Traición a Monseñor Gerardi

Traición a Monseñor Gerardi

El presidente Berger está convencido de la inocencia de los tres militares condenados y que su amigo Arzú fue la víctima política del caso, pero le falta valor para exigir al nuevo jefe del MP el nombramiento de un fiscal ecuánime. El expediente permanece en las manos de Jorge García, designado por el equipo portillista e involucrado en la manipulación de los testigos.

Por: Maité Rico y Bertrand de la Grange

El caso Gerardi recuerda al proceso de Alfred Dreyfus, el capitán francés que fue condenado a cadena perpetua por  un asunto de espionaje a finales del siglo XIX. La vida política francesa estaba envenenada por el antisemitismo y Dreyfus era judío. Como no había pruebas, las fabricaron y recurrieron a testigos dudosos para acusarlo de colaboración con el enemigo alemán. Eso es exactamente lo que hicieron con el capitán Byron Lima y los otros procesados.

Ellos debían pagar por ser militares, cuando se había vuelto políticamente rentable ajustar con el ejército las cuentas de la guerra. Su condena mostraría al mundo los avances en la “lucha contra la impunidad” y la consolidación de la democracia en Guatemala. A cambio, el gobierno de Alfonso Portillo recibiría el aplauso de la bienintencionada comunidad internacional y el agradecimiento de la Iglesia por haber facilitado el encubrimiento de un jerarca católico involucrado en el asesinato de monseñor Gerardi.

En ese contexto, la publicación de una contrainvestigación sólo podía levantar ronchas en esos círculos poderosos. Cuando la primera edición de nuestro libro aterrizó en Guatemala, en noviembre de 2003, la irritación se apoderó de altos funcionarios, prelados y activistas de la ODHA. La reacción del público, en cambio, fue inesperada: al cabo de tres días, no quedaba en las librerías un solo ejemplar de los mil quinientos que Planeta había enviado desde México. La gente se apuntaba en listas de espera, que llegaron a reunir tres mil nombres. La editorial tuvo que acelerar el siguiente envío… y los sucesivos. “Nunca antes vi hacer colas para comprar un libro en este país”, declaraba un veterano librero a la agencia Associated Press.

Guatemala se hallaba en plena campaña electoral, a la espera de la segunda vuelta. Los múltiples escándalos de corrupción y el saqueo impenitente de las arcas públicas habían resquebrajado la imagen del presidente Portillo y habían propiciado la derrota, en primera vuelta, del general golpista Efraín Ríos Montt, candidato del Frente Republicano Guatemalteco, el partido en el poder.

Ni siquiera el caso Gerardi les servía ya de gancho electoral. Portillo se jactaba de haber condenado a “los asesinos” y de haber resuelto el crimen, pero la opinión pública, que en su momento había acogido con alivio la detención de los acusados, empezaba a dudar seriamente de su culpabilidad y quería enterarse de los entresijos de la investigación.

Los lectores harían el mismo recorrido que nosotros: después de haber creído la versión oficial, acabamos por constatar que no existía una sola prueba en contra de los tres militares condenados.

Cuando, en marzo de 2001, nos sentamos en la sala de vistas de la Corte Suprema, no teníamos ningún motivo para dudar de que los asesinos del obispo ocupaban el banquillo. El coronel Lima Estrada, el capitán Lima Oliva, el sargento Villanueva, el sacerdote Orantes y la cocinera Margarita eran los villanos de la historia. El fiscal y los abogados de la ODHA anunciaban “sorpresas” y “revelaciones” que probarían su culpabilidad, y nuestro libro, pensábamos, narraría un crimen impactante resuelto con una encomiable eficacia.

La única sorpresa del juicio, sin embargo, fue el cúmulo de irregularidades: un testigo de cargo que cambiaba continuamente su declaración; unos fiscales que desechaban las pruebas científicas y presentaban, en su lugar, las declaraciones de una ristra de personajes patibularios que brotaban por arte de magia, y por su orden, para llenar los huecos del rompecabezas; un tribunal que pisoteaba la presunción de inocencia de los acusados y que llegó al extremo de manipular las actas del juicio para “corregir” testimonios y extirpar contradicciones… Y como colofón, las condenas a treinta años de prisión por “coautoría”, figura que ni siquiera existía en la legislación guatemalteca.

Ante ese panorama, nuestro proyecto cambió por completo. Tuvimos que empezar desde cero. Nos zambullimos en el expediente, buscamos las piezas que la fiscalía había ocultado y hablamos con todos los actores, incluidos algunos de los falsos testigos. Poco a poco nos encontramos en medio de un siniestro juego de espejos en el que nada ni nadie era lo que parecía. Ya no se trataba sólo de un crimen atroz, sino de un montaje político-judicial de gran calado, destinado a descarrilar el gobierno del presidente Álvaro Arzú y a allanar el camino para la victoria del FRG.

