cambio desde la estructura del Estado. En ese sentido, pienso que una futura reforma constitucional tendría no solamente que abordar la naturaleza de la estructura del Estado, sino recoger los nuevos avances del derecho internacional, tales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los aportes del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto debido a que en el momento en que la Constitución vigente se redactó, estas corrientes doctrinarias no estaban suficientemente desarrolladas.

Pienso que en una futura reforma constitucional deberían tomarse como referencia e introducir en el ordenamiento nacional esos principios ya recogidos en el derecho internacional. Por otra parte, será necesario abordar los componentes de la estructura del Estado, que tradicionalmente la doctrina nos dice que son territorio, población y orden jurídico.

Tiene que debatirse de nuevo el concepto de territorio, no solamente desde la perspectiva de la soberanía, sino también sobre cuáles elementos ejerce soberanía el Estado. Por ejemplo, el subsuelo en el cual existen recursos minerales. En este momento se considera que el subsuelo es potestad exclusiva del Estado. Se hace necesario definir la manera en que van a ser explorados y explotados los recursos naturales del suelo y del subsuelo.

Es precisamente esta temática la que está generando grandes problemas en la actualidad. Tenemos más de cuarenta consultas populares, auto-convocadas por comunidades indígenas o municipios en donde la población mayoritaria es indígena, que han rechazado la exploración o la explotación de sus recursos naturales. Entonces tenemos que asumir ese debate sobre el concepto y las implicaciones del territorio.

Cuando hablamos de orden jurídico, también deberá debatirse el tema del pluralismo jurídico. En Guatemala existen precedentes y sentencias en las cuales se ha reconocido la aplicación del derecho indígena con valor de causa juzgada. Esto quiere decir que la realidad en este momento va adelante de esa reforma constitucional. Una reforma constitucional vendría a reconocer una realidad ya existente en Guatemala.

Por otro lado, comento sobre el componente de población. Es necesario el reconocimiento de una ciudadanía plural. En la composición de la población guatemalteca en este momento, como se ha dicho, coexistimos diversos pueblos y se pueden generar nuevas reglas de convivencia intercultural.

Yo en este punto me refiero a la doctrina de una destacada jurista costarricense, que se llama Alda Facio. Ella nos dice que el derecho no es solamente la norma escrita o no escrita, sino que tiene tres dimensiones: la dimensión normativa, la dimensión institucional y la dimensión cultural. Las normas de convivencia precisamente se inician en el ámbito familiar y trascienden a la comunidad y luego se consagran en el Estado.

Sin embargo, tenemos normas de convivencia en todos los ámbitos. Entonces, se requiere una transformación en el ámbito normativo, pero también en el ámbito institucional. También hay que ver los comportamientos institucionales, en donde tiene cabida lo que antes señalaba la colega Citalán, sobre un servicio civil con pertinencia cultural. Las instituciones deben reconocer esa diversidad y ser estructuradas para prestar un servicio reconociendo esa diversidad.

Por otro lado, en la convivencia diaria, el componente importante es la educación. Por una parte, la educación intercultural sucede especialmente en la educación no formal. Ésta no se da solamente en la escuela, sino que se produce en otros ámbitos de la sociedad. En este sentido, el papel de los medios de comunicación social es fundamental para este cambio sociocultural.

También me quisiera referir a lo que aporta la política y lo que pueden aportar los partidos políticos en este cambio. Es a los partidos políticos a quienes correspondería, eventualmente, una reforma constitucional.

Sin embargo, en el ámbito de la participación política también puede haber cambios sustantivos. Por ejemplo, en una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se podrían definir sub-circunscripciones. Es decir, cambiar de la circunscripción meramente departamental a circunscripciones menores, que pudieran tener criterios socioculturales para la formulación de esos distritos. De esa manera, en un lugar donde la población indígena sea mayoritaria, habrá más oportunidad de que salgan electos diputados de esas poblaciones. El anterior ejemplo es un tópico que no requiere una reforma constitucional. Incluso manteniendo la actual circunscripción electoral permitiría reconocer la diversidad al interior de los distritos electorales.

