Guatemala, Deguate.com Publicidad      Contacto     Usuarios Activos: 


SOCIEDAD

¿Qué buscas hoy?

Actualidad
Asociaciones Benéficas
Columnistas
Cosas de Guatemala
Servicio Social
Trámites y papeles
Además...

» Chat
» Foros
» Migrantes

  Sociedad > Articulos

La Seguridad Social en Guatemala

Uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad guatemalteca es garantizar un sistema de seguridad social con una adecuada cobertura de las diferentes eventualidades a lo largo de la existencia de una persona, tales como los accidentes, las enfermedades, la invalidez y la sobrevivencia al término de la vida laboral...

 

 




La Seguridad Social en Guatemala

Publicado el 02 Nov, 2017 - 09:57:10 - Ultima actualización: 04 Dic, 2017 - 16:09:52

En consecuencia, una de las tareas fundamentales que toda sociedad debe esforzarse por cumplir es la de establecer un eficiente sistema de seguridad social, basado en una combinación de principios de responsabilidad individual, solidaridad y subisidiariedad, que beneficie a toda la población trabajadora y a sus familias.

También le puede interesar:

Cómo se percibe la Paz en Guatemala

Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia en Guatemala

Por: Carlos Gehlert Mata
Coordinador Area Social ASIES


Esta tarea, en las condiciones actuales por las que atraviesa el régimen de seguridad social, cuya aplicación, por mandato constitucional, corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aparece como algo inalcanzable, pues después de 52 años de haberse creado, los resultados son poco menos que desalentadores.

En este número de Momento presentamos la primera parte del estudio titulado Seguridad social en Guatemala, elaborado por el doctor Carlos Gehlert Mata, Coordinador del Área Social de ASIES. En la primera parte se abordan los aspectos conceptuales que sirven de fundamento a la seguridad social y se presentan las acciones concretas, consideradas imprescindibles, para impulsar una política nacional en materia de seguridad social y salud integral y sobre las cuales prácticamente hay consenso entre los diferentes actores sociales.

Seguridad Social en Guatemala

En la segunda parte, se realizará un diagnóstico general, fundamentado en cifras oficiales, de la crisis por la que atraviesa el IGSS. De la lectura de dicho diagnóstico resulta evidente que esta crisis no se debe a una falla intrínseca del modelo de seguridad social, sino a las perversas modificaciones que se le han introducido y, fundamentalmente, a la forma deficiente y, a menudo carente de probidad, con la que ha sido administrado el instituto.

Con este estudio en general, y en especial con las conclusiones que se presentan al final de la segunda parte, ASIES espera hacer un aporte al proceso de diálogo y búsqueda de consenso, en el encuentro de soluciones que permitan alcanzar las nobles metas que impulsaron la creación del régimen de seguridad social.


Primera parte

1. Conceptualización

Una definición generalmente aceptada es que: “la Seguridad Social es la garantía de protección que toda sociedad organizada ofrece y proporciona a sus miembros, mediante una serie de políticas públicas, contra las privaciones económicas y sociales, que de otra manera derivarían en la desaparición o fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”. (Organización Internacional del Trabajo, 1984).

Los fines de la Seguridad social, dentro de las conclusiones de diez expertos internacionales convocados por OIT en “Hacia el Siglo XXI, el desarrollo de la Seguridad Social” (1984), se sintetizan así: El propósito fundamental es el de proporcionar a los individuos y/o a sus familias la confianza de que tanto el nivel como la calidad de vida no será hasta donde sea posible, erosionada por alguna eventualidad social o económica. Esto involucra hacer frente a las necesidades cuando éstas surjan y también, en primer lugar, prevenir riesgos y ayudar a los individuos y/o sus familiares a realizar el mejor ajuste posible cuando tengan que enfrentarse con discapacidades y desventajas, que no han sido o que no podrían haber sido previstas. Más que todo es la garantía de la seguridad social la que importa, más que los mecanismos particulares por medio de los cuales es prestada esa garantía, los medios no deben ser confundidos con los fines.
 
Premisas fundamentales. Después de haber cambiado impresiones con diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca: trabajadores, empresarios, Estado (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), ONG, cooperativas, grupos de economía informal y de investigación social, se ha llegado a una primera aproximación de un enfoque consensuado sobre algunas premisas fundamentales en torno a la crisis y perspectivas de la seguridad social en Guatemala:

a. El Estado debe conceder prioridad a las políticas e iniciativas sociales institucionales destinadas a ampliar la cobertura de la seguridad social y programas de salud integral.

b. La seguridad social, la calidad de vida y la salud integral no sólo revisten gran importancia para el bienestar de los trabajadores (grupo más vulnerable y débil de las tres columnas de grupos sociales que en el esquema guatemalteco sostienen el sistema), de sus familias y de su comunidad, sino que, de gestionarse adecuadamente, mejoran significativamente el desarrollo integral colectivo;

c. La relativa eficiencia en algunos de los aspectos de la salud pública, que evita muchas de las muertes prematuras y prevenibles, está aumentando la acumulación de adultos mayores, (fenómeno demográfico conocido como envejecimiento de la población), que empieza a afectar los sistemas de pensiones basados en la capitalización, como a los basados en el reparto.

d. Los interlocutores sociales, que de hecho mantienen el sistema, tienen un importante papel que desempeñar en la gestión de la seguridad social y los programas concretos de salud integral comunitaria; no puede ni debe marginarse a ninguno de ellos.

2. Fundamentos

Ya en 1944 se reconoció la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan extender las medidas de seguridad social y médicas, para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa. La entrada al Tercer Milenio impulsa a considerar que ha llegado el momento de renovar y actualizar su función para mejorar y extender la cobertura de la seguridad social y salud integral a quienes la necesiten. La seguridad social “es un elemento fundamental del programa de trabajo decente” y un instrumento importante para lograrla.

Carecer de seguridad social y salud se considera “una injusticia social de primer orden” que afecta a cientos de millones de personas en los diferentes países tercermundistas; a un 80% de la población de Guatemala, equivalente a 10 millones de personas.

