En busca del trabajo decente en Guatemala

Ultima actualización: 29 Nov, 2017 - 16:35:54
Una de las principales preocupaciones de las personas es conseguir un trabajo que garantice la satisfacción de las necesidades fundamentales del trabajador y de su familia. Prensa Libre publicó en mayo del 2015 una encuesta en la cual se identifica la falta de dinero y oportunidades económicas como el principal problema que afecta al país...



En busca del trabajo decente en Guatemala

El contenido de este documento tiene como propósito contribuir a la formulación de una política laboral que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 40, inciso a) de la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde formular al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.


La centralidad del trabajo humano y el concepto de trabajo decente

El trabajo es definido como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que permite a las personas obtener los medios necesarios para subsistir. Empleo, por su parte, se refiere al trabajo efectuado a cambio de pago o ingreso, por lo que incluye tanto el trabajo asalariado como el realizado por cuenta propia o autoempleo.

En busca del trabajo decente en Guatemala

El trabajo, como señala Juan Pablo II en la encíclica sobre el trabajo humano (Laborem exercens), es la dimensión fundamental de la persona humana. Antes de llegar a la edad adulta las personas se preparan para tener una inserción favorable en el mundo del trabajo y, luego de concluida la vida laboral, esperan que esta les haya permitido, sea a través de un sistema de seguridad social o bien gracias al capital o ahorro acumulado, tener una vejez decorosa y saludable.




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Por otra parte los ingresos generados por el trabajo son los más importantes para la mayoría de las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2-2014), presentada el 17 de abril de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los salarios representan el 70% del ingreso total de la población asalariada (69% en el caso de las mujeres y 71% para los hombres).

Las intervenciones de ASIES en la temática laboral, al igual que estas propuestas, tienen como eje articulador el concepto de trabajo decente, presentado en 1999 por el entonces Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, en la primera memoria que sometió a la Conferencia Internacional del Trabajo, titulada precisamente Trabajo Decente.

Según dicho enunciado, todos los hombres y las mujeres deben tener oportunidades para “conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999:4). Esto combina dos aspectos fundamentales de todo trabajo: la calidad, que se relaciona con el trabajador, y la productividad, que se relaciona con la empresa, que debe ser exitosa para estar en capacidad de ofrecer condiciones dignas a sus trabajadores.

La noción del trabajo decente se inspira en uno de los postulados contenidos en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT de 1944, conocida como Declaración de Filadelfia, e incorporada a la Constitución de la OIT, la cual proclama que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho al bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y que alcanzar ese resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional.

El citado concepto tiene cuatro dimensiones fundamentales: trabajo dignamente remunerado, ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, protección por la seguridad social y diálogo social. En consecuencia, al hablar de crear puestos de trabajo decente, no se trata de cualquier tipo de trabajo. Así lo indica Somavia en la memoria antes mencionada: los puestos de trabajo “han de ser de una calidad aceptable”, pues “no cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad” (OIT, 1999:4).

Es también importante mencionar, como antecedentes de los aportes de ASIES en el tema, la “Propuesta de Agenda Nacional de Trabajo Decente” (julio de 2012), que constituye un insumo para la formulación de un programa nacional de trabajo decente, a fin de cumplir con los mandatos constitucionales relativos al régimen laboral y los compromisos internacionales, particularmente en Brasilia (2006), cuando se adoptó la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente; y el documento “Insumos para la elaboración de políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” (julio de 2008).

Diagnóstico de situación

Caracterización de la población laboral

De acuerdo con la ENEI 2-2014 de octubre de ese año, la Población Económicamente Activa (PEA) equivale al 38% de la población total, estimada en 15.8 millones para 2014 (INE, 2004). En el cuadro siguiente se muestran algunas de sus variables más relevantes.

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La población ocupada (PO) asciende, según la ENEI 2-2014, a 6, 131,995, lo que da una tasa de desempleo de 2.9%. El subempleo visible4 afecta al 12% de los ocupados, con mayor incidencia en el dominio rural (14%) y entre las mujeres rurales (15%). Por grupo étnico, los indígenas son más afectados por esta situación (13%) que los no indígenas. El 39% de los subempleados se ubican en la agricultura, actividad a la que sigue la administración pública con el 21%. Por categoría ocupacional el 24% de los subempleados son empleados privados, 21% trabajadores por cuenta propia no agrícola y 20% jornaleros o peones.

Participación laboral según sexo, edad y etnia   

Entre las principales características de la población laboral, cuyo detalle se presenta en los cuadros y gráficos del Anexo estadístico, destaca que el 65% de la PO la integran hombres y el 35% mujeres, lo que refleja una menor tasa de participación con respecto al porcentaje de mujeres en la población total del país, estimado en 51.1% (Cuadro 1).

Entre las mujeres ocupadas, el 40% reside en el resto de centros urbanos, 35% en el rural y 25% en el urbano metropolitano. En 2013 (Prado, 2014) el 38% de las mujeres ocupadas pertenecía al grupo étnico indígena; el 70% estaba en la informalidad, que entre los hombres alcanzaba el 68%. De las mujeres informales el 46% son indígenas y el 54% son no indígenas. De las mujeres ocupadas rurales, el 80% labora en la economía informal, y de ellas 56% son indígenas.