Otro punto que ni siquiera requiere reforma de la ley electoral lo podría implementar el Tribunal Supremo Electoral al extender las mesas electorales a todas las áreas rurales, y no solamente al muestreo que se hizo en la elección anterior. De hecho, en la elección anterior se dio un cambio muy importante en la votación del ámbito rural. Al facilitarse el acceso a las mesas electorales de la población rural, muchos resultados y muchas tendencias electorales cambiaron. Por lo tanto, crear mesas electorales en todo el país, en todas las comunidades que tengan el número de electores suficiente, genera una gran oportunidad de participación política.

Por otro lado, está la aplicación de las leyes existentes como las leyes de descentralización que ya mencionó el Dr. Stein. Tenemos esta “trilogía” de leyes de descentralización: el Código Municipal, La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y la Ley General de Descentralización.

Estas ya tienen normas relativas a la participación de las comunidades desde su propia perspectiva y formas de organización propia. Por ejemplo, para la elección de los consejos comunitarios de desarrollo, para la participación en las instancias que define el código municipal, y también como principios generales en la descentralización del país.

Considero que todos los elementos que estamos discutiendo tienen una dimensión que puede traducirse en un cambio normativo. Precisamente, al referirnos a los partidos políticos, tenemos que reconocer, por la propia consulta que se ha hecho a los partidos, acerca del poco conocimiento que tienen sobre la diversidad. Es muy importante que esta temática se introduzca en la formación de los partidos políticos y en sus programas de gobierno. Como decía antes, también en las formas de participación, que desde los propios partidos se pueden dar a los diversos sectores de la sociedad; concretamente, a los pueblos indígenas. Muchas gracias.

Dr. Adrián Zapata: Gracias, licenciada Soberanis. Sin la pretensión de definir el contenido del conversatorio, sino que con el simple ánimo de sugerir alguna orientación, yo sugeriría tener presente nuevamente el tema de una estrategia para la construcción de un Estado que sea el correspondiente a una sociedad multicultural. Digamos, ese es el desafío estratégico que se plantea en este diálogo. En relación con eso, aquí se ha escuchado una diversidad de consideraciones y de propuestas de distintos niveles.

Adicionalmente, yo incursionaría en una reflexión. Parecería, y lo hablábamos un poco con el doctor. Stein al principio, que aquí estamos como hablando entre convencidos. Es decir, podrán haber algunas diferencias o algunas complementariedades, pero al final de cuentas hay un común denominador en relación a la necesidad de la transformación de ese Estado.

Mi pregunta es, si será esa la situación predominante a nivel nacional. ¿Cuáles son los retos que tenemos, en relación a los que no participan de este denominador común? ¿Son esas resistencias de tal magnitud que hacen este proceso difícil de avanzar? Yo plantearía eso como una primera reflexión. Pensemos qué se necesita para que este diálogo permanente sea un diálogo no solo entre los convencidos. Pensemos también cuál es la estrategia para que este diálogo transcienda a los convencidos de casi toda la vida.

El segundo elemento que quisiera señalar es: ¿Qué pasa, si no se hace nada? y ¿cuál es el escenario tendencial que nos podría estar planteando la situación actual? En ese escenario tendencial, de no hacer nada, también hay que recordar que la magnitud del problema no solo está relacionado con aspectos de orden cultural. Al final de cuentas, los pobres, los extremadamente pobres y los excluidos también lo son en términos socioeconómicos. ¿Cuál es la relación entre los elementos socioeconómicos y los diferentes elementos superestructurales de los que hemos conversado?

Por último, plantearía el tema de si estamos leyendo todo esto en clave de ciudadanía. Tal como nos lo ha planteado el abordaje del doctor Stein, el Estado y la debilidad del Estado va desde lo fiscal hasta lo institucional, etcétera. Entonces, yo plantearía por lo menos tres sugerencias, que son las anteriormente referidas.