3. Modelo de Seguridad Social y cobertura de salud integral

La seguridad social y la salud integral son muy importantes para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de todo el grupo social que constituye su entorno. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social y contribuir a garantizar la paz y la integración social. Debe formar parte indispensable de la política social del gobierno y es una herramienta importante para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad social nacional y distribución equitativa de la carga, debe contribuir al fortalecimiento de la dignidad humana, a la equidad y justicia social.

La seguridad social y la salud pública integral, administradas correctamente, mejoran la “calidad de vida” al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales; inciden en el aumento de la productividad, pues una economía sólida y creciente y una política de mercado social laboral activa, constituyen instrumentos valiosos para el desarrollo socio-económico sustentable y sostenido.

No existe un modelo idóneo único de seguridad social y salud pública. Crece y evoluciona con el tiempo y las circunstancias, siempre y cuando se considere que “la persona humana, tanto en su dimensión individual como en la proveniente de sus relaciones familiares y sociales, es susceptible constantemente de sufrir estados de necesidad física, mental y social, producidas por el azar, por acontecimientos que, aun siendo previsibles, están vinculados a su propia naturaleza individual o social, o al entorno en el que necesariamente se desarrollan”.

Entre los diferentes regímenes de asistencia social y salud, los hay universales, colectivos, y públicos o privados. La función prioritaria de la sociedad (usualmente, pero no únicamente) a través del Estado, es facilitar, promover y extender la cobertura y garantizar la calidad de los servicios de la seguridad social y salud pública. Sus principios pueden ser:

a. De universalidad: su meta es proteger a toda la sociedad, especificando necesidades propias de cada grupo social (niños, amas de casa, madres solteras, ancianos, discapacitados, asalariados, trabajadores por cuenta propia, etc.) y las que emanan de cada contingencia particular.

b. De solidaridad: consiste en sentir como propios los problemas ajenos, a fin de buscar, encontrar y posibilitar la solución en común. Se opone al egoísmo, el egocentrismo o a otras actitudes de ruptura o de indiferencia ante los problemas ajenos. En el campo interpersonal es la capacidad de hacer propia la causa ajena. En el campo social es la acción compartida para forjar un orden más equitativo de convivencia. En ambos casos la solidaridad se inscribe bajo el signo del derecho y no de la caridad.

c. De integridad y suficiencia: significa que la seguridad social debe amparar todas las contingencias sociales en todos los planos que imponga la necesidad (promoción, prevención, recuperación, resarcimiento, readaptación, rehabilitación).

d. De expansividad o progresividad (perfectibilidad): consiste en que, sobre la base de la realidad en el curso de búsqueda de la universalidad e integridad, tales metas deben establecerse para que en forma continua y progresiva busquen un resultado más satisfactorio.

e. De unidad: está fundada en la exigencia de coordinación y sistematización de la institución y en la necesaria e indispensable coordinación con otras instituciones previsionales y asistenciales. El principio de unidad alude esencialmente al enfoque sistémico de la seguridad social, por lo que no debe malinterpretarse como un concepto centralizador.

f. De eficacia: procura que la cobertura sea la necesaria y suficiente (en calidad y cantidad) y las prestaciones ciertas y oportunas, configurándose como derechos jurídicamente garantizados para los beneficiarios.

g. De subsidiaridad: es la responsabilidad de garantizar derechos por parte del Estado, cuando la sociedad civil o grupos por sí solos no pueden desarrollarse satisfactoriamente. El Estado en estos casos no debe de ser concebido como “gobierno” sino como la expresión política de la organización social y, como tal, garante del bien común.

h. De obligatoriedad y equidad en la distribución del costo: concibe al régimen unitario de seguridad social como obligatorio (en oposición a voluntario o selectivo), con un costo equitativamente distribuido en proporción a la capacidad contributiva de los miembros de la sociedad.

4. Extensión de la seguridad social y salud pública

Es necesario dar máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aporten seguridad social y salud integral a aquellas personas que no están cubiertas por los sistemas vigentes. Por ejemplo, los pequeños núcleos de trabajo, los trabajadores (urbanos y rurales) independientes, los trabajadores migrantes, las empleadas domésticas y todas las personas, que en su mayoría son mujeres activas en la economía informal.

En caso que existan obstáculos para que la cobertura no alcanza para las necesidades de algunos grupos, debe explorarse la introducción de seguros y / o programas (voluntarios) u otras medidas como la asistencia social, y posteriormente extenderse o integrarse en el sistema de seguridad social, siempre que la utilidad de las prestaciones resulten económicamente viables.

Ciertos grupos tienen necesidades diferentes y algunos demuestran una capacidad contributiva muy baja; en general están integrados por el campesinado indígena minifundista y los pobladores de las áreas marginales urbanas, que coinciden en mucho con gran parte del 54.3% de la población que viven en miseria o extrema miseria. Para extender la seguridad social y la salud pública integral con éxito, es necesario tomar en cuenta estas diferencias y características. Las posibilidades que ofrece el “micro seguro” y / o “canasta básica de salud y seguridad”, también deben explorarse rigurosamente, aunque se reconoce que no pueden ser la base de un sistema de seguridad social integral, pero sí podrían ser un primer paso útil, en especial para responder a la apremiante necesidad de mejorar el acceso a la asistencia médica primaria. Las políticas e iniciativas sobre la extensión de la cobertura deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de “seguridad social nacional integrada”.

5. La economía informal

El reto fundamental que plantea la “economía informal” es cómo integrarla a la “economía formal”. Se estima que es una cuestión de equidad y de solidaridad social. Las políticas del modelo de desarrollo incluyente a impulsar, deben tender a la promoción del abandono de la “economía informal” (políticas de educación para el trabajo, de trabajo masivo, de organización y participación social, de trabajo decente con remuneración equitativa, etc.). En Guatemala la “economía formal” está en una constante contracción y la “economía informal” en un constante aumento.  La cooperación solidaria (que supera la ayuda) a los grupos vulnerables de la economía informal, debe ser financiada por toda la sociedad, muy probablemente mediante modificaciones significativas del régimen tributario.
 
