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Historia del Sistema Penitenciario de Guatemala

El Derecho Penal clásico no se interesaba por el ser humano que hay en el condenado, su propia problemática, su dolor por arrancarlo de su comunidad familiar, la serie de trastornos que sufre por la privación de su libertad...

 

 


Historia del Sistema Penitenciario de Guatemala

Publicado el 07 Dic, 2017 - 12:05:59 - Ultima actualización: 08 Dic, 2017 - 10:23:02

El Derecho Penal clásico no se interesaba por el ser humano que hay en el condenado, su propia problemática, su dolor por arrancarlo de su comunidad familiar, la serie de trastornos que sufre por la privación de su libertad, en un mundo nuevo y distinto para él y que a la postre tendrá nuevamente que volver a la sociedad, porque se salió del marco legal e irrespetó la convivencia de los seres humanos.

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Tan solo se pretendía dotar a la punición de una sistematización que la alejara de conductas extremas tales como la venganza privada. En todo caso, la integridad corporal y mental del condenado eran elementos de los que se podía hacer caso omiso. Era una situación habitual, la aplicación de medidas que implicaban el pago de un mal con otro. La Ley del Talión era divisa común en la antigüedad. En este contexto la pena capital se aplicaba en la mayoría de los casos. La privación de libertad se circunscribió, en gran medida, a la esclavitud.


López y Borstein indican que para los filósofos griegos, el criminal era un ignorante pues se distanciaba del principio de armonía con el cosmos que propugna el sabio. La pena privativa de libertad en la antigua Grecia se aplicaba a los deudores. El Derecho Griego también utilizó el exilio y las penas pecuniarias. Para el filósofo Sócrates “nadie es malo en forma voluntaria” (Plata, 2007, p.33). Sócrates advirtió sobre la animadversión que causan los criminales y exigió que se les enseñara a no repetir el agravio ocasionado. Para Platón, la persona culpable incorregible debía ser castigada, multada y reeducada (Plata, 2007, p.34). Platón consideró que “si alguno ha cometido un crimen, la ley le enseñará a que no lo repita”. Entre los persas y los asirios, los castigos corporales y las mutilaciones eran comunes (Barrita, 2006, p.224).

En Roma las primeras cárceles fueron construidas al comienzo del siglo III. Se dividían en tres clases: por deudas, las privadas y las públicas. La finalidad de las cárceles en la edad antigua era asegurar la inamovilidad, la aplicación de una variopinta gama de castigos o la muerte (López, 1978, p.5). Los antecedentes de la prisión, con carácter preventivo y de pena, se encuentran en la vincula romana, sitio donde los atados, los vinculados (prisioneros de guerra) estaban custodiados.

Se consideraba prisionero por igual al que se encontraba en la vincula como al que estaba fuera de ella, se estaba de tal modo atado que no podía presentarse en público sin desdoro; no obstante, dentro de las cárceles las personas podían permanecer sin ataduras, pues el fin principal que se perseguía a través de ellas era asegurar la validez y prolongar la duración de la detención hasta la consumación de la condena respectiva (Barrita, 2006, p.224). Entonces la prisión era más bien un lugar de custodia, como puede inferirse de la lectura del libro Quadragésimoctavo del digesto de Justiniano, que establece la potestad del procónsul para determinar en cuanto a la custodia de los reos, si estos han de quedar en la cárcel o si su custodia corresponderá a los soldados o a sus fiadores, o a ellos mismos (Barrita, 2006, p.225). En el derecho germánico predominan las penas corporales y la pena capital, la pena privativa de libertad permanece excluida (López, 1978, p.5).