Resumo los temas: ¿qué hacer con los que nos son conversos? y ¿cuál es el escenario tendencial de no hacer nada? Sin intenciones de interpretación catastrófica, no sé quién quisiera iniciar con el diálogo.

MA. Irma Citalán: La inicio yo. Bueno, en cuanto a la estrategia ¿qué hacer? ¿cómo entrar a esta construcción de todas las ideas excelentes que el día de hoy estamos aquí intercambiando?

Hemos identificado algunos puntos coincidentes. Uno en cuanto a toda la investigación y análisis sobre esa realidad. Es aquí donde es importante partir del conocimiento del pasado. Si no conocemos el pasado, no podemos visualizar un futuro. Entonces aquí es donde una estrategia requiere co-iniciar un resumen académico de la historia. Las universidades, los centros de investigación como ASIES mismo y otros pueden aportar, en cuanto a esos vacíos de conocimiento. Tal vez, se deben realizar estudios sobre cómo se han ido generando esas relaciones inter-étnicas en el pasado.

Sobre los juegos de poder actual, en el área jurídica, ya expusimos la necesidad de reformas instrumentales. Pero aquí también es importante ese acercamiento y diálogo con el sector privado; el poder económico del país. Necesitamos acercarnos a hablar. Tal vez se debería empezar por la educación. Como preguntaba Hugo, ¿cómo reeducar a la población en esta nueva tendencia, en esta nueva necesidad multicultural?

En otro tema del aspecto social, surge la pregunta de cómo armonizamos a nivel de sociedad las prioridades existentes. En este punto se aprecia la importancia del involucramiento de las formaciones indígenas. Frecuentemente nos dicen a las organizaciones indígenas que estamos dispersas, que cada quien va por su lado, que no hay una agenda común para pueblos indígenas. Puede ser que sea así; sin embargo, tenemos temas en común en nuestras luchas.

Nosotros hemos identificado tres: el combate a la pobreza, la lucha contra la discriminación y el racismo, y la reforma del Estado. Estos tres puntos son denominadores comunes. Por supuesto, habrá que retomar un pacto entre las organizaciones indígenas, para que no se sigan dispersando y no sigan actuando aisladamente. Se deben unir éstos denominadores comunes para ponernos en este camino para la construcción de todo el Estado plural.

¿Qué pasa si no hacemos nada? Bueno, seguiremos siendo un país con un Estado débil, un país cada vez más difícil de gobernar, un país aislado de toda esta tendencia mundial de la globalización tecnológica. El movimiento de capitales es un tema al cual no podemos ser ajenos como país. De no hacer nada, estaríamos perdiendo todos por tener un Estado más fragmentado.

Dr. Adrián Zapeta: Muchas gracias.

MA. Hugo Us: Bueno, yo coincido en que hay que empezar por las élites; élites de todo tipo: social, intelectual, económica, política.

Por otro lado, las iniciativas que yo mencionaba, hay que impulsarlas. En algunos casos se necesita sensibilización y convencimiento, pero en otros también se necesita penalización. Se supone que somos una sociedad muy cristiana, que promueve el amor al prójimo; sin embargo, es una sociedad muy racista y discriminatoria. Entonces, no basta el discurso moral, sino que también hay que hacer uso de la legislación. En una sociedad democrática, la legislación envía señales de qué pautas de convivencia son aceptadas y cuáles no.

Creo que vamos a estar de acuerdo con la ex-ministra y ex-viceministra que nos acompañan, sobre el gran esfuerzo que se requiere en educación. No nos referimos tanto a la educación tradicional, sino en cómo cambiar ese imaginario social equivocado que se ha transmitido históricamente. ¿Cómo cambiar esos sujetos nacionales que se han producido hasta la fecha, en sujetos nacionales interculturales dentro del marco de un Estado multicultural?