Respecto a los rangos de edad, los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el 26%, los adultos de 25 años y más, el 74%. Por dominio de estudio, los jóvenes entre 15 y 24 años equivalen al 22% en el urbano metropolitano y al 31% en las áreas rurales, lo que está vinculado indudablemente a las mayores oportunidades de continuar estudios de que disponen los jóvenes residentes en el área metropolitana.

Por grupo étnico, los indígenas representan el 36% de la población ocupada. Su presencia es mayor en el área rural, donde se concentra el 57%; en el resto de centros urbanos reside el 38%. Si bien el 51.5% de la población de Guatemala reside en las zonas rurales, la participación de los habitantes rurales en la población ocupada es del 46%, y del total de mujeres ocupadas el 35% reside en las áreas rurales.

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En el dominio rural el 76% no tiene ningún estudio o solamente primaria y en el urbano metropolitano el 36% de los ocupados se encuentra en esa condición. De las mujeres ocupadas (Prado, 2013) el 56% no tiene ningún estudio o solamente primaria, pero en diversificado y superior se equiparan, con 30.7%, al promedio de la población ocupada.

Comparando los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2000 con la ENCOVI 2011, el promedio de escolaridad de los hombres de 15 años y más era de 4.8 años en 2000 y de 5.8 en 2011. Entre las mujeres el promedio pasó de 3.8 años en 2000 a 4.9 en 2011; y en las mujeres indígenas de 1.7 años en 2000 a 2.9 en 2011.

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La informalidad laboral

Una de las principales características de la población laboral es la elevada informalidad, que está asociada a precariedad de ingresos y falta de protección por la seguridad social. De acuerdo con la ENEI 2- 2014 el 65.8% de la PO se ubica en la informalidad. En el cuadro siguiente se presentan datos desagregados del trabajo informal.

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Otro criterio para medir la formalidad es la cobertura por la seguridad social que, según la ENEI 2-2014 alcanza al 29% (1, 768,075 ocupados) y al 46% de los asalariados (que son actualmente los elegibles para efectos de afiliación). Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reporta 1, 231,020 cotizantes a noviembre de 2014 (32% de la PO asalariada y 20% del total de la PO).

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Destaca en estos datos que la participación de los trabajadores agrícolas dentro de la población afiliada es muy inferior a la que tienen dentro de la PO. Por área geográfica, en el departamento de Guatemala residen dos de cada tres afiliados, y el segundo departamento con mayor número de cotizantes es Escuintla, con el 8%. La ENEI 2-2014 reporta 418,652 empleados públicos, y para 2013 el IGSS solamente registra 165,529 afiliados que laboran en el sector público, lo que significa que alrededor del 60% de los ocupados en dicho sector se encuentran en situación de informalidad desde el punto de vista de cobertura de la seguridad social.

La tenencia de contrato es otro rasgo de la relación formal de trabajo. De los 3.8 millones de asalariados, 39.8% tiene contrato de trabajo (33.7% por tiempo indefinido y 6.1 % a plazo fijo o temporal). De las mujeres asalariadas, el 50% cuenta con contrato de trabajo y entre los hombres el 35%. A lo anterior se agrega el goce de prestaciones laborales: el 37% de los asalariados recibe aguinaldo y el 39% recibe Bono 14.

La ocupación por rama de actividad

Respecto a la ocupación por rama actividad económica se presenta a continuación un resumen con los datos más relevantes que comparados con los de la ENEI de 2004, permiten observar la evolución del empleo en las diferentes ramas, destacando la creciente importancia de los servicios.

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Según dominios, en el urbano metropolitano la rama que concentra el mayor número de ocupados es el comercio, con el 36%, seguida de la industria con el 22%. De las mujeres ocupadas en el metropolitano, el 38% labora en el comercio y el 20% en la industria. En el resto urbano, el comercio es también la rama de actividad que tiene mayor participación, con el 35% de los ocupados, seguida de la administración pública con el 18% y el comercio y la agricultura con 15%. Este último dato pone de manifiesto la importancia que la actividad agrícola mantiene para muchos residentes urbanos.

En cuanto a la variable de género, el 35% de las mujeres ocupadas labora en el comercio, el 17% en la administración pública (categoría en la cual las mujeres superan a los hombres en presencia, con poco más de 71,000 mujeres con respecto a los hombres) seguida del comercio con el 16.7%. La actividad que ocupa más mujeres en el urbano metropolitano y resto urbano es el comercio.

En el área rural, el 56% de los ocupados labora en la agricultura, pero es notable el porcentaje que corresponde a otras ramas, lo que demuestra el peso creciente del empleo no agrícola entre la población rural. La segunda actividad en importancia es el comercio, con el 16%, seguida de la industria con 10%. La rama de actividad que absorbe mayor número de mujeres ocupadas rurales es también la agricultura, pero con el 30%, seguida del comercio con el 28% y la industria con el 17%.