Durante la edad media hubo predominio de penas corporales (flagelación, castigo y mutilación) y de la pena de muerte. La iglesia promovía la práctica del aislamiento celular, el ideal del arrepentimiento y la corrección del delincuente, además de ciertas ideas sobre su rehabilitación (López, 1978, p.6). No obstante el Medievo se caracteriza por el tribunal de la Inquisición, creado para juzgar delitos de herejía. La Inquisición medieval fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. Fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. El castigo físico a los herejes fue asignado a los laicos. Mediante esta bula se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. En su primera etapa (hasta 1230), se denomina “Inquisición episcopal”, porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales.

En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, Gregorio IX, mediante la bula Excommunicamus, creó la “Inquisición pontificia”, dirigida directamente por el Papa y dominada por los dominicos. En 1252, el papa Inocencio IV en la bula Ad extirpanda autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En ningún caso podía mutilarse al reo ni poner en peligro su vida. Las penas eran variables. Los herejes relapsos eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla (Royo Mejía, 2011).

En lo que atañe a los mayas en Guatemala, la fuente primordial del Derecho fue la costumbre. Dentro de esta dinámica, los delitos no podían solventarse a través de la venganza privada.

Para su resolución se emplearon la composición y el castigo, lo que se traducía en la reparación del daño ocasionado. La composición fue habitual en los delitos contra la propiedad, en los que el ofensor debía restituir cosa semejante a la apropiada, en caso contrario era reducido a la esclavitud. Los homicidios o asesinatos eran castigados con la horca. El adulterio era castigado con la lapidación, la difamación era castigada con la mutilación de labios y orejas, el proxenetismo con la quema del pelo en público, la pederastia se castigaba con la pena capital (Valenzuela, 2004, p. 21 y 22).

Los siglos XVI Y XVII

A partir del siglo XVI se construyeron edificios con la finalidad de aplicar las penas privativas de libertad en distintas ciudades europeas. Asimismo se fundan casas de corrección que tienen por finalidad enmendar a los que en ellas se atienden. La primera institución de esta clase se funda en Bridewell, Londres, en 1552. En el siglo XVII se funda el Hospicio de San Felipe Nery, en Florencia, Italia. Más adelante el Papa Clemente XI funda el Hospicio de San Miguel en Roma (López, 1978, p. 6).

La cárcel se incorporó conjuntamente con la estructura de organización colonial con un objetivo determinado: convertir a los indios en tributarios del rey y organizarlos para tal efecto, situación que se mantuvo durante los tres siglos del régimen colonial hasta la independencia en 1821 (Morán, 2003).

Durante la época colonial, una de las dependencias de la Real Audiencia era la llamada “Real Cárcel de Corte”, en la que se internaba a individuos por orden del alto tribunal, ya fuera por medidas de seguridad o porque sus causas pendían de su juzgamiento por esta. Se trataba de una cárcel privativa para los reos puestos a disposición de la Real Audiencia, no pudiendo ingresar personas sujetas a la justicia ordinaria (Ordóñez, 1970, p.5).

Tenía la Audiencia, asimismo, a través de su Oídor más moderno, la labor de adoptar la norma general al caso particular, en especial en el asunto del nombramiento del Alcaide de la Real Cárcel.

Los alcaldes ordinarios de Guatemala gozaban de jurisdicción, no solo dentro de la ciudad de Guatemala sino de todo el Valle de Guatemala, como Corregidores que eran de este, que se extendía a gran parte de Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango y Amatitlán. Las leyes que gobiernan esa cárcel son las mismas que regulan la Real Cárcel de Corte, con las variantes necesarias (Ordoñez, 1970, p. 36).

Si hacemos un recuento histórico llegamos a la conclusión que de todos los gobiernos que ha tenido nuestro país, ninguno ha tomado en serio la resolución del problema penitenciario en forma técnica, como lo ha hecho la mayoría de los países. Así se pueden citar como antecedentes penitenciarios el Castillo de San Felipe del Golfo, el Castillo de Nuestra Señora de los Remedios de San Pablo del Peten Itzá, el Real Presidio de San Carlos de la Nueva Guatemala y el Presidio de Iztapa.