Creo que es relativamente más fácil enseñar lógica o matemática, que cambiar la mentalidad de la población, sobre cómo vea el otro, los prejuicios, los estereotipos, etcétera. Ésa es una parte importante también. Hay que apoyar la educación en todos los sentidos, en todos los niveles y con todas las audiencias. Si la educación ha producido los sujetos nacionales que tenemos ahora, hay que cambiar los contenidos y la forma en que se ha dado esa educación, para transformar a esos sujetos nacionales. Esto es todo por el momento.

Licda. Catalina Soberanis: Yo coincidiría con lo que ha dicho Hugo acerca de los imaginarios. Creo que es en el corazón de las personas y en la mente de las personas, donde empieza la construcción de una sociedad mejor.

En ese sentido, insistí muchísimo en el papel que tienen los medios de comunicación social en la construcción de esos imaginarios. En el caso de las personas indígenas, seguimos representando la imagen estereotípica de la diversidad, presentándolas siempre vinculadas al folclor, al trabajo campesino, a la arqueología o a la herencia maya. Sin embargo, no presentamos otro tipo de perfi les. Por ejemplo, los empresarios exitosos, de quienes no se pone en relieve su aporte al producto interno bruto.

Recuerdo que, en el caso de las mujeres, nunca se había visibilizado su aporte a la economía nacional y se consideraba que las mujeres solamente aportaban a la economía familiar. Sin embargo, hace algunos años se hizo un estudio para, precisamente, identificar el aporte de las mujeres en el trabajo asalariado y el aporte de las mujeres en el trabajo complementario de los varones en el campo. De esa manera, es posible identificar el costo del aporte de la mujer en el ámbito doméstico. Hacer un estudio similar en el caso de los pueblos indígenas permitiría dejar de ver a sectores de la población como aquellos que esperan que otros les den; sino verlos como los que aportan, los que dan a la sociedad, los que salen adelante por sí mismos o sí mismas, cuando tienen oportunidades.

Es muy importante el papel de los medios de comunicación social en el cambio de los imaginarios y estereotipos acerca de las personas, de acuerdo a la información que presentan y la que ignoran.

Por otro lado, también es importante el efecto demostrativo de la experiencia de otras sociedades, Estados y países que sí reconocen esa diversidad. Hay sociedades que sí organizan, estructuran y norman sus prácticas sociales de manera que exista una convivencia intercultural. Un ejemplo es la manera en que se desarrolla la participación en Europa, especialmente en sus regiones autónomas. Otro ejemplo es cómo se desarrolla en otros países latinoamericanos la explotación de recursos naturales.

Hubo una experiencia en Bolivia, donde una comunidad amazónica rechazó al principio, en la consulta, que una empresa atravesara un oleoducto por el territorio en que habitaba. Sin embargo, la misma empresa solicitó al gobierno de Bolivia que le permitiera acercarse a la comunidad y entablar un diálogo, para que la comunidad pudiera reconsiderar el paso de ese oleoducto.

Entonces, se contactó a personas expertas en diálogo con pertinencia cultural y se desarrolló un proceso entre la empresa y las comunidades indígenas amazónicas. Estos diálogos, incluso, no usaban mucho el lenguaje escrito, sino que imágenes con maquetas, demostraciones en el terreno y otros. Finalmente, se acordaron medidas para la prevención de desastres y medidas de mitigación de efectos nocivos al medio ambiente. Entonces, la comunidad reconsideró la actividad de la empresa.

Es posible conocer experiencias sobre la riqueza que en un Estado puede aportar a la diversidad; y de cómo se puede estructurar un Estado para construir la convivencia de la cual hemos estado hablando.

Cuando nos referimos a quienes se podrían oponer, solemos pensar serían exclusivamente los grupos tradicionales económicos. Adicionalmente se ha mencionado aca que existen otros grupos y sectores sociales que podrían en algún momento adversar estos cambios, porque se benefician de la situación actual. Por ello, es importante desarrollar una estrategia.

