La política agraria colonial en Guatemala

Pues los beneficios de la concentración de la tierra en pocas manos estaba vinculada a la posibilidad de tener garantizada una fuente de mano de obra que se adaptara a los requerimientos estacionales de la actividad agrícola.

Dicha política se asentaba sobre cinco principios: el señorío de la Corona sobre todas las tierras conquistadas; la tierra como aliciente que hizo posible las expediciones de descubrimiento y conquista y sentó las bases del latifundismo, especialmente durante el siglo XVI, cuando la tierra era obtenida por merced real; la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, que ya consolidado el dominio español prevaleció aunque no sustituyó totalmente al segundo, expresándose mediante el procedimiento de composición, que permitía legalizar la propiedad de tierras realengas usurpadas mediante el pago de una determinada cantidad de dinero; la dotación de ejidos a los pueblos de indios y la posibilidad de que pudieran adquirir tierras adicionales mediante composición; y el bloqueo agrario de los mestizos, que el autor encuentra que no se desprende de las leyes, pues ellas “no hacen discriminación de la gente mestiza (‘las castas’, los ladinos) sino más bien ofrecen puntos de apoyo legal para que ellos también las puedan obtener” (Martínez, 1994: 159), pero es confirmado por los hechos, en especial la necesidad de los españoles y criollos de evitar que la proliferación de haciendas y labores les disputaran el acceso al trabajo forzado de los indígenas.

Cambranes (1985: 67 y 68) opina que durante los siglos XVI y XVII los mestizos no se beneficiaron del reparto de tierras, debido a que los españoles acapararon todas las tierras cultivables cercanas a los pueblos indígenas, pero que a partir de la emisión de una Real Cédula de 1754 se permitió a los mestizos la composición de tierras, de manera que en 1804 se registraban más de 4,000 familias de propietarios mestizos. Sin embargo debido a que la mayoría de mestizos eran personas de escasos recursos, les era muy difícil realizarlos complicados y engorrosos trámites de adquisición de tierras, lo que provocó que la mayoría de ellos se viera obligada a trabajar en los latifundios de los españoles y criollos, en calidad de arrendatarios o de colonos.

Datos sobre la venta de tierras realengas, indican que de 13,540 caballerías sometidas a composición entre 1743 y 1811, el 59% fue entregado a españoles y criollos, el 15% a ladinos, el 22% a cofradías y bienes comunales de indígenas, el 2% a particulares indígenas y el restante 2% a órdenes religiosas, bienes comunales de ladinos y bienes municipales de criollos (Belzunegui, 1992: 113).

A finales del siglo XVIII, ante la crisis del cultivo del añil, en el seno de la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1794 bajo el influjo de la Ilustración e inspirada en las sociedades homónimas creadas en España (Meléndez, 1974: 87 y 88), se produjo un intenso debate sobre la transformación del régimen de tenencia de la tierra, especialmente de la que se encontraba en poder de las comunidades indígenas, convirtiéndose en el primer foro público de discusión de los temas agrarios en Guatemala.

La propuesta más importante fue elaborada en 1799 por el sacerdote español Antonio García Redondo, quien se doctoró y fue rector de la Universidad de San Carlos y llegó a ser deán del Cabildo Eclesiástico. Es de gran importancia histórica, pues en ella aparece “el germen de todas las soluciones a las que acudió el pensamiento liberal guatemalteco durante el siglo XIX para resolver el problema agrario, incluido el de disponer de fuerza de trabajo en las haciendas”. Constituye, al mismo tiempo, la crítica más radical a la legislación colonial sobre la tierra y a su carácter tutelar hacia la propiedad comunal indígena.

García Redondo objeta el régimen de posesión colectiva de las tierras de los indígenas, argumentando que los desalentaba a realizar cualquier tipo de inversión y originaba la inercia en la que caían para mejorar su situación. Por ello, las tierras comunales debían ser repartidas estableciendo un régimen de igualdad ante los españoles y castas (los ladinos), pues solo de esa forma el indígena “empezará a salir del estado de pupilo y se aproximará al del hombre”.

Propugnaba por la privatización de las tierras comunales, que serían vendidas sin mayor formalidad, pero dejaba a los indígenas tributarios la obligación de trabajar una parcela de 10 cuerdas. La libertad para el mercado de tierras no se extendía a las relaciones laborales en la agricultura. No cuestionaba el régimen de trabajo forzoso, pero estaría exceptuado del mismo todo indígena que acreditara cultivar 25 cuerdas o 17, cuando siete de ellas fueran de cultivo nuevo. También estarían exentos los indígenas “sirvientes en haciendas”, durante el ciclo agrícola propio de cada actividad. Para fomentar nuevos cultivos, incluso exportables, debían utilizarse los fondos de las comunidades que les serían reintegrados, al tiempo que se daría libertad para habilitar a los indígenas en dinero, instrumentos de labranza o cualquier otra mercancía (Belzunegui, 1992: 242 – 248).

Publicado por: Pablo Ordoñez

Fuente: La política agraria colonial en Guatemala; Arévalo, Juan José (1998). Despacho Presidencial. Guatemala: Editorial Oscar de León Palacios.

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