Lo más espeluznante, sin embargo, fue descubrir que los propios colaboradores del obispo participaban de lleno en la farsa. Con la patente de corso que les garantiza su bandera de “defensores de los derechos humanos”, y protegidos por la jerarquía eclesiástica, los abogados del arzobispado señalaron a los oficiales procesados, suministraron testigos falsos y solicitaron el enjuiciamiento de Arzú, mientras encubrían a los sospechosos ligados a la Iglesia, como el sacerdote Mario Orantes, monseñor Efraín Hernández y su “sobrina”, Ana Lucía Escobar.

La llegada de Portillo al poder puso de manifiesto su convivencia con los responsables de la ODHA, que pasaron a ocupar importantes cargos públicos. Los “herederos” de Gerardi, que en el informe Remhi habían calificado a Ríos Montt de “genocida”, no tendrían empacho en incorporarse a un  gobierno dominado por el viejo general. Sobre todo Edgar Gutiérrez, que seguiría manipulando el expediente judicial desde su puesto de jefe de inteligencia, antes de convertirse en ministro de Relaciones Exteriores.

Igualmente triste resultaba el papel de los flamantes representantes de la “comunidad internacional”, convertidos, con inteligentes excepciones, en comparsas de ese circo truculento. Es impensable que Estados Unidos no tuviera toda la información del caso. El propio FBI colaboró en la primera etapa de la investigación. A pesar de ello, su embajador estuvo presionando para lograr la condena de los acusados, e incluso protestó cuando la sala de apelaciones anuló el primer fallo y ordenó un nuevo juicio. Washington no ha perdido los hábitos intervencionistas: en los años cincuenta, su embajada ayudaba a la CIA a seleccionar a los opositores “asesinables”, y hoy decide quiénes son culpables en los procesos judiciales de impacto. Es una manera muy cómoda de lavar su imagen y hacer olvidar que, durante la guerra, fueron los mejores aliados del ejército.

La ingenuidad sí parece haber sido decisiva, en cambio, en el caso de algunos diplomáticos europeos y, sobre todo, de los canadienses, que confiaron en la ODHA y otorgaron asilo político a dos falsos testigos, el taxista Méndez Perusina y el ex sargento Aguilar Martínez.

Quienes no tienen excusa posible son los funcionarios de las Naciones Unidas. Ellos dieron un seguimiento milimétrico a la investigación y no se perdieron una sola sesión del juicio. A pesar de todo, obviaron las inconsistencias manifiestas, los testimonios fabricados y las incontables aberraciones de la sentencia. Por estulticia, en algunos casos, o por prejuicios ideológicos, estos observadores participaron de lleno en la construcción del caso y tienen una responsabilidad mayúscula en los yerros de los fiscales y de los jueces. Incluso cuando las condenas fueron anuladas en segunda instancia, se permitieron acusar a los magistrados de apelación de “extralimitarse” y de dificultar “el proceso de esclarecimiento de este brutal crimen”.* [* 13 Informe sobre Derechos Humanos de Minugua, suplemento “Casos de violaciones”, p. 59].

Es cierto que la versión de la ODHA resultaba creíble. En una primera lectura, era lógico pensar que el ejército hubiese decidido vengarse del obispo Gerardi por la publicación del informe Remhi. El problema es que cuando aparecen las primeras pruebas de la participación del sacerdote Mario Orantes, los abogados del arzobispado y la propia jerarquía eclesial deciden encubrirlo y se lanzan a boicotear las investigaciones del fiscal Otto Ardón. La descalificación de los informes forenses sobre las mordeduras del perro Balou en el cadáver de Gerardi es uno de los episodios más infames.

Ardón tuvo que tirar la toalla, acorralado por la poderosísima maquinaria eclesial y los medios de comunicación. De los tres fiscales, él fue sin duda el más honesto y el que más se acercó a la verdad. Ardón nunca creyó que hubiera una conspiración para matar a Gerardi. Él se inclinaba, como el FBI, por la hipótesis del asesinato improvisado, como desenlace de una fuerte discusión entre Gerardo y la hija de monseñor Hernández y su banda.

Si bien las circunstancias de la muerte sugieren, en efecto, improvisación, la teoría de Ardón no explica la inmediatez con la que brotan las “pruebas” contra el coronel Lima y el Estado Mayor Presidencial de Arzú. La coordinación hace sospechar que había un plan previo, y que los mismos instigadores del asesinato son los que desvían la investigación desde el primer día. Las relaciones entre los sicarios de la banda Valle del Sol y militares vinculados al crimen organizado habían salido a la luz en varias ocasiones.