Sin embargo, no se puede requerir que los pueblos indígenas primero se pongan de acuerdo, hasta el último detalle, sobre cuál podría ser un proyecto político de los pueblos indígenas. Eso a mi juicio es muy difícil de alcanzar; de hecho, no conozco sociedad en la cual se hayan producido esos acuerdos absolutos.

Tenemos que trabajar con lo que tenemos y reconocer que no hay homogeneidad, ni al interior de los sectores sociales, ni al interior del resto de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, se trata de construir un proyecto político, un proyecto nacional de verdad. Guatemala puede realmente encontrar una forma de convivencia entre pueblos y entre estratos sociales, y así verdaderamente podamos avanzar.

Dr. Adrián Zapata: gracias Caty.

Dr. Ricardo Stein: Es difícil decir algo inteligente después de todas estas intervenciones. Me parece que hay dos cosas, que sí son en este momento esenciales.

Nos hace falta un mapa topográfico de actores políticos y sociales. Tenemos una idea muy estereotipada de lo que es nuestra sociedad. A pesar de que del diente al labio estamos proponiendo o tratando de proponer cosas fuera de la caja, cuando hacemos referencia a las cuestiones específicas y concretas, estamos en la caja. No nos hemos salido. Entonces, lo primero es la construcción necesaria y obligada de una nueva geografía humana, respecto de quiénes son los actores políticos y sociales en este país. Incluso es un elemento absolutamente necesario para que, a la hora de plantear pactos políticos y sociales, se sepa quiénes tienen que sentarse a esa mesa; que estén todos los que deben estar y que no falte ninguno.

Lo segundo, hay un elemento que es particularmente sensible, alrededor del cual hemos estado platicando, los aspectos evidentemente ideológicos, evidenciados en las referencias a la educación, las referencias a las iglesias, las referencias a los medios de comunicación. Esa parte ideológica de la sociedad probablemente es la que está más contaminada. Ahí, lo que hay que hacer, es realmente pensar en los ejercicios, no solo de reconstrucción de nuevos imaginarios, sino de la deconstrucción de los antiguos. No creo yo que sea la misma cosa sustituir un imaginario por otro. Hay que deconstruir los imaginarios y los estereotipos, sobre los cuales hemos estado alimentándonos durante tanto tiempo.

Por último hay un tercer elemento. Si hacemos un inventario concienzudo de lo que ha pasado en esta sociedad, por lo menos en los últimos quince años, llegaríamos a la conclusión que efectivamente ha habido una cantidad impresionante de esfuerzos de diálogo multicultural. Estos han sido alrededor de temas muy concretos, por ejemplo, el pacto fiscal y otra serie de debates. Hemos estado buscando consensos y concertaciones entre una multiplicidad de actores, los cuales ya generan una práctica realmente importante de cómo llegar a acuerdos. Falta tal vez la parte más importante: ¿Cómo hacer que los acuerdos se cumplan una vez llegamos a ellos? ¿Qué son las cosas que interrumpen? ¿Cuáles son los factores que bloquean? ¿Qué obstaculiza y hace que los acuerdos a los que se llega se descarrilen?

Yo pienso que si hacemos esa nueva topografía, llegaríamos a la conclusión de que por lo menos en la parte lícita de la sociedad, y estoy hablando ahora cuidadosamente, las coincidencias alrededor de cierto tipo de temas son más abundantes que las discrepancias. Adicionalmente, observaríamos que las discrepancias muchas veces están atadas a temores “satánicos”, para ponerlo de alguna forma.

Hoy, la sociedad en su conjunto está amenazada por una serie de factores de poder ilícito, ilegítimo, ilegal. También hay coincidencia respecto de una gran cantidad de sectores, de que estos son realmente los enemigos de la paz y de la convivencia. Ahí hay un factor y una oportunidad en donde hacer causa común alrededor del combate a ese tipo de situaciones. El combate a la impunidad, el combate al crimen organizado, etcétera, nos ponen en línea a revelar las reservas importantes que se encuentran en la diversidad como formas de resistencia. Yo creo que esa es una oportunidad que todavía no hemos valorado suficientemente.