En el caso del Castillo de San Felipe del Golfo, este se estableció en el siglo XVII, se trataba de una plaza fuerte que intentaba frenar el asedio de los piratas y bucaneros. Llegó a tener un máximo de quince presidiarios durante la época hispánica. Para la época independiente fue abandonado, desmantelado y la guarnición allí destacada, se había trasladado a Izabal. En las postrimerías del siglo XVII, se funda un presidio con el nombre de Castillo de Nuestra Señora de los Remedios de San Pablo del Peten Itzá, lo característico de este lugar era que no llegó a tener presidiarios (Ordoñez, 1970, p. 60-64).

El siglo XVIII

Los pioneros en mejorar la situación reinante en las prisiones fueron John Howard, Cesare Becaria, Jeremy Bentham, entre otros. John Howard nació en Inglaterra en 1726, se desempeñó como funcionario de algunos puestos de provincia; fue nombrado sheriff de Bedforshire en 1773, función que involucraba llevar a cabo actividades de policía, judiciales y vigilancia de prisiones (Mendoza Bremauntz, 1998, p.74).

Al percatarse del deplorable estado de las prisiones, decidió recorrer Europa para comprobar si existían los mismos defectos en el resto de países. Howard dedicó su vida a aliviar las miserias físicas y morales de los reos. Escribió una obra célebre que se intitula: “The State of Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations and an Acount of Some Foreign Prisons” publicado originalmente en 1777, en el que se detalla su recorrido por las prisiones de Inglaterra y Gales (Caro, 2013). Con él nace la enorme corriente denominada “Penitenciarismo”, que ha levantado prisiones más humanas y ha incluido la reforma de los internos en la pena privativa de libertad.

Howard propuso aislamiento, trabajo e instrucción en las prisiones. Luchó por una correcta organización, es decir, por un gobierno interno de las prisiones. En 1779, la Cámara de los Comunes lo designa para que, junto con sir William Blackstone y William Eden elaboren una Ley Penitenciaria en la que se dispone la creación de penitenciarias. En dichas instituciones deberían ser internados los condenados por delitos graves. La ley citada se sustentaba en cuatro principios:

a. En las prisiones debería haber seguridad e higiene.

b. Se practicaría una inspección sistemática.

c. Se aboliría el pago de los derechos de carcelaje.

d. Se sujetaría a los internos a un régimen reformador de su conducta. Todo estaba dirigido a la satisfacción del principio: Make them diligent and they will be honest (Mendoza Bremauntz, 1998, p.76).

Contemporánea de la obra que dejó Howard fue la del reformador del Derecho Penal Cesare Bonesana Marchese di Beccaria, literato, filósofo, jurista y economista italiano, cuya obra “Disertación sobre los delitos y las penas” (Trattato dei delitti e delle pene) constituye un tratado seminal sobre reforma legal escrito entre 1763 y 1764.

Beccaria vuelve al principio del valor educativo de la condena, el cual había sufrido personalmente en la cárcel: descubre cómo la pequeña delincuencia encuentra alojamiento y comida seguros en la cárcel, se afana por cometer crímenes con tal de entrar. Por lo tanto, como es la duración de la condena y no la intensidad lo que impulsa a no cometer crímenes, lo que conviene es tener la certeza de la condena y que esta sea extensa en el tiempo.

Otras medidas planteadas por Beccaria para la reforma del Derecho Penal del Ancien régime fueron la abolición del tormento y la limitación del arbitrio judicial. El tormento público como procedimiento de prueba o como castigo fue ampliamente utilizado durante el Ancien régime, y en parte la obra de Beccaria es una reacción ante los suplicios y ejecuciones públicas de la época. La limitación del arbitrio judicial -es decir, que el juez esté atado al texto de la ley y no tenga capacidad para generar espontáneamente leyes penales- se explica desde el principio de separación de poderes y de la necesidad de aplicar penas prontas y seguras. El Marqués de Beccaria fue un pensador en contraposición a Howard que era un hombre de acción; pero ambos lucharon contra las iniquidades, con la finalidad de implantar un régimen penal más suave y respetuoso de la dignidad humana (Mendoza Bremauntz, 1998, p. 68-74).