El 43% de los indígenas ocupados labora en la agricultura. El porcentaje se eleva al 61% entre los indígenas rurales. La segunda actividad en importancia es el comercio con el 23%. Entre los no indígenas el 28% se ocupa en el comercio, el 25% en la agricultura y el 15% en la industria. Los indígenas en el dominio urbano metropolitano representan el 8% de la PO y, de ellos, el 45% labora en el comercio. En el resto de centros urbanos, el 36% de los ocupados indígenas se dedica al comercio.

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Es importante resaltar que en la agricultura se ocupa casi una tercera parte de la fuerza de trabajo, contribuye solamente con el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia una baja productividad. Como puede observarse en el gráfico siguiente, su participación se redujo en casi 4% en los últimos 14 años y las ramas restantes no registran mayores cambios, incluyendo los servicios que, como ya se indicó, es la actividad de crecimiento en cuanto a participación de la fuerza de trabajo.

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El empleo por categoría ocupacional

Por categoría ocupacional, el 62% de la PO se distribuye entre las cuatro subcategorías de asalariados o trabajadores en relación de dependencia: empleado de gobierno, empleado privado, jornalero o peón y trabajador doméstico (empleado de casa particular). En 2004, el 46% de la PEA se encontraba dentro de estas cuatro subcategorías.

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El Gráfico 3 presenta la distribución de la PO por categoría ocupacional. Los trabajadores no remunerados son, generalmente, familiares que trabajan, sin pago en efectivo, como auxiliares de trabajadores por cuenta propia. En 2004 los trabajadores por cuenta propia eran el 32% de la PEA, los no remunerados el 18% y los empleadores el 4.4%.

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De los 2.2 millones de asalariados del sector privado, el 32% reside en el urbano metropolitano, 38% en el resto urbano y 30% en el rural, mientras que el 79% de los jornaleros son residentes rurales. En el área rural reside el 32% de los trabajadores por cuenta propia no agrícola y el 85% de los trabajadores por cuenta propia agrícola.

El 56% de los ocupados rurales se dedica a la agricultura, actividad que absorbe al 66% de los hombres residentes en ese dominio y al 30% de las mujeres, para quienes la segunda actividad en importancia es el comercio con el 28%. Para los indígenas la principal actividad económica es también la agricultura, con el 42% y en los indígenas rurales se eleva al 61%. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2012, con datos de la ENCOVI 2011, refiere que de 1.3 millones de hogares agropecuarios, el 60% carece de tierra o se encuentra en situaciones de infrasubsistencia y subsistencia, el 13% es excedentario, y el 26% pequeño o gran comercial (Gabinete de Desarrollo Rural Integral, 2014).

Las categorías ocupacionales con mayor presencia de mujeres son empleada privada, con 35%, y trabajadora por cuenta propia no agrícola con 27%. En el trabajo doméstico las mujeres representan el 93%. Para las mujeres de los dominios urbanos la categoría que ofrece más ocupación es la de empleada privada, mientras que en el rural es la de trabajadora por cuenta propia agrícola. Por etnia, los indígenas tienen mayor presencia en la categoría de empleado privado, donde se ubica el 27%, a la que sigue la de jornalero o peón, con el 19%.

Los ingresos de la población ocupada

El ingreso promedio de la PO es de Q 2,206.84 mensuales, con montos más altos en el urbano metropolitano y menores en el rural. Los hombres que trabajan por cuenta propia no agrícola tienen los ingresos más altos (aparte de los empleadores) y las mujeres rurales que trabajan por cuenta propia son las que tienen menores ingresos. En el caso de los asalariados (hombres o mujeres), quienes tienen el ingreso promedio más alto son los del urbano metropolitano y los de ingresos más bajos son los rurales (hombres y mujeres). Los ingresos de los ocupados formales son superiores en todas las categorías ocupacionales. Solamente el 19% de los ocupados tiene un ingreso superior al salario mínimo y que, en la categoría de asalariados, el 29% devenga por arriba de dicho salario. El gráfico siguiente muestra los ingresos promedio mensual de los ocupados, según sexo.

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Desigualdad de género y medición de algunos indicadores de trabajo decente

En el cuadro que sigue se observa la brecha salarial de género y etnia estimada de acuerdo con los datos de la ENEI 2012 y la ENEI 2-2013.

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En mayo de 2013 ASIES desarrolló, con el proyecto “Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal”, un sistema de indicadores de trabajo decente (Coyoy, 2013) que permite medir, de acuerdo con los estándares sugeridos por la OIT, el grado de avance hacia el logro del objetivo de trabajo decente.

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Condiciones necesarias para la creación de empleo

La creación de empleo depende de la presencia o combinación de múltiples factores, que generan las condiciones propicias para el aumento de la inversión productiva y de la demanda de bienes y servicios. Se detallan a continuación algunas de las condiciones más relevantes, a partir de las señaladas en el estudio realizado por ASIES en 2009, titulado “Generación de una política de empleo”, el cual formó parte de los “Insumos para la elaboración de políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” (González, 2008).