Dr. Adrián Zapata: Muchas gracias. Bueno, hablando de la parte lícita de la sociedad, que ya no sabe uno si es todavía minoritaria o no, hago referencia a eso ante la acumulación histórica de la problemática y ante la urgente necesidad de cambios de orden social y político.

Debemos comprender que esos cambios no suelen ser armónicos, sino que suelen desarrollarse en medio de procesos contradictorios. Aunque aclaro que ser contradictorios no significa necesariamente que sean antagónicos. Sin embargo, sin duda son contradicciones, que se expresan en los procesos de cambios sociales y políticos, debido a la carga histórica y la urgencia, que muchos actores pueden sentir sobre la necesidad de esos cambios. La dificultad de llevarlos a cabo exige la idea de la gradualidad en esos cambios. ¿Cuál es el rol que juega la idea de la gradualidad en esos cambios ante la demanda histórica acumulada?

Eso puede llevarnos a concluir que, para que un Estado sea coherente con la sociedad, tenemos que transformarlo. Hay quienes dicen que hay que refundarlo; ya sea hacer un nuevo pacto social, cambiar la constitución, etcétera. Sin embargo, ¿Cuál es la gradualidad que nos puede llevar, precisamente, a no ignorar los procesos contradictorios, sino canalizarlos en soluciones y, de esa manera permitir el desarrollo en un marco de gradualidad? Ya que no es posible que estas urgencias se satisfagan en el corto plazo: ¿Cómo manejar la urgencia de un nuevo pacto social de refundar el Estado con la realidad tal como es?

El Dr. Stein decía que antes de pensar en reforma constitucional, debemos pensar en la construcción de pactos sociales. Yo lanzaría la idea, ante la urgencia que sentimos, de cómo manejar el tema de la gradualidad que debe existir en el proceso de transformación. Dicha gradualidad no se constituye en procesos que inhiben cambios, sino que provocan cambios en el proceso de desarrollo. ¿Cómo manejar la urgencia con la necesidad de la gradualidad?

Licda. Catalina Soberanis: Bueno, en realidad, yo he expuesto la tesis precisamente de la gradualidad. Mi aproximación contempla eventos sucesivos, probablemente porque vengo del campo de la política, que es el arte de lo posible. Si queremos ir de la sociedad que tenemos a la que queremos, lo que habría que identificar son algunos procesos que puedan ser desencadenantes de otros procesos mayores.

En ese sentido, la apuesta a lo local es una apuesta importante para generar cambios desde lo local. En los ámbitos municipales de algunas regiones es donde se está librando en este momento la batalla entre lo lícito y lo ilícito. Un tema a estudiar sería la apuesta hacia lo local como generador de procesos de cambio.

Otro elemento de cambio gradual es el campo normativo. Con la información que ya tenemos disponible, es necesario identificar espacios y modificaciones, que al principio podrían parecer menores, pero a la larga pueden producir efectos positivos no tan fáciles de revertir.

Finalmente, insisto en que la apuesta al cambio involucra a los medios de comunicación social. Estos y los nuevos medios electrónicos de comunicación son los medios más cercanos a las persona, incluso, influyen muchísimo más en las personas de lo que se hace muchas veces en la educación escolarizada.

Yo le apostaría a esos tres tipos de procesos: lo local, lo normativo y los medios de comunicación.

MA. Irma Citalán: Para empezar las acciones inmediatas, de cara al próximo proceso electoral, yo apelo a la participación ciudadana. Me refiero a la participación en todo, de aquí al proceso electoral y después. El involucramiento de todos en el quehacer político es importantísimo, incluso participar en comités cívicos.