Con todo, bastaría con que Mario Orantes dijera la verdad para que la madeja se desenredara. Arropado por la Iglesia, el sacerdote prefiere encerrarse en su silencio, con la esperanza de salir como simple encubridor. Los obispos, deseosos de ahuyentar el escándalo, están más que dispuestos a ayudarle. Pero si algo queda claro en esta intriga es que Orantes miente. El sacerdote estuvo presente en el asesinato de Gerardi. Las mordeduras de su perro Balou en el cuerpo del prelado están documentadas científicamente. La prueba del luminol demostró que se había limpiado la escena antes de que él llamara a la policía. Su inusitada conexión de más de dos horas a Internet, que comienza justo a la hora en la que llega Gerardi, tampoco es casual.

Está claro, igualmente, que monseñor Efraín Hernández y Ana Lucía Escobar no dicen la verdad sobre lo ocurrido el 26 de abril de 1998, como lo demuestran sus declaraciones cambiantes y contradictorias. Mienten sobre los horarios de llegada a la casa parroquial, sobre las llamadas telefónicas, sobre las relaciones con Orantes. Los sucesores de Ardón, sin embargo, decidieron ignorar esta pista y eliminaron todas las pruebas que afectaban a miembros de la Iglesia.

No debería de ser muy complicado reconstruir aquella noche trágica en San Sebastián, pero va a ser más difícil probar que los instigadores del crimen fueron un grupo de antiguos oficiales de inteligencia que, tras ser depurados de mala manera por Álvaro Arzú, habían encontrado acomodo político en el entorno de Alfonso Portillo cuando éste era candidato a la presidencia. Hay testimonios e indicios, pero nada concreto para acusarlos judicialmente.

Con la estrepitosa derrota electoral del FRG y la llegada al poder de Óscar Berger, en enero de 2004, se abría la posibilidad de revertir un proceso aberrante y de retomar la investigación ahí donde se había quedado truncada. Un año después, sin embargo, esas esperanzas se han desvanecido. Los Lima continúan en la cárcel y el padre Orantes, en el hospital del Centro Preventivo, ejerciendo de consejero espiritual. La viuda de Obdulio Villanueva llora su tragedia, mientras monseñor Hernández sigue plácidamente al frente de la parroquia de Esquipulitas. Nadie ha vuelto a molestar tampoco a Ana Lucía Escobar ni a su novio, el Colombiano.

El presidente Óscar Berger está convencido de que los tres militares condenados son inocentes y de que su amigo Álvaro Arzú fue la víctima política del caso, pero no ha reunido el valor para exigir al nuevo jefe del ministerio público el nombramiento de un fiscal ecuánime. El expediente permanece en las manos de Jorge García, designado por el equipo portillista e involucrado en la manipulación de los testigos.

El gobierno no quiere roces con el gremio de derechos humanos y menos aún con la Iglesia católica, que actúan como un verdadero “poder paralelo”. Lejos de reconocer los errores y tratar de enmendar las gravísimas irregularidades, los fiscales y los abogados del arzobispado están empeñados en impedir un nuevo juicio, exigido por una corte de apelación desde octubre de 2002. Saben que una revisión del caso dejaría al descubierto todo el montaje. A raíz de la tormenta provocada por la publicación de este libro, la acusación intentó rescatar la credibilidad de su principal “testigo” de cargo, el indigente Rubén Chanax. Para ello se descolgó, meses después, con unas fotografías y una ficha del Ministerio de Defensa que “demostraban” que Chanax sí había prestado el servicio militar (aún cuando fuera incapaz de recordar los años) y que era un “agente” de inteligencia en el momento del asesinato de monseñor Gerardi.

El documento, que anteriores fiscales, abogados, periodistas y oficiales castrenses habían buscado infructuosamente desde el inicio del proceso, resultó ser una falsificación muy poco esmerada. La chapuza revela, hasta límites grotescos, la contumacia y la deshonestidad del ministerio público y de la ODHA, más preocupados por salvar la cara que por encontrar a los culpables y hacer justicia.

¿Y qué dice la Iglesia? El cardenal Quezada Toruño, que con tanta vehemencia deseaba conocer la verdad del crimen, “fuera cual fuera”, ha optado por correr un tupido velo. Atrás quedaron sus reservas sobre la marcha del proceso y la inquietud que le producía una sentencia “política, no jurídica”. Sí se preocupó, en cambio, por llamar discretamente a directivos y dueños de los principales medios de comunicación para pedirles que silenciaran este libro tan incómodo. La jerarquía eclesiástica demuestra así que está dispuesta a todo para mantener sus cloacas bien cerradas. Y ese “todo” incluye obstruir una investigación, fabricar pruebas, encubrir a los culpables y auspiciar la condena de inocentes. Finalmente, quienes han traicionado a Gerardi han sido sus propios “hermanos”.