Situación macroeconómica

Las variables que tienen mayor influencia en la generación de empleo son las siguientes:

a) Crecimiento económico: En el ámbito macroeconómico el primer factor condicionante es lograr una tasa adecuada de crecimiento del PIB. En su disertación con motivo de los 35 años de ASIES, Gert Rosenthal señaló “el relativamente pobre desempeño de Guatemala en los últimos tiempos en materia económica, social, e incluso de gobernabilidad”. Agregó, a título de ejemplo del desempeño insatisfactorio, “la tasa promedio de crecimiento anual del ingreso nacional bruto (INB) que desde 2008 apenas rebasa la expansión demográfica; aun en la década pretérita a 2008 solo alcanzó un 3.7% anual en promedio, muy insuficiente para generar los puestos de trabajo que podrían absorber el aumento anual de la población económicamente activa”, a lo que se agrega la tasa de fecundidad, una de las más elevadas de América Latina (Rosenthal, 2014).

En un análisis del Banco Mundial (2014) sobre la economía guatemalteca se indica que el crecimiento económico de 2013 estuvo impulsado por el consumo interno, que representa más del 80% del PIB. El consumo creció 3.9% en 2013, impulsado por el aumento de los ingresos, de las remesas, y la expansión del crédito al consumo, en tanto, se debilitaron la inversión pública y privada. La privada se redujo de 8.8% en 2012 a 3.6% en 2013; y la pública 11.9% en 2012 y 4.7% en 2013.

El gráfico siguiente evidencia que solamente en 2007, con el 6.3%, se superó la meta establecida en los Acuerdos de Paz, de un crecimiento sostenido anual de 6%.

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El “Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032”, en el eje “Riqueza para todos y todas”, reconoce que para crear empleo es necesario acelerar el ritmo del crecimiento económico, planteando la meta de un crecimiento sostenido del PIB. Para 2015-2020 se propone una meta de entre 3.4% y 4.4%, y para 2021 a 2025 entre 4.4% y 5.4% (CONADUR/Segeplan, 2014:226), pero no indica el motivo para fijarla en un nivel tan modesto. El presidente del Banco de Guatemala, en febrero de 2015, indicó que las expectativas de crecimiento para 2015 (máximo de 4.1%) son positivas y permitirán que la economía crezca muy cerca de su potencial (BANGUAT, 2015).

Por otra parte, la propuesta “Guatemaltecos mejoremos Guatemala” (abril de 2012), de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), plantea un crecimiento promedio de 5.5% durante 10 años -3.05% a 6.04% anual- (FUNDESA/CACIF, 2012:8-12). Para la Fundación Libertad y Desarrollo, el ideal de crecimiento económico es 6% arriba del crecimiento de la población, por lo que Guatemala debe lograr una tasa del 8.4% anual. Agrega que en los últimos 50 años solamente en dos se registró un crecimiento de esa magnitud: 9.5% en 1963 y 8.8% en 1968, que forman parte de la denominada “época dorada” del Mercado Común Centroamericano.

b) Sector financiero: González (2008), señala que “un sistema financiero sólido, eficiente y confiable es una condición necesaria para el crecimiento económico. La intermediación financiera provee recursos para capital de trabajo, para la creación de nuevas empresas, la ampliación y consolidación de las existentes; demás el buen funcionamiento del sistema de pagos repercute positivamente en el flujo de bienes y servicios”. Esta condición se mantiene. El sistema financiero del país cumple actualmente con las características arriba indicadas.

En el estudio de 2008 se hacía referencia a una situación que persiste: “la participación del crédito destinado a actividades productivas disminuyó consecutivamente en el período 2000- 2004”. Como puede observarse en el Gráfico 6, la tendencia se mantiene, pues entre 2005 y 2014, solamente en 2006, el porcentaje destinado a crédito para el consumo de las personas y sus familias, transferencias y otros propósitos similares, disminuyó con respecto al año anterior.

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El monto total de créditos concedidos en 2014 alcanzó los Q 137,150 millones, de los cuales Q 35,300 millones (26%) fueron destinados para actividades productivas y Q 101,815 millones (74%) correspondieron al consumo.

El costo del crédito es también una variable importante. Entre 1996 y 2014, la tasa activa promedio bajó del 22.66% al 12.76% en 2006. A partir de ese año experimenta un repunte leve pero sostenido, y en 2014 se situó en 13.77%. La tasa pasiva promedio también se redujo, pasando de 11.20% en 1996 a 4.4% en 2004 e, igualmente, con un crecimiento sostenido hasta llegar a 5.41% en 2014. El margen de intermediación pasó del 11.46% en 1996 a 8.28% en 2014. Sin embargo, para el usuario del microcrédito los costos son más elevados. En 2012 el promedio de la tasa de interés para los otorgados por cooperativas de ahorro y crédito era de 16%, bancos 22% e instituciones de microfinanzas 26% (González y Prado, 2013).

Otro elemento determinante para el crecimiento y la inversión (de acuerdo con la Fundación Libertad y Desarrollo) es la tasa de ahorro, que en los últimos 10 años tiene un promedio de 14% con respecto al PIB (20% de promedio en América Latina). En los dos últimos años la tasa fue del 11.5% en 2013 y 11.7% en 2014.

La baja tasa de ahorro interno aumenta la importancia de la inversión extranjera directa (IED), que en los últimos cuatro años creció de manera modesta, pasando de US$ 1,016 millones en 2011 a los US$ 1,500 millones para 2015 (BANGUAT, 2015).