6. Población económicamente activa

La población económicamente activa (PEA) no es sinónimo de población en edad de trabajar, trabajando. Usualmente y en Guatemala, la edad de trabajar está en una proporción arriba del 65% (15-65 años), pero en la práctica no se considera al trabajador como “sujeto” con pleno empleo. Vuelve a ser determinante la posibilidad de que si se tiene la capacitación adecuada, se esté en condiciones de conseguir un “trabajo decente”.

7. Educación para el trabajo

Ante el comportamiento actual de las economías, la educación y la calificación de la fuerza laboral es cada vez más importante. Se debe proporcionar educación básica sólida a todos los niños y jóvenes para que aprendan a desenvolverse en la vida: leer, escribir y calcular, vivir sanos, en una cultura de armonía con su entorno (social, física y ambiental), facilitando así su desarrollo personal y de incorporación a la fuerza laboral. La educación, por todos los medios y formas posibles es clave en la economía actual para conseguir un empleo y por ende, alcanzar la realización personal y mejor calidad de vida.

8. Prestaciones de desempleo

Las prestaciones de desempleo del régimen de seguridad social deben concebirse de forma que no creen dependencia o supongan obstáculos potenciales al posible empleo y al trabajo en sí. Las medidas destinadas a lograr que resulte más atractivo económicamente trabajar que recibir las prestaciones de la seguridad social, deben ser diligentemente estructuradas (por ejemplo: temporalidad, porcentaje no mayor del 70% sobre el último salario, etc.) Cuando no se considere factible establecer un sistema de prestaciones de desempleo, deben explorarse medidas para priorizar a los desempleados en trabajos temporales (substitutos en vacancias por vacaciones, enfermedad, periodo pre y posnatal, horas extras, etc.) u ocupar puestos públicos que requieran “mano de obra” sin alto grado de especialización (ej.: plan masivo de vivienda popular).

9. Igualdad de género

La seguridad social deberá fomentarse y basarse en los principios de la igualdad de género. Una política en esta dirección debe significar no sólo un trato igualitario para hombres y mujeres en situaciones iguales y similares, sino también medidas para garantizar la igualdad de hecho para las mujeres. La sociedad obtiene un enorme beneficio del cuidado no remunerado que proporcionan las mujeres (trabajo hogareño), en especial a los niños (las primeras maestras son las madres), los padres ancianos y los familiares discapacitados. Debe concebirse una política en la que las mujeres no sean perjudicadas por el sistema, después de haber hecho esta contribución durante la edad en que podrían estudiar y trabajar.

10. VIH/SIDA y “enfermedades catastróficas”


En muchos países en vías de desarrollo (africanos subsaharianos, sudamericanos, caribeños y centroamericanos), la pandemia del VIH/SIDA y el aparecimiento de enfermedades graves y caras en su tratamiento (cardíacas, renales, cánceres, etc.) están teniendo efectos significativos en varios aspectos de la vida social. Su repercusión en la base financiera de los sistemas de seguridad social es especialmente grave, ya que un gran porcentaje de las víctimas se concentra en la población en edad de trabajar. Esta crisis debe ser seriamente analizada, dar atención a los enfermos, sin permitir que eventualmente esos cuidados provoquen la quiebra económica.

11. Diversos tipos de sistemas

En los sistemas de pensiones con prestaciones definidas en el reparto, el riesgo se asume colectivamente. En los sistemas de cuentas de ahorro individuales, en cambio, son las propias personas las que asumen el riesgo. Si bien se trata de una alternativa, ello no debe bajo ninguna circunstancia, debilitar los sistemas de solidaridad en los que el riesgo está compartido entre todos los afiliados al régimen. Claro está que los sistemas de pensiones obligatorias deben asegurar niveles de prestaciones adecuadas y garantizar la solidaridad nacional, y ocasionalmente la subsidiaridad estatal. De cuán pertinente y fuerte debe ser la presencia de sistemas complementarios (que sólo beneficiarían a sectores de la sociedad económicamente más solventes), serán los interlocutores sociales, adecuadamente asesorados, los que deben tener la última palabra; la función del Estado será, en todo caso, proporcionar un marco reglamentario y mecanismos idóneos de regulación y aplicación.

12. Sostenibilidad

Con el objeto de que sea sostenible, la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones debe garantizarse a largo plazo. Por lo tanto, es necesario realizar proyecciones periódicas y permanentes, e introducir ajustes necesarios a la brevedad posible. Es imprescindible evaluar previamente cualquier propuesta de reforma a la legislación que, privilegiando un entusiasmo infundado, pueda desestabilizar la sustentabilidad del sistema. Es necesario el diálogo social sobre las hipótesis que han de utilizarse en la evaluación y en el desarrollo de opciones políticas para hacer frente a cualquier desequilibrio financiero.

13. Concepto ampliado

La seguridad social abarca la asistencia médica y las prestaciones familiares, y proporciona seguridad de ingresos en caso de contingencias como enfermedad, vejez, discapacidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad (prenatal, parto, postnatal), desempleo, seguridad alimentaria para niños menores de 5 años, pérdida del sostén económico y, por qué no: una sana distracción (básica para el fomento y mantenimiento de la salud mental). Si hay una evidente capacidad limitada para financiar la seguridad social, ya sea mediante impuestos generales o cotizaciones (y en especial cuando no haya un empleador que pague una parte de la cotización), debe darse prioridad a las necesidades sentidas y expresadas por los grupos sociales más sensibles y vulnerables.

14. Marco de los principios básicos

En el marco de los principios básicos establecidos en varios de los numerales anteriores, el país debe determinar una estrategia nacional para trabajar por “seguridad social para todos”.

Los programas específicos de asistencia social deben ser un medio para garantizar la inclusión a la seguridad social. Habida cuenta que los recursos gubernamentales son bastante limitados, podría ser necesario reforzar la seguridad social a través de la financiación tripartita. Se estima que el Estado debe contribuir por lo menos en especie, infraestructura, instalaciones y equipo, o prestar en forma subsidiaria apoyo directo a los grupos de bajos ingresos (sean o no afiliados al sistema). Se deben enfatizar las iniciativas destinadas a establecer o extender la seguridad social. Ahora bien, cualquier cambio en el sistema establecido deberá prever la protección adecuada y eficiente a los beneficiarios, especialmente a los más pobres.