Retornando a Guatemala, por aquellos lejanos años, el aposento destinado a las mujeres en la cárcel de la ciudad raramente se utilizaba por las féminas. Lo anterior, quizás, por lo escaso de la delincuencia femenina. En cuanto a algunos antecedentes los podemos encontrar en la llamada Casa de Recogidas. En este sitio eran llevadas las jóvenes inquietas y andariegas, de vida poco edificante, propensas al libertinaje (Ordoñez, 1970, p.56).

Después de 1735, el ayuntamiento quedó encargado de dos establecimientos correccionales de mujeres: la Casa de Recogidas y la Cárcel de Mujeres. En la primera iban a dar con sus huesos aquellas mujeres de malas costumbres, en la segunda las delincuentes propiamente dichas. Los terremotos de 1773 obligaron a reunir a ambos grupos (Ordoñez, 1970, p.57). Fundada el 8 de junio de 1691, estaba ubicada inmediata a la cárcel para hombres. Ambas se llamaron Cárcel de la Ciudad. Las leyes que gobernaban la cárcel de mujeres eran las mismas de las de la Real Cárcel de Corte. Hacia 1774 se funda el Real Presidio de San Carlos de la Nueva Guatemala, a efecto de que los reos allí recluidos, trabajaran en las obras tanto públicas como de particulares, en la Nueva Guatemala de la Asunción. Dicho presidio perduró hasta diciembre de 1796 (Ordoñez, 1970, p.68).

El siglo XIX


Con las Cortes de Cádiz (1810-1814) tipificaron los casos en que podía privarse de libertad a un individuo. A partir de ese momento, la pena privativa de libertad no se fundamentaría más en la decisión arbitraria del soberano, sino que era necesaria la celebración de un proceso formal y garantista. La cárcel como lugar para purgar la condena fue objeto de gran atención. En la Constitución de la Monarquía Española de 1812, se regulaba asimismo la institución de las “visitas de cárceles”, efectuadas por lo habitual por el tribunal superior (Fernández, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1755/10.pdf). Dicha visita consistía en pasar revista a los presos, escuchar y tramitar sus quejas, además de formular cualquier cargo contra quien resultare responsable.

Don José de Bustamante (Ordoñez, 1970, p.69) que presidía el gobierno del Reino de Guatemala allá por 1811, propuso la creación de un presidio en la capital. Sometido el proyecto al Ayuntamiento, este no llegó a proferir opinión alguna al respecto, baste decir que primero entró en pleno vigor la Constitución de Cádiz, con lo cual el proyecto no pasó de serlo.

Si el desarrollo del Derecho Penitenciario era prácticamente apócrifo en Guatemala, no ocurría lo mismo en el viejo continente. En este contexto cabe destacar a Jeremy Bentham (1748-1832), autor de las obras “Rationale punishment and rewards” y Principles of penal law, quien tuvo la habilidad de asociar estrechamente la concepción penitenciaria a la arquitectónica (Rodríguez, 2008). Es el creador del Panóptico, edificio circular o poligonal aplicable a casos de corrección, prisiones, manicomios y todos los establecimientos de tipo similar. Establece un diseño que permitiría resolver las dos cuestiones que para él eran importantes, arriba mencionadas. Reformar para mejorar la vigilancia tanto de los presos como de los vigilantes de estos.

A partir de lo dicho se puede afirmar que el sistema penitenciario nacional se ha ido desenvolviendo en forma empírica y sin contar con una teleología definida. A guisa de ejemplo, al principio de 1832 durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, se estableció el presidio de Iztapa (Ordoñez, 1970, p.70). Podían ser enviados a presidio los reos cuya pena no fuese menor de un año, pero en ningún caso los rematados a cadena perpetua.