En 2012 la IED captada por los seis países centroamericanos ascendió a US$ 8,886 millones, que representa el 5% de la recibida por América Latina (US$ 174,546 millones).

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De la IED recibida en 2014 el 33% se dedicó a agricultura, minas y canteras; 21% al comercio; 14% a la industria manufacturera; 14% a bancos; y 17% a energía y telecomunicaciones (El Periódico, 2/10/14). Esto coincide con lo indicado en un estudio de CEPAL sobre la IED en América Latina y el Caribe, en el sentido de que la mayor parte de esta “no habría creado nuevas actividades productivas que fomentaran la expansión del empleo, sino que estaría ligada a la reestructuración de las empresas, la cual se tradujo en racionalizaciones y despidos”, y que una parte sustantiva se dedicó a servicios en los que se tendieron a utilizar activos existentes (CEPAL, 2013: 114).

Es importante tener presente el saldo neto de la IED, pues esta no constituye únicamente ingresos, sino genera utilidades que, al menos en parte, se envían a la casa matriz. Entre 2007 y 2011 el promedio de ingreso de IED en Centroamérica fue de US$ 6,819 millones. Costa Rica, el mayor receptor, registró un promedio de US$ 1,788 y Guatemala US$ 786 millones. En el mismo período, los egresos por rentas de IED representaron el 64.3% de lo invertido, teniendo Guatemala el saldo más desfavorable con un promedio de 127.2% de egresos (ICEFI, 2013: 2-3).

En el K’atun 2032 se enumeran los factores condicionantes negativos de la IED: inseguridad, falta de infraestructura, baja productividad del trabajo, y un limitado mercado interno, mientras que los factores que inciden positivamente son: la posición geoestratégica del país, dada su cercanía con el principal mercado mundial (EE.UU.); y la disponibilidad de recursos minerales y petroleros (CONADUR/Segeplan, 2014:210). A los anteriores hay que agregar la existencia del Mercado Común Centroamericano y la diversidad de ecosistemas que tiene el país.

Los cinco factores más importantes que los inversionistas toman en cuenta para instalarse en determinada nación, en orden de mayor a menor son (ICEFI 2014:1):
  • El acceso a consumidores (países con poca pobreza e indigencia).

  • Ambiente político y social estable.

  • Facilidad para hacer negocios.

  • Calidad y confiabilidad de la infraestructura y los servicios básicos (educación, salud, seguridad, justicia).

  • Facilidad para contratar profesionales técnicos y ejecutivos.
Agrega el citado documento que, “contrario al mito generalizado en muchos discursos, acerca de que el cobro de impuestos desincentiva la atracción de IED, el pago de impuestos ocupa el puesto 11 en el ranking de los 20 factores críticos que las empresas transnacionales consideran para seleccionar un país”, pero “logran ayudar a motivar inversiones en sectores económicos vitales para el plan de desarrollo, relacionados con la transformación productiva y la mejora del empleo, o en territorios con carencias en infraestructura económica y poco desarrollo social en donde los incentivos buscarán compensar posibles costos más altos de operación” (ICEFI, 2014: 2).

Para Centroamérica es fundamental la adopción de una política regional basada en tres pilares: la diferenciación (nichos de mercado distintos en cada país que permite promover la especialización territorial); la cooperación, que evitará la competencia intrarregional; y la negociación en bloque, que permite lograr la localización de diferentes partes de procesos productivos, en los distintos países, según su especialización (ICEFI, 2014: 3). Esto es vital para evitar daños irreparables al proceso de integración centroamericana (una meta no solamente deseable sino que indispensable para los países del istmo) si se entra en una carrera hacia el fondo en materia de costos laborales e incentivos fiscales (ICEFI, 2013:1).

Respecto a la IED es importante subrayar la limitada capacidad de generación de puestos de trabajo, en tanto se mantengan los escasos niveles logrados en los últimos años. Según un estudio de CEPAL, cada millón de dólares en IED genera 1.3 puestos de trabajo en las actividades extractivas, 2.1 en industrias intensivas en recursos naturales, 3.8 en industria automotriz, 4.2 en alimentos y bebidas, 7.2 en industrias intensivas en mano de obra y 7.4 en industrias intensivas en ingeniería. Dos de las actividades con mayor capacidad de generación son el turismo con 7.8 puestos, y el comercio con 7.1 (CEPAL, 2014: 134). En cuanto a los centros de llamadas, uno de los sectores de mayor crecimiento de empleo para jóvenes bilingües en los últimos años, se estima la generación de 73 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido (ICEFI, 2013:3).

Finalmente, cabe agregar lo que señala otro documento de CEPAL, sobre que en “los países especializados en inversiones con elevado contenido de empleo, los mercados de trabajo locales tienen más posibilidades de incidir en la distribución primaria del ingreso, en la medida en que las instituciones laborales apoyen este proceso y el desequilibrio entre el tamaño de los inversores y los sindicatos locales lo permitan” (CEPAL, 2014: 133).

c) Sector externo: El intercambio comercial de Guatemala se diversificó en el último cuarto de siglo, con el incremento de los productos no tradicionales de los cuales los más importantes son, en su orden: artículos de vestuario, productos químicos, productos alimenticios, minerales, frutas y sus preparados, caucho natural, tejidos, hilos e hilazas, materiales de construcción, verduras y legumbres, y artículos plásticos (Linares, Prado y Zelaya, 2012).