Al igual que los regímenes piloto innovadores, debe fomentarse y estimularse cualquier intento que pretenda ampliar cobertura y mejorar la calidad de los servicios a los grupos sociales urbanos y rurales de economía informal. Es necesario propiciar e incluso sufragar (como inversión) investigaciones bien concebidas y rentables, a efecto de realizar evaluaciones objetivas de los regímenes piloto. Tanto la investigación como la asistencia técnica son necesarias para mejorar las gobernanza de los sistemas.

15. Proposiciones conceptuales

Está claro que la mayoría de los habitantes del mundo, y en especial de los países tercermundistas, no disponen de ningún tipo de seguridad social y si la tienen, es en forma insuficiente y deficiente. Se trata pues, de un reto importante para abordar y superar ya, sin dejarlo para después; es en tiempo de crisis cuando la seguridad social cumple a cabalidad su función. En tal sentido debe considerarse:
  • Iniciar o reforzar una campaña que promueva extender la cobertura de seguridad social a los grupos sociales actualmente excluidos. En el caso concreto de Guatemala: los sobrevivientes dentro de la economía informal, los trabajadores independientes o de microempresas familiares, el campesinado agrícola (especialmente los indígenas), las mujeres, los niños y niñas, y jóvenes menores de edad, las empleadas domésticas, las laborantes migrantes, los trabajadores de las maquilas, y otros.

  • Que las organizaciones internacionales, tipo OIT, exhorten a los gobiernos a que concedan prioridad a una re conceptualización actualizada, dentro del contexto de sus realidades particulares; y promuevan la vigorización de las dinámicas que amplíen el número de beneficiarios y beneficios.
Acciones concretas

Es evidente el consenso sobre que, para lograr acciones concretas en materia de seguridad social y salud pública integral en Guatemala, deben darse las siguientes condiciones:
  • Garantía de plena autonomía en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el nombramiento del Presidente de Junta Directiva, Gerente y Sub-gerentes, así como en el diseño y aplicación de las políticas de desarrollo para la protección social universal.

  • Pago de la deuda al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por parte del Estado en su doble calidad (estatal y patronal); por parte del sector empresarial; de las municipalidades; de otras entidadesautónomas o semiautónomas; de las universidades (como patronos), y otros.

  • Coordinación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con los Ministerios de Salud (ampliación de cobertura y mejoría de servicios); de Trabajo y Previsión Social (política de empleo y garantía de contratos obrero patronales, y pago de las cotizaciones correspondientes); de Economía (política de generación de empleo y puestos de trabajo); de Educación (educación para el trabajo y formación técnico-profesional).

  • Fortalecimiento de una política de estado tendiente al fortalecimiento del empleo formal y protección social básica a quienes están dentro de la economía informal.

  • Respuesta adecuada, médicamente correcta y económicamente viable para enfrentar el creciente número de pacientes con “enfermedades catastróficas” VIH / SIDA, cardio- vasculares, renales, cancerígenas, etc.

  • Mejora significativa de la gobernanza y administración de un sistema de seguridad social que sobrepase las acciones concretas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aunque ocasionalmente deba corregirse la Ley Orgánica del IGSS y aun la propia Constitución de la República.

  • Respuesta adecuada a la necesaria igualdad de género y discapacidad.

  • Garantía absoluta de la “buena práctica” en todo el sistema de la seguridad social (administrativo, financiero, médico, ético).
16. Los Acuerdos de Paz en relación a la seguridad social, exigen:

a. De acuerdo con el convenio de OIT ratificado por Guatemala, la seguridad social debe comprender programas de asistencia médica y prestaciones relacionadas con enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, empleo y familiares.

b. Crear condiciones que faciliten la incorporación de todos los trabajadores a la seguridad social.

c. Garantizar una gestión administrativa autónoma del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en aplicación del principio constitucional de coordinación con las instituciones de salud, en el marco del sistema nacional de salud. Y en cuanto a esta institución, específicamente se recomienda:
  • Fortalecer y garantizar la aplicación de los principios de eficiencia, universalidad, unidad y obligatoriedad.

  • Fortalecer la solvencia financiera mediante un sistema de control tripartito de contribuciones.

  • Promover nuevas formas de gestión en las que participen sectores constitutivos.

  • Hacer efectiva la inserción del instituto en el sistema coordinado de salud.
Segunda parte

La información estadística contenida pone de manifiesto en Guatemala el enorme déficit de cobertura. Después de más de 55 años de existencia del IGSS, el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) atendido por el instituto es de menos del 25%, con una tendencia a disminuir en términos relativos y con un crecimiento casi insignificante en términos absolutos.

Otros datos que presenta el estudio revelan las dificultades crecientes del IGSS derivadas del incremento constante de los costos de la atención, en los programas de enfermedad, maternidad y accidente, así como en los montos de las prestaciones pagadas por el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS). A esto se agregan los adeudos acumulados por la falta de pago de las contribuciones, especialmente las que corresponden al Estado en su calidad de empleador y como Estado propiamente dicho (Artículo 100 de la Constitución Política de la República).

En el apartado relativo a las proposiciones- recomendaciones se incluyen diversas propuestas cuya implementación se considera imprescindible para superar los problemas que enfrenta el sistema de seguridad social y, particularmente, el IGSS. Entre ellas cabe resaltar la que se refiere a la devolución de la plena autonomía de la institución, a efecto de que esta sea administrada sobre la base de criterios técnicos y sin ser objeto de manipulación política. También la elaboración, desarrollo e implementación de una política más equitativa de seguridad social (que tienda en lo posible a una ampliación de cobertura de los afiliados, pero que prevea la atención básica a la población de la llamada economía informal). El autor considera indispensable la reforma y modernización de la administración, que deberá reflejarse en una atención más personalizada, pronta y eficiente de los beneficiarios. Todo lo anterior, dentro de una imagen de total transparencia.

Realidad y Crisis

1. Constitucionalidad

En el artículo 100 de la Constitución de la República se establece: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto.