El siglo XX

Todas las constituciones que se han emitido en Guatemala, incluso la vigente, sustentan que los centros penales están sujetos al principio de la rehabilitación del procesado o condenado y de la carencia de positividad de la misma, por no estar sujeto a una reforma del Sistema Penitenciario del país. Así la Constitución promulgada con fecha 11 de octubre de 1825, en su artículo 197 indica lo siguiente: “Las cárceles serán expuestas de manera que sirvan para asegurar y corregir y no para molestar a los reos”.

En cada cabecera departamental había una cárcel. La base de la pirámide del sistema penitenciario era la Penitenciaría Central, de nefasta recordación, la cual fue construida a principios del año 1881. Más tarde por mandato del acuerdo gubernativo de fecha 21 de abril de 1920, emitido por el Presidente de la República don Carlos Herrera, se ordenó su demolición. Lamentablemente el referido acuerdo no tuvo positividad, la Penitenciaría Central quedó en pie cuarenta y ocho años más hasta el doce de enero de 1968, fecha en que fue desalojada al inaugurarse las Granjas Penales Pavón, Canadá y Cantel.

Al inaugurarse el funcionamiento de las Granjas Penales, se hizo constar que dicha Penitenciaría fue un lugar de tortura, en donde confinaban a los políticos enemigos del gobierno. Aquella época fue propicia para la sumisión y el castigo, físico y psíquico. Se había olvidado que la ejecución penal es orientar, educar, adaptar, cambiar actitudes positivas hacia la vida. Al preso se le cortaba totalmente el cabello, se le ponía un uniforme identificable y tenía la obligación de trabajar diario como peón de caminos arreglando las carreteras de su jurisdicción.

Los presos salían peor que como entraban, pues las prisiones eran simplemente centros de cautiverio, donde los principios rectores del tratamiento penitenciario, no tenían ninguna vigencia. No existía una ley específica del sistema penitenciario que regulara la reeducación de los recluidos y los centros penales estaban bajo el control total de la Policía Nacional.

Durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda (1931- 1944), se sostuvo la tesis que expresaba que la prisión era un fin en sí misma, idea que se traducía en el aforismo siguiente: “preso, preso, el que la debe la paga”, por tanto se vulneraban los derechos de los recluidos; se impuso un régimen de trabajo forzoso en las carreteras, los penados fueron vestidos con su uniforme respectivo y se llegó a aplicar la denominada ley fuga.

Dicho término es un eufemismo que esconde un tipo de ejecución extrajudicial. Consistía en simular la fuga de un detenido, especialmente cuando es conducido de un punto a otro, para poder así encubrir el asesinato del preso, so pretexto del precepto legal que permite hacer fuego sobre el fugitivo que no obedece al “alto” conminatorio de los guardias. La “Ley Fuga” cegó la existencia de muchos intelectuales y periodistas, que también fueron objeto de persecución, tortura y casi nula libertad de expresión. En una publicación del año 1947 de la presidencia del Organismo Judicial, se documentaron al menos cincuenta y ocho asesinatos amparados por la ley fuga, habiendo sido absueltos sus autores en tiempo de la dictadura de Ubico. Aunado a lo anterior, se legitimaron abusos por medio de la emisión de normas del todo arbitrarias. Ejemplo de lo dicho lo constituye el acuerdo gubernativo 2795, el cual autorizaba a los terratenientes el asesinato impune de los campesinos cuando se les encontraba dentro de sus fincas. Otra norma infame era la contenida en el Decreto número 1474 por el que se obligaba a los campesinos a prestar servicios personales, de manera obligatoria y gratuita, en los caminos públicos.