En 1990 los productos tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo) representaban el 52% del total de las exportaciones, descendiendo al 16% en 2006. Con algunos altibajos, para 2014 se sitúan en el 23.2%, como se observa en el gráfico siguiente.

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El intercambio comercial de Guatemala es deficitario, pues el ritmo de crecimiento de las exportaciones no logra compensar el mayor incremento de las importaciones, de lo que resulta un déficit estimado en US$ 7,800 millones para 2015, pues de acuerdo con datos del Banco de Guatemala se proyectan US$ 11,400 millones de exportaciones y US$ 19,200 millones de importaciones. Según estadísticas de AGEXPORT10 el destino principal de las exportaciones son los Estados Unidos de América con 35% (en 1986 representaban el 46%), Centroamérica con 31% (en 1986 el 17.5%), la Unión Europea 7%, Asia 9%, México 4%, el Caribe 3%, Sudamérica 3% y el resto del mundo 8%.

Las exportaciones intrarregionales de Centroamérica ascendieron en 2013 a US$ 8,586.2 millones, de los cuales correspondieron a Guatemala US$ 2,784.9 millones, equivalentes al 32.4%. En el caso de Nicaragua, el país menos favorecido por el comercio intrarregional, sus exportaciones ascendieron a US$ 529.9 millones (6%). Las importaciones intrarregionales alcanzaron en el mismo año US$ 9,673 millones, correspondiendo a Guatemala US$ 2,197.9 (22.7%). El superávit comercial de Guatemala con sus socios centroamericanos ascendió a US$ 587 millones (SIECA, 2014).

En 2009 el consorcio ASIES-Enrique Lacs elaboró una propuesta de modelo de apertura de nuevas oficinas del Programa de Agregados Comerciales, de Inversión y Turismo (PACIT). En el estudio se determinó que, respecto a los tres principales destinos de las exportaciones: Estados Unidos de América, Europa Occidental y Centroamérica, los 20 principales productos concentran, respectivamente, el 73%, 92% y 41%; que en el caso de Estados Unidos el 59% de las exportaciones son textiles; para Europa el 92% es de productos agrícolas; y para Centroamérica los productos agrícolas representan el 3% y no hay exportación de textiles, por lo que se trata del destino más diversificado; que en los años 80 eran 6 países los principales destinos de exportación y que en 2009 el 80% se destina a 11 mercados; (Fuentes, 2009). En la tabla siguiente se presenta un resumen de las potencialidades de crecimiento, según la clasificación desarrollada por el estudio:

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En el análisis de la competitividad sectorial para los productos guatemaltecos, los que tienen mayor potencial de crecimiento en las exportaciones son: maquila de ropa, textiles, comida fresca, productos de cuero, productos de madera y comida procesada; y los países con mayor potencial son los centroamericanos, seguidos de República Dominicana, Chile, Japón, Perú, Arabia Saudita, Jordania y España. Para Perú y Jordania es donde aparece mayor número de productos, en tanto que en países como Chile y España solamente figura un producto (Fuentes, 2009).

Finalmente, el déficit en cuenta corriente, estimado 2.2% del PIB para 2015, se viene reduciendo desde un máximo de 6.5% en 2001, debido fundamentalmente a las remesas familiares, que ascendieron a US$ 5,500 millones en 2014 y se proyecta alcancen US$ 5,900 millones en 2015 (BANGUAT, 2015).

El entorno empresarial

Según el Informe de Competitividad Global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, la posición de los países centroamericanos en el Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés), entre 144 países, es la siguiente:

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Los tres subíndices comprenden 12 categorías, denominadas pilares de la competitividad. A continuación se presenta la comparación ente las posiciones de Costa Rica y Guatemala. No se compara con Panamá, el país centroamericano mejor posicionado, dadas las características muy particulares de la economía panameña.

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De acuerdo con la Encuesta Empresarial de ASIES No. 58, sobre percepción de los empresarios, la situación económica de julio de 2014 era peor para el 60% en comparación con julio de 2013, igual para el 26% y mejor para el 14%; las expectativas a futuro eran peores para el 25%, igual para el 48% y mejores para el 27%.

La corrupción y la violencia criminal tienen un fuerte impacto sobre el entorno empresarial, especialmente sobre las micro y pequeñas empresas. Balsells (2006) calculó que el costo de la violencia ascendía a Q 17,299 millones, equivalentes al 7.3% del PIB; en Q 349.2 millones el costo en inversión privada no realizada; y en Q 2,677 millones de pérdida global de ingresos de divisas por turismo. Señala también que el gasto en seguridad privada solamente es superado por el gasto en salud.

El sector empleador plantea desde hace varios años que para la creación de empleos de calidad son condiciones necesarias las siguientes: una reforma de la legislación laboral que permita rescatar la autonomía de las partes; facilitar los procedimientos de contratación; identificar y eliminar los abusos de la inamovilidad; regular nuevas formas de empleo, como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo polivalente o el teletrabajo; pactar la remuneración sobre bases de productividad; la posibilidad de horarios más flexibles y otras prácticas gerenciales asociadas a esquemas flexibles de producción (CACIF, 2000).