2. Contribuciones


A la fecha, las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en porcentaje al salario devengado según el riesgo son las siguientes:
  • Accidente: patrono 3.0%; trabajador 1.0%; Estado 1.0%.

  • Enfermedad y Maternidad: patrono 4.0%; trabajador 2.0%; Estado 2.0%.

  • Invalidez, vejez y sobrevivencia: patrono 3.67%, trabajador 4.83%.

  • Total: patrono 10.67%, trabajador 4.83%.
Aquí es necesario resaltar que los trabajadores siempre pagan, los patronos muchas veces dejan de pagar lo que justamente les corresponde y el Estado no paga.

3. Población afiliada y cobertura

De acuerdo al informe oficial del año 2000 (último al que se ha tenido acceso), del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a otras investigaciones específicas actualizadas, la proyección de población afiliada y la cobertura para el año 2001 es de un total de 927,768 personas dentro de los programas siguientes:
  • Accidentes: 121,145 casos

  • Maternidad: 21,148

  • Enfermedad: 2, 963,449

  • Invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS): 131,338
Es de notar que hay Departamentos “privilegiados” (y otros “marginados”) con o sin razón. En el Departamento de Guatemala los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social benefician potencialmente a 547,657 personas en el programa de accidentes (más del 50% del total nacional); el programa de enfermedad y maternidad beneficia potencialmente también a 547,657 (un poco más del 75% del total); mientras que en el programa de IVS a 501,346 (62% del total). Hay otros Departamentos como Izabal, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, con 23,500; 22,495; 27,496 y 36,975 afiliados que no son atendidos en el programa de enfermedad y maternidad del sistema. Otros tres, Retalhuleu, Izabal y Quetzaltenango ya fueron estudiados y “aprobados” en principio, solo falta la decisión política.

4. Población protegida (años 1996-2000)
  • Año 1996. Sobre una población total de 10.2 millones, y una población económicamente activa de 3.1 millones, los afiliados fueron 852 mil y la población potencialmente protegida de 1.73 millones de personas (Nótese que el porcentaje de cobertura sobre PEA fue de 27.38 e institucional de 16.90).

  • Año 1997. Sobre una población de 10.5 millones, y una población económicamente activa de 3,2 millones, los afiliados fueron 851 mil y la población potencialmente protegida de 1,769 mil personas (Nótese que el porcentaje de cobertura sobre PEA fue de 26,37 e institucional de 16.82).

  • Año 1998. Sobre una población de 10.7 millones, y una población económicamente activa de 3.3 millones, los afiliados fueron 887 mil y la población potencialmente protegida de 970 mil (Nótese que el porcentaje de cobertura sobre PEA fue de 26.37 e institucional de 17.21).

  • Año 1999. Sobre una población de 11.0 millones personas, con una población económicamente activa de 3.4 millones, los afiliados fueron 893 mil y la población potencialmente protegida 1.9 millones (Nótese que el porcentaje de cobertura sobre PEA fue 25.59 e institucional de 17.21).

  • Año 2000. Sobre una población de 11.3 millones, con una población económicamente activa de 3.6 millones, los afiliados fueron 908mil y la población potencialmente protegida 1.94 millones (Nótese que el porcentaje de cobertura sobre PEA fue de 25.59 e institucional de 17.06). En el año 2001 las pensiones de la PEA bajaron más aún, y de acuerdo a PNUD y la Fundación Ebert llegaron a 21.5%.
5. Salarios distribuidos por rango

Para el año 2002, de acuerdo con una estimación de trabajadores afiliados cotizantes por grupo de salario, elaborada por el Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS, del total de 908,122 trabajadores afiliados, el 1.4% (13,122) devenga salarios mensuales menores de Q 200; 11.9% (109,112) devenga salarios mayores de Q 200; 11.9% (109,112) devenga salarios mayores de Q 200 y menores de Q 600; el 32.4% (293,860) recibe salarios mayores de Q 600 y menores de Q 1,000; el 50.7% (460,489) percibe un salario mayor de Q 1,000 y menor de Q 6,000; y solamente 3.5% (31,450) tiene un salario mensual superior a Q 6,000.

Es de señalar que estos datos solamente reflejan de manera parcial la realidad salarial de la población laboral afiliada al IGSS, pues no consideran los montos que corresponden a bonificación y otras remuneraciones que no se incluyen en los salarios nominales reportados al instituto.

Pensiones vigentes a 1999, por rango.

En 1999 el 71.3% (84,890) de los 119,038 pensionados por el IVS, percibían pensiones mensuales menores de Q 250; el 26% (30,992) pensiones mayores de Q 250 y menores de Q 1,000; y únicamente el 2.6% (3,156) percibía pensiones mayores de Q 1,000. Esto repercute en:
  • Cotizaciones bajas (para fortalecer el sistema).

  • Prestaciones insuficientes (ej.IVS, para sobrevivir con dignidad).
Tales condiciones son totalmente inequitativas y fuera de la realidad económica que vive el país, pues lo devengado no alcanza ni para cubrir el costo de la “canasta básica alimentaria mínima”.

6. Prestaciones pagadas por el programa IVS

El monto ha aumentad o constantemente durante los últimos nueve años analizados: desde Q.281, 621,798 en 1992 (97,571 pensiones) hasta Q.621, 573,329.00 en el año 2001 (131,338 pensiones). Dicho aumento de costos parece excesivo si se compara al número de pensiones vigentes y correspondientes a cada año. Ciertamente algunas de las prestaciones del IVS se han incrementado y la moneda nacional (el quetzal) ha sufrido una continua devaluación, pero debe señalarse que altos ex funcionarios del IGSS, amparándose en cambios e interpretaciones estatutarias con “dedicación especial” y burlando el espíritu de solidaridad y equidad fundamentales en los regímenes de seguridad social, han logrado el goce de prestaciones de Q13 mil, Q16 mil, Q28 mil y Q32 mil mensuales. Es tal el escándalo ético ante esta amoralidad, que se ha generado un movimiento en el Congreso de la República para aprobar un “techo” máximo de Q10 mil mensuales.