Por supuesto, la participación política de los pueblos indígenas no puede darse como tradicionalmente ha sido. Hay algunas formas de participar que son insuficientes, como cuando las mujeres solo asisten para hacer el café o la comida, o cuando se llama a los jóvenes únicamente para pegar volantes. Necesitamos que sea una participación real.

Una participación adecuada permite el involucramiento de estos grupos en planillas de corporaciones municipales, en postulaciones para puestos de elección en el Congreso, y ¿por qué no decirlo?, para la Vicepresidencia o Presidencia de la República. Se necesita abrir la participación en el quehacer público y en los puestos de toma de decisiones; también, tipos de participación política en espacios locales, como la junta escolar del distrito, son parte importante del proceso.

Por otro lado, es imperativa la implementación real de los instrumentos normativos. Ya hemos visto que existe toda una gama de legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas. Solo con aplicar la Ley de idiomas nacionales vigente, estaríamos dando pasos importantes en la construcción de Estado que queremos.

MA. Hugo US: Yo creo que la pregunta realmente es muy compleja, por lo que es difícil dar una respuesta sin riesgo de ser simplista. Para esa pregunta, que es más de estrategia y de largo alcance, creo que ya están delineadas algunas acciones. El arte radica en cómo ordenarlas.

Una de las últimas etapas sería la Constituyente; en caso que ese fuera el camino. Sin embargo, justamente por la realidad y la naturaleza de las relaciones interétnicas que ha habido en el país, las cuales han sido tan traumáticas y tan difíciles, creo que aún hay que preparar mucho las condiciones previas. Hace falta trazar una hoja de ruta y ordenar las acciones de una manera estratégica, de forma que permitan desencadenar otras, como decía la licenciada Soberanis. Tales acciones deben permitirnos avanzar de una manera progresiva.

A propósito de las elecciones que vienen, sería bueno que los partidos políticos expliquen cuál será su agenda programática para conseguir un Estado multicultural. Después, hay que generar un diálogo, y comprometer a los partidos con los acuerdos que se alcancen. Bien que mal, creo que se ha ido avanzando poco a poco en esa dirección durante los últimos años. Por lo menos vemos en los planes de gobierno que plantean algo. Eso ya es un avance, comparado con lo que había antes, cuando ni siquiera les pasaba por su mente el tema. También hay que ver esa tónica positiva sobre lo que se ha avanzado en el Estado y en sus diferentes organismos. Creo que sí hay una base de dónde ir construyendo.

También ayudaría mucho ilustrar sobre todo a los no convencidos; hacerles ver que una sociedad intercultural, un Estado multicultural, no solo sí es posible a la luz de la vivencia de otros países, sino que además es un objetivo necesario. De lo contrario, vamos a seguir en un “nudo gordiano” del constante cuestionamiento de la legitimidad del Estado. Las amenazas a la gobernabilidad causadas por no reconocer la multiculturalidad no son buenas, ni desde el punto de vista político, ni el económico. La situación actual provoca una constante amenaza a la legitimidad del Estado, y las ingobernabilidades recurrentes implican una mala calificación de riesgo para el país, lo cual es una alerta para los inversionistas nacionales o extranjeros.

Entonces, hay que saber cómo plantear los ángulos y el lenguaje a utilizar, que las audiencias de no convencidos entienden.

Dr. Ricardo Stein: Es difícil no responder a la provocación. Creo que estamos en mentalidad de “acupuntura china”, de buscar aquellos procesos que son realmente estratégicos, y esto frente a los procesos que se parecerían al “masaje turco ruso”, donde te masajean de la cabeza hasta los pies, te dejan totalmente aguado, pero no necesariamente con energía.

Aquí se ha dado una serie de sugerencias que permiten un gradualismo acelerado; no un gradualismo que “entretiene la nigua”, como dicen, sino que realmente fuera un “gradualismo de acicate” y, de esta manera, poder acelerar una serie de procesos que están maduros para generarse en este momento.