En el II Congreso Laboral de CACIF (29 de abril de 2015), la organización dio a conocer la “Propuesta Laboral: Empleo formal con oportunidad para todos”, que tiene como objetivo “desarrollar una política para aumentar el empleo formal, con mayor oportunidad para más personas, por medio de nuevos mecanismos de flexibilización laboral y definición de remuneraciones por productividad”. Uno de los tres objetivos específicos es “desarrollar una política de flexibilización del mercado laboral, que permita a más personas acceder a empleo formal con las prestaciones de ley”.

Los empresarios entrevistados con ocasión de la 35ª Encuesta Empresarial de ASIES (noviembre de 2007), comparten la demanda de flexibilización del mercado de trabajo. Al pedirles que calificaran siete factores para la generación de empleo, con una nota de 10 para muy importante, las que recibieron puntuaciones entre 8.8 y 7.9 (sin diferencias estadísticamente significativas) fueron, en su orden: apoyo a la microempresa, personas más capacitadas, atraer IED, facilitar nuevas empresas, acceso a crédito, información de mercados y flexibilizar las relaciones laborales.

Pobreza y desigualdad

La pobreza, en los últimos 24 años disminuyó de 62.8% a 53.7% (lejos de la meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio). Y entre 2006 y 2011 aumentó 2.71%, pues en el primer año se había llegado al 51%. La pobreza extrema disminuyó en el mismo período de 18.1% a 13.3% (Conadur/Segeplan, 2014:225).

Cada vez hay un consenso más amplio sobre que la elevada desigualdad es una de las causas que más contribuye a la pobreza, y que es un freno para el crecimiento y el desarrollo económico. Un estudio del Banco Mundial afirma que la desigualdad “es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas” (la región más desigual del mundo), y que su atributo más sobresaliente “es la concentración inusualmente alta del ingreso en el extremo superior de la escala” (Ferranti et al., 2003).

La igualdad total tampoco es posible ni deseable pues, como señala el antes citado estudio, “una sociedad necesita de cierto nivel de desigualdad para proporcionar incentivos para el trabajo y la inversión” y, puede agregarse, para la propia superación personal, pero la desigualdad extrema es inaceptable desde el punto de vista ético.

Los niveles de desigualdad de América Latina, continúa el estudio, tienen un alto costo para el bienestar, citando tres motivos para preocuparse por el tema: la elevada inequidad, ya sea en el ingreso u otras dimensiones, significa más pobreza; la desigualdad puede desacelerar el proceso general de desarrollo; y, de acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro, hay un amplio rechazo para la desigualdad, pues entre el 80% y 90%, los ciudadanos consideran que las tasas imperantes son injustas o muy injustas (Ferranti et al., 2003:6).

Díaz y Mayorga (2009:58) concluyen en un documento sobre crecimiento y desigualdad en América Latina, que “la literatura empírica no parece encontrar una evidencia concreta y definitiva para afirmar que el crecimiento afecte de manera importante la desigualdad, pero sí existen resultados teóricos que conllevan a afirmar que la existencia de desigualdad afecta negativamente el crecimiento”.

En el caso de Guatemala la participación del quintil más alto en el ingreso total es del 60.3% y la del más bajo del 2.9%; y la remuneración de los asalariados se redujo del 31.9% al 30% entre 2005 y 2011 y, por el contrario, el excedente bruto de explotación (remuneración del capital) pasó del 39.1% al 41.4%. El coeficiente de Gini disminuyó en forma mínima entre 2000 y 2006, pasando de 0.562 a 0.570 (Conadur/Segeplan, 2014:225).

El Banco Mundial, en el Informe de Desarrollo Mundial de 2006 “postula que la equidad es un objetivo de desarrollo por derecho propio, pero, más importante aún que un intercambio amplio de oportunidades económicas y políticas es también fundamental para el crecimiento económico”.

CONCLUSIONES
  • El desempleo es una variable secundaria en el mercado de trabajo de Guatemala. Es más importante el subempleo que afecta al 12% de los ocupados y, en mayor grado, a los ocupados rurales y a las mujeres rurales.

  • En todas las variables del mercado de trabajo la población rural es la que padece mayores niveles de precariedad y, dentro de esta, las mujeres y los indígenas. Las condiciones laborales de la población rural impactan fuertemente, de manera negativa, en los promedios de la población ocupada a nivel nacional, por lo que debe ser el grupo objetivo prioritario de las políticas de empleo y, en general de las políticas sociales y económicas.

  • Más de la mitad de la población ocupada carece de estudios o tiene, como máximo, primaria completa. Entre los ocupados rurales esta situación afecta a tres de cada cuatro ocupados.

  • La informalidad laboral afecta a casi dos tercios de la población ocupada, y lo hace por igual con hombres y mujeres. Tiene menos incidencia en el urbano metropolitano y entre los hombres de 25 años y más, y mayor entre los jóvenes y entre los trabajadores indígenas.