7. Pensiones otorgadas (1999); valor por rangos.

Oscilan de lo ínfimo (tres personas reciben Q5.00 c/u) hasta Q3, 000.00 a Q3, 999.99, distribuidos entre 30 personas que constituían el 0,03%. En el cuadro consultado18 el último renglón señala: “más de Q.4, 000.99” sin especificar personas, (0%); que de acuerdo al numeral 6, no sería cierto. En el caso que se hubiere aprobado un aumento parejo de Q100.00 a todos los pensionados, se alteran ligeramente los primeros 14 rangos estudiados. Sin embargo, sigue siendo válido afirmar que el 71.3% de los pensionados reciben menos de Q350.00.

8. Programa de Enfermedad

De acuerdo a la propia memoria de labores del IGSS y después de analizar el período comprendido del año 1987 al año 2001, se observa que:

a. El número de consultas ha aumentado de 1, 171,273 en 1987 a 2, 963,449 en el año 2001 (aumento razonable).

b. El costo global de prestaciones que fue de Q2, 920,323 en 1987, subió a Q28, 834,877.21 en 2001 (un poco alto, pero dentro de un rango razonable, habida cuenta las condiciones del contexto).

c. El costo global de las prestaciones en servicio fueron de Q35, 114.08 en el año 1987 y subieron a Q999, 653,195.25 en 2001: nótese el incremento bastante alto que siembra dudas sobre la idoneidad en el manejo de este rubro. Se reconoce que tanto la cantidad como el porcentaje del gasto se han visto influenciados por el cambio quetzal-dólar estadounidense, que varió de 4 por 1 en 1986 a 8 por 1 en 2001, por la misma pérdida del poder adquisitivo de US$.

Los totales en el programa de enfermedad prestaciones en servicio más prestaciones en dinero dieron la cifra de Q38, 034,331 en 1987 y subieron a Q1028, 488,072.46 en 2001; una cantidad muy alta que amerita las mismas aclaraciones del numeral anterior 8.c.

9. Programa de Accidentes

Tomando como fuente la propia Memoria de Labores del IGSS, en el año 1987 fueron atendidos 144,560 accidentes, cuyo costo global de “prestaciones en servicio” fue de Q26,421,539 y el costo global de “prestaciones en dinero” fue de Q17,859,599 para un total de Q44,281,139. En el año 2001 la atención de accidentes extrañadamente se ha reducido a 121,145, pero el costo global de prestación es en servicio sube a Q330, 685,044.00 y el costo global de prestaciones en dinero sube a Q79, 488,069.35. El total sube exageradamente a Q410, 173,103.35; aquí también cabe la explicación del numeral 8.c, pero el costo global de prestaciones en servicio pareciera estar fuera de proporción, dando lugar a sospechas de un uso anómalo de este renglón.

10. Programa de Maternidad

De acuerdo a la misma fuente informativa se observa que, en el año 1987 fueron atendidos 20,671 partos y en el año 2001 se atendieron 21,148 (cifra que de por sí debiera llamar la atención, pues resulta pequeña si se toma en cuenta el crecimiento poblacional). La prestación en servicios fue de Q10, 608,314.00; las prestaciones en dinero de Q5, 448,267.00, para un gran total de Q16, 056,582.16. La atención de partos en 2001 fue de 21,148, sin embargo, el costo global en servicios fue de Q186, 330,961.00. Las prestaciones en dinero subieron a Q64, 723,568.81 y el gran total subió en 18 años, de Q16, 056,582 a Q251, 054,530.16. (Nótese que es a expensas de las prestaciones en servicios donde se da el exagerado incremento).

Adeudos acumulados al IGSS al 31 de diciembre del 2001, por parte del Estado.

Ejercicio 1956 a 1999:
  • Cuota del Estado Q 512, 674,406.00

  • Cuota patronal Q 145, 006,105.00

  • Cuotas percibidas Q 93, 718,498.91.00

  • Saldo Q 3, 975, 890,338.00
En el ejercicio 2000 las cuotas del Estado ascendían a Q660, 039,379 y la cuota patronal a Q152, 575,813; las cuotas percibidas: Q100, 952,406, dan un gran total de Q711, 662,786.

En el ejercicio 2001, el adeudo de la cuota del Estado llegó a Q675, 410,429; el adeudo de la cuota patronal alcanzó Q175, 518,594; las cuotas percibidas por el Instituto fueron de Q100, 952,406. El saldo total al 31 de diciembre del 2001 es de Q5, 437, 529,471.00

11. Adeudo del Estado al IGSS, acumulado entre enero de 1956 y diciembre de 2001:
  • Cuota del Estado Q 4, 447, 620,321.00

  • Cuota patronal del Estado Q 1, 553, 793,160.00

  • Menos cuotas pagadas en el período Q 586, 875,550.00

  • Total adeudado Q 5, 457, 082,778.00
12. Cuota patronal (no se percibió) por parte de las universidades del país
  • Accidentes Q 11, 268,295.00

  • Enfermedad y maternidad Q15, 024,394.00

  • Invalidez, vejez y sobrevivencia Q13, 784,881.00

  • Para un gran total de Q40, 077,570.0019
En resumen el total adeudado al IGSS asciende a Q 6, 007, 744,852.00, de lo cual el 90.8% corresponde al gobierno central.

Proposiciones-recomendaciones
  1. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debe recobrar plenamente su autonomía. Es insuficiente el dictamen de la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto “la reforma” relativa a que el Presidente del Organismo Ejecutivo es quien nombra al Gerente General y los Subgerentes. Ese dictamen ha dejado un “vacío legal” al no haberse propuesto y aprobado quién los nombra. Por consiguiente, debe legislarse a fin de superar este “vacío”. La lógica apunta que debiera hacerlo la Junta Directiva del Instituto, sin alterar su conformación. Pero en todo caso, garantizar la participación plena del empresariado mayor y de la mediana y pequeña empresa; de los trabajadores organizados urbanos y rurales, como del campo; y de los representantes del Organismo Ejecutivo (preferiblemente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, y del Ministerio de Economía).