De acuerdo a las sugerencias que hacía Catalina, es posible avanzar sin una reforma constitucional, al generar una serie de cambios en la normativa que posibiliten situaciones positivas. Cada cosa que mencionamos nos lleva a un actor clave: los partidos políticos que están en el Congreso. Ellos son quienes en última instancia van a tener que determinar qué se aprueba, qué no se aprueba, y quiénes van a estar en el poder en un momento determinado haciendo gobierno. Por lo tanto, de ellos depende generar políticas públicas que pueden ser más o menos pertinentes en términos culturales.

Yo diría que es en el polo contrario a los partidos políticos, la sociedad civil, sobre quiénes hay que actuar. Hay que pensar cómo actuar, para que ese gradualismo acelerado se pueda materializar. Se necesita la presión social de una ciudadanía que efectivamente exija y demande, una ciudadanía empoderada por el hecho de ser sujeto de derecho y no un objeto de privilegios y cargas del Estado.

Creo que estamos en una ciudadanía que ya tiene esas características, que realmente existe, y lo que necesita es galvanizarse alrededor de este tipo de temas y empezar a exigir. No deberíamos de empezar a temerle a lo que hasta este momento son puras movilizaciones, que no necesariamente van a ningún lado; manifestaciones que básicamente, en términos urbanos, interrumpen el tráfico podrían fácilmente convertirse en movimientos sociales que exijan. Esto es un proceso, del cual no hace falta bolita de cristal para saber que está a la vuelta de la esquina.

Dependerá de la capacidad y la tenacidad de nuestros políticos, responder al reto con sugerencias como las que puedan estar saliendo de este seminario. Yo en ese sentido soy optimista, no le tengo mucho miedo a esto.

Dr. Adrián Zapata: Muchísimas gracias por las exposiciones. Es mucho más fácil ser provocador que moderador, pero es mucho más difícil aún pretender sacar conclusiones de exposiciones con tanta riqueza.

Yo solo diría, para finalizar y circunscribirme a los horarios establecidos en la agenda, que esta iniciativa de ASIES no inicia el diálogo sobre la materia, tiene antecedentes; existe un proceso previo lucha histórica y contemporánea.

Sin embargo, la iniciativa de ASIES es de valorar. Hay actores e inteligencias en este país que, dependiendo de quién es el actor que promueve una idea, así es la receptividad que tiene la misma. Entonces, desde esa perspectiva y con toda la trayectoria que todos le reconocemos a ASIES en este país, que asuma este tema como el principal del diálogo permanente, es un aporte para involucrar a nuevos actores, por lo menos en el proceso de reflexión.

Lo otro es observar que el proceso electoral, el cual está a las puertas de atrás, porque ya comenzó, nos podría plantear una ventana de oportunidad para discutir este tema.

Muchas gracias a ASIES por la invitación a moderar. Gracias a ustedes por sus aportes.

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A partir del año 2010, ASIES decidió sustituir el Seminario permanente sobre el rol de los partidos políticos, que realizó durante 25 años, por otro con un tema más amplio: “Estado y sociedad en un contexto multicultural”.

El primer seminario de la nueva serie se titula “Desafíos y oportunidades para la construcción de un Estado plurarl”. ASIES, sin ser experta, aborda esta temática a menos de un año de las próximas elecciones generales del 2011, con el objeto de sensibilizar y hacer reflexionar a importantes sectores políticos y sociales sobre esta difícil temática.

Mediante una mejor compresión de la situación histórica de desventaja en que se encuentra la población indígena frente a la población mestiza para hacer valer sus derechos, se espera provocar una mayor disposición al diálogo intercultural y a la búsqueda de soluciones a las demandas particulares de la sociedad multicultural guatemalteca, que se reflejen en los programas partidarios y los futuros programas de gobierno.

Publicado por: Juan Lopreto

Fuente: Departamento de Investigaciones Sociopolíticas, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)


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