  • Medida por la falta de cobertura de la seguridad social, siete de cada diez ocupados se ubican en la informalidad. Es enorme la diferencia entre los ocupados protegidos por la seguridad social resultantes de la ENEI (1.7 millones) respecto a los cotizantes activos (1.2 millones) que reporta el IGSS. Puede suponerse que hay un elevado nivel de evasión en el pago de contribuciones por parte de gran número de empleadores.

  • La actividad económica que genera más empleo es la agricultura, seguida de los servicios, pero contribuye solamente con el 14% del PIB, lo que evidencia bajos niveles de productividad. Más de la mitad de los hogares agropecuarios carece de tierra o se encuentra en situación de infrasubsistencia o de subsistencia.

  • El ingreso promedio de la PO es inferior al salario mínimo vigente en 2014 para las actividades agrícolas y no agrícolas. Menos de un tercio de los asalariados tiene un ingreso que supera el salario mínimo.

  • El alto nivel de incumplimiento del salario mínimo, según la experiencia de otros países de América Latina, se relaciona con la debilidad de la institucionalidad laboral y la ausencia de un eficaz régimen de sanciones (OIT, 2014).

  • Las ventajas del empleo formal, aparte de la cobertura por la seguridad social, se evidencian en el ingreso, pues los ocupados formales tienen ingresos superiores a los informales en todas las categorías de ocupación.

  • La comparación entre los “Indicadores de trabajo decente” calculados para 2012 con los de 2014, muestra avances en cuanto a la reducción del empleo informal, de los ocupados que tienen empleo vulnerable, del subempleo visible, y del trabajo infantil. Aumentó, aunque levemente, la tasa de sindicación.

  • Por el lado contrario se incrementó el porcentaje de ocupados que trabajan más de la jornada de trabajo decente (48 horas semanales) y la brecha salarial de género. Disminuyó la proporción de mujeres asalariadas en el empleo no agrícola; la proporción de personas mayores de 65 años que recibe pensión; y la productividad media del trabajo. El dato más preocupante es el aumento de la desigualdad en materia de ingresos.

  • El crecimiento económico de Guatemala en los últimos 15 años es bajo e insuficiente para las necesidades de desarrollo económico. Son modestas las metas previstas para los próximos años, que pueden deberse a que no se plantean medidas concretas para remover los obstáculos estructurales que frenan el proceso de desarrollo.

  • El crecimiento económico es fundamentalmente impulsado por el mercado interno y, sin embargo, persiste el marcado sesgo hacia la exportación, que caracteriza a la economía guatemalteca desde el último tercio del siglo XIX.

  • La tasa de ahorro nacional y la inversión extranjera directa son insuficientes para lograr un ritmo de crecimiento más acelerado. La inversión pública debe llenar parte del vacío, al tiempo que se promueven mayores flujos de inversión socialmente responsable.

  • Los factores que condicionan el aumento de la IED y de la inversión nacional se relacionan con la capacidad del mercado interno y el entorno sociopolítico, la facilidad para hacer negocios, la calidad de la infraestructura y de las instituciones, y la disponibilidad de personal calificado.

  • Las exenciones impositivas no constituyen un elemento esencial para definir la colocación de inversiones. Un grupo de asesores empresariales señaló que los inversionistas no buscan una carga tributaria baja ni exoneraciones fiscales sino “seguridad; es decir, lugares donde hay menos violencia y más certeza jurídica” (MGI, Siglo21 29/8/14).

  • Es indispensable adoptar una política centroamericana común en materia de inversiones, para evitar una competencia ruinosa entre los países del istmo.

  • Guatemala tiene un importante déficit en el intercambio comercial (únicamente tiene superávit con los países centroamericanos) que es compensado por las remesas de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos, desplazados por la falta de oportunidades de trabajo dignamente remunerado. Las potencialidades del intercambio intrarregional debe llevar a la conclusión de que no es conveniente para los países centroamericanos caer en una competencia por atraer inversiones, especialmente si la atracción se sustenta en los bajos salarios.

  • Los mayores rezagos en el Índice de Competitividad Global se refieren, en los requerimientos básicos para la inversión, a la calidad de las instituciones públicas y privadas y a la salud y educación primaria; entre los potenciadores de eficiencia en educación superior y capacitación, preparación tecnológica y eficiencia del mercado laboral. La experiencia de Estonia en la década pasada (Linares, 2015:30) demuestra que pueden obtenerse avances en materia de competitividad sin sacrificar la protección de los trabajadores.

  • El sector empresarial insiste desde hace varios años en la flexibilización de la legislación laboral como condición necesaria para crear puestos de trabajo formal. La experiencia latinoamericana demuestra que la flexibilización no crea más empleo, pero deteriora la calidad del existente.
  • La competitividad del país no puede fundamentarse en la reducción de los derechos laborales y en salarios bajos, pues solamente profundizan la pobreza y la desigualdad.

  • Los elevados niveles de desigualdad existentes en Guatemala se constituyen en el mayor freno para el crecimiento económico y para la cohesión social. Por tal motivo, las políticas de empleo deben evitar aumentarlos. Más bien, la reducción de la misma debe ser uno de sus objetivos prioritarios.

Publicado por: Pablo Ordoñez

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Este artículo se publicó originalmente el 29 Nov, 2017 - 11:15:31

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