  2. Debe elaborarse un “perfil mínimo básico” (como se estila para el Procurador de los Derechos Humanos, el Jefe del Ministerio Público, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etc.) para el puesto de Gerente General y para Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este perfil debe incluir: Título profesional universitario (en Ciencias de la Salud, Administración Empresarial, Economía o Derecho), con estudios demostrables de especialización o una experiencia no menor de 5 años en el campo de la Seguridad Social; solvencia de antecedentes policiacos y penales; finiquito en cualquier puesto público o privado desempeñado durante su vida profesional; declaración jurada patrimonial; solvencia ante la Superintendencia de Administración Tributaria; y un programa básico de trabajo (con énfasis en ampliación de cobertura, mejora de atención al público, y de servicios de salud, administrativos y financieros). Podría contemplarse una Comisión de Postulación y otra Calificadora de Credenciales, constituidas por representantes de las partes que conforman la Junta Directiva. Tanto el Presidente de la Junta Directiva como el Gerente General y los Subgerentes, no deben ser miembros de las Juntas Directivas o Consejos de alto nivel de partido político alguno.

  3. Actualmente una proporción sumamente pequeña de la población está dentro del régimen de seguridad social: 25-26% de la población económicamente activa (PEA) y 15-16% de la población total del país. 20 Todos los inscritos como cotizantes son menos de un millón (990 mil) sobre una población estimada de 11,5 millones de personas (por lo que en teoría, los posibles beneficiarios (con cónyuges e hijos menores de 5 años) podrían llegar a 2,5 millones de personas). El resto de mano de obra trabajadora (en el sector de la economía informal), sub - empleados o desempleados, no cotizan y por consiguiente ninguno recibe protección o beneficios del sistema. Por lo consiguiente, sería oportuno:
  • Eliminar la restricción de que microempresas con menos de 3 trabajadores en la ciudad y 5 en el campo no paguen IGSS.

  • Incorporar a las “empleadas domésticas” (probablemente cerca de 100 mil únicamente en la ciudad capital) al régimen de seguridad social.

  • Integrar a todos los “trabajadores migrantes” o “temporales” al régimen de seguridad social (al menos durante el período de su contratación formal).

  • Hacer más eficiente el sistema de recaudación del IGSS para evitar la tremenda evasión.

  • Incorporar el autoempleo a la afiliación.

  • Estudiar para el resto de trabajadores del sector de la economía informal, la posibilidad de un “micro-seguro” que cubra las necesidades básicas concebidas dentro de la concepción de “atención primaria en salud”, especialmente a través de los llamados “métodos no contributivos”.

4. Dado que aunque prevalezca la buena voluntad de realizar un “Sistema único de salud” en Guatemala, es prácticamente imposible hacerlo dentro de un concepto de integración debido a las particulares condiciones socioeconómicas-culturales. Por lo menos al más corto plazo, deberá facilitarse la “coordinación entre los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, a fin de lograr una “ampliación de cobertura funcional y práctica” que dé atención (sólo para empezar, en el sector salud), al 100% de la población del país.

5. Todos los morosos (el Estado en su doble papel de pilar fundamental para mantener el sistema y como patrono, las municipalidades, Empagua, Fegua, y empresa privada) deben pagar lo que deben al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es necesario propiciar y estimular convenios de pago (total, parcial, fraccionado, periódicos, en dinero o en “especie”, etc.). Tratar judicialmente y con drasticidad a los evasores y morosos que hayan pagado con “cheques sin fondos” (un delito agravado). Para cada uno de ellos se deben elaborar estrategias especiales de acción; una medida precautoria inicial podría ser el arraigo.

6. Los aumentos salariales a través de “bonos incentivos” no pagan su aporte proporcional, ya que éste se calcula de acuerdo al sueldo base, que continúa proporcionalmente bastante bajo, y por lo tanto, también la cuota al IGSS, no así los beneficios que supuestamente en ley se deben recibir. Se sugiere explorar las vías legales para consolidar ambos ingresos y cotizar sobre el total, que representa la remuneración real.

7. Últimamente se ha abusado de la posibilidad de contratar personal por parte del Estado a través del Renglón 029, con montos exageradamente altos y que no pagan cuota al sistema de seguridad social. Habría que explorar dentro de la vía legal, los pasos a seguir para que estos trabajadores del Estado, durante el período durante el cual estén contratados, sí paguen su aporte al IGSS (como lo hacen con el Impuesto sobre la renta). No al programa IVS, pero sí al de accidentes, enfermedad y maternidad.

8. Las universidades estatales y privadas no pagan cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero autoridades, docentes y trabajadores sí reciben beneficios (incluso IVS). Esto es un contrasentido a las muchas veces señalada argumentación “de que el que cotiza recibe beneficios y el que no cotiza no los recibe” (no cabe la excusa de que estas instituciones se dedican a la enseñanza o al fomento cultural). Se debe explorar la vía legal para que todos los que trabajan (institución patronal y trabajadores intelectuales y de servicio) paguen lo que les corresponda y por supuesto reciban los beneficios correspondientes (Art. 88 Constitucional).

9. “Los jubilados del Estado” que no han cotizado durante su vida laboral, no tienen derecho a prestaciones del sistema (sus patronos tampoco han cotizado en la práctica). Fue un error político haber aprobado en ley, que por el sólo hecho de ser “jubilado del Estado” ya tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social obligación de tratarlo como un beneficiario de cotización regular. Es urgente legislar de nuevo sobre esta materia. Los jubilados del Estado no deben quedar desamparados del sistema del IGSS, pero el Estado debe responsabilizarse del pago. (Art. 115 constitucional).

10. Exigir el cumplimiento (actualmente en ley) del “seguro de daños a terceros” a todos los vehículos automotores (públicos, privados u oficiales) que circulen en el país. De esta forma, las víctimas de los múltiples percances de accidentes de tránsito, serían atendidos a costa de las Aseguradoras y no del Ministerio de Salud o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como sucede en la actualidad.

11. En los cuadros que el mismo IGSS presenta se observa un aumento desmesurado, fuera de toda lógica y proporción al número de pacientes atendidos, del renglón medicamentos (en más 1,000% en proporción número de afiliados, que ha aumentado en un 10%). Esta situación, obviamente anómala, obliga a recomendar:

  • Una auditoría médica sobre diagnóstico y duración del tratamiento.

  • Tipo de medicamentos utilizados.
     
  • Calidad y precio de los productos medicinales.
Se hace necesaria la unificación de tratamientos, el control de calidad, y la compra en común de las instituciones del Estado y autónomas que más lo utilizan: que se negocie con los fabricantes las mejores condiciones para los intereses nacionales y de los pacientes a cargo de dichas instituciones.

15. Atender las quejas permanentes sobre “atención dilatoria”, “atención superficial” y aun “mala práctica médica”, en las clínicas y hospitales del IGSS.

a. En relación a “práctica dilatoria” no puede justificarse más que se diga “vuelva en tres meses”. El paciente que se presenta hoy, debe atenderse hoy. Tampoco es justificable, que aun teniendo cita, el paciente (supuestamente enfermo) deba llegar a la consulta (o re-consulta) a las 5 de la mañana para hacer “cola” y que se le otorgue turno y sea atendido a las 12 del día. A menudo que se le pide regresar al día siguiente, porque el médico “está en sesión” o “ya se fue”; o porque un examen de laboratorio “no aparece”, “se traspapeló”, o con el pretexto que se hizo fuera de la institución, o “todavía no se ha pagado, no lo han entregado”. Todo ello demuestra un verdadero caos administrativo, que se evidencia a menudo cuando no se encuentran los expedientes. Urgente una revisión exhaustiva del flujograma del expediente a efecto de determinar la falta de recursos humanos en el departamento administrativo, en el médico y en determinadas especialidades. El paciente debe ser tratado como corresponde al derecho que tiene.

b.
La “atención superficial” necesita de tres factores:

  • Espíritu de servicio del profesional (mística)

  • Capacidad y responsabilidad

  • Número de pacientes que debe atender.

  • A este respecto hay dos medidas urgentes a considerar:

  • Revisión científica y razonable del tiempo necesario para atender como se debe a un paciente, sin discriminación alguna.

  •  Revisión del cabal cumplimiento por parte de los empleados (conserjes, enfermeras, laboratoristas o médicos), del tiempo que deben laborar para la institución.

c. La mala atención repercute en detrimento de los derechos e intereses del paciente. Realmente no son muchos los casos que puedan tipificarse dentro de este renglón, mas se necesita de medidas preventivas para que no ocurran en el futuro. Se debe planificar en forma científica toda contratación de personal, especialmente de quienes tendrá relación estrecha con los pacientes.

d. Para que el personal esté actualizado, deben impartirse cursos “de refrescamiento de conocimientos”, mantener “un programa de educación continua” y facilitar “la especialización” (con garantía de que por lo menos durante 5 años cada uno prestará sus servicios especializados). Se debe fomentar y respetar la carrera administrativa (personal médico y no médico) e implementar la evaluación periódica y los sondeos de opinión sobre la calidad de atención entre los usuarios del servicio (hay empresas que envían a sus empleados a servicios privados para “ahorrar tiempo”).

e. Evaluar el componente ético, y crear conciencia para diferenciar el significado de servir a los usuarios o servirse de la institución.

f.
Plantear que la Junta Directiva no se limite a asistir a sesiones y leer el acta anterior, aprobar la agenda y trámites intrascendentes y (cobrar jugosas dietas), sino asumir un papel mucho más dinámico, generador, que implemente nuevas ideas, proyectos y programas. En otras palabras, pasar de un papel burocrático pasivo tradicional a uno mucho más activo, constructivo y de acuerdo a la actual realidad social, económica y política.

g. En atención a que el bien común debe prevalecer sobre el bien individual y que el hombre no es servidor de las estructuras, sino las estructuras deben estar al servicio del hombre, tanto la Constitución de República, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las resoluciones de la propia Junta Directiva y los intentos reformistas del Ejecutivo y Legislativo deben ir en función de las necesidades de todos los guatemaltecos y no de las decisiones arbitrarias del sistema o intereses particulares.

13. Eliminar toda forma de discriminación, inequidad y privilegios, tal como tratamientos quirúrgicos en el extranjero.

14. Hacer factible un convenio de cooperación entre el IGSS y el Ministerio de Salud Pública para atender y tratar las “enfermedades catastróficas”, que se están constituyendo en un “problema nacional” y no solo institucional.

Publicado por: Pablo Ordoñez

Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)


Comentarios ¿Qué opinas? ¡Deja un comentario!



Renuncia: El contenido en Deguate.com es para propósitos informativos únicamente. No somos expertos, ni pretendemos serlo. Muchos de los artículos publicados en nuestro sitio son basados en opiniones y deben ser tomados como tales. No somos responsables por las decisiones que los usuarios tomen basados en el contenido de Deguate.com. Por favor investigue a fondo antes de aceptar cualquier información como un hecho.

Loading...


Ultimas publicaciones en:
Articulos
Instituciones públicas para atender a población indígena
Los problemas más críticos de Guatemala
El derecho a la seguridad social
Igualdad de trato y no discriminación
Contexto socioeconómico de la inseguridad alimentaria
Trabajo infantil en Guatemala
Las vías del diálogo. Concepción, uso y manejo del diálogo por las autoridades indígenas







Comentarios

ComentariosNota: los comentarios aquí expresados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de este medio. Deguate.com se reserva el derecho de eliminar cualquier mensaje que considere inapropiado sin previo aviso.




DIRECTORIO COMERCIAL



Registre su empresa

 

También te puede interesar...


Cómo robarle un beso a una chica con 3 simples preguntas

Angel González, el fantasma que quita y pone gobiernos en Guatemala

La colección de carros de Otto Pérez Jr.

Aprende a decir Te Amo en todos los idiomas
       

Lindos piropos para hacer sonreir a una chica desconocida

Devel Sixteen, el auto más bestial del mundo con 5,000 caballos de fuerza!

Impresionante motocicleta con motor Ferrari

Conoce a las amantes más famosas de la historia

Directorio Comercial:
 


Copyright © deguate.com - Todos los derechos reservados

Política de Privacidad  -  Política de Cookies

Guatemala

  

Correspondencia, sugerencias, informaciones a: [email protected] 
deGUATE.com no está afiliado al Gobierno de Guatemala, es una entidad comercial.