Además mandó publicar el Decreto 1996 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, Ley Contra la Vagancia, el 12 de mayo de 1934. Dicha normatividad tiene consecuencias en lo penal, económico y social, siendo una de las leyes que fueron usadas para conculcar los derechos humanos de los ciudadanos, sobre todo los campesinos; su fin era obligar al individuo a realizar trabajos forzados en obras del mismo Estado o verse obligados a emplearse en la iniciativa privada. Para acreditarse como trabajador se debía poseer una cartilla en la que el empleador debía hacer constar la calidad de empleado y los días laborados que la ley prescribía. Este tipo le leyes fue implantada en Guatemala desde la Reforma Liberal de 1871 (AFEHC, 2009)

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produce todo un proceso de renovación en el pensamiento relativo a la pena, su imposición y cumplimiento. Ya no se juzga solamente el acto delictivo, sino al delincuente como humano y como persona. Se juzga la conducta criminal desde el punto de vista biológico, psicológico y sociopolítico y se reconocen como factores de engrandecimiento delictivo los siguientes: explosión demográfica, expansión industrial, crisis axiológica, tecnología uniforme y sin control, uso indiscriminado de drogas, mala distribución de la riqueza, deficiente urbanización con escasez de viviendas, migración interna, desorientación en la vida familiar, desempleo, grupos marginados que carecen de cultura, delincuencia juvenil, violación endémica.

Se desterró la creencia de que el delito era simplemente una entidad jurídica, separada de la persona de su autor, solo era un problema de derecho (Rodríguez, 2008). Por influencias de las ciencias sociales nacientes surgen otras teorías jurídicas, entre ellas que el delito se podía someter al mismo análisis de los demás hechos sociales.

A partir de la revolución de octubre de 1944, y con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, se principio a renovar nuestro sistema penitenciario, principalmente con la construcción de tres granjas penales: la de Pavón en la Ciudad Capital, Canadá en Escuintla y la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. No obstante, se puede afirmar que se principio al revés, lo anterior se sostiene debido a que no se contaba con una ley que normara el campo penitenciario y la ejecución penal en Guatemala.

La Constitución vigente hasta el 28 de noviembre de 1944, establecía en sus artículos 30 y 31 lo pertinente a los detenidos, en términos bastante parecidos a los del actual texto constitucional. La Constitución del 11 de marzo de 1945, en su artículo 45 decía: “Las cárceles son centros que tienen por objeto asegurar a los recluidos y promover su reforma” (Corte de Constitucionalidad, 2001, p. 459).

La Constitución del 15 de septiembre de 1965, en su artículo 55, asentaba lo siguiente: “El sistema carcelario promoverá las reformas y readaptación social de los reclusos” (Corte de Constitucionalidad, 2001, p. 587).

Las disposiciones penitenciarias contenidas en el Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, como sustitutivos de la prisión: suspensión condicional de la pena, artículo 72 del Código Penal y los artículos 78, 79, 80, 81, 82 del mismo Código que norman la libertad condicional y el artículo 83 que norma el perdón judicial, y los artículos 81 al 100 del Código Penal que regula las medidas de seguridad.

La ley de redención de penas por el trabajo y la educación, Decreto número 56-69 del Congreso de la República, estableció la posibilidad de redimir, mediante la instrucción y el trabajo remunerado, las penas de privación de la libertad, impuestas en sentencia firme, siempre que tuvieran una duración mayor de dos años de prisión correccional y exceptuando las penas indicadas en el art. 2 de la misma. Regulaba lo concerniente a la organización, atribuciones, prohibiciones y trabajo remunerado, régimen económico y administrativo, y auxiliares de régimen.

Estableció que en tanto no se terminaran y organizaran en forma técnico-científica las granjas penales, establecimientos penitenciarios o centros de cumplimiento de condena y a fin de solucionar los problemas que se presentaban, la Junta Central de Prisiones estaba facultada para describir a los beneficiarios de esta ley.

Para los efectos de esta ley, las granjas penales, establecimientos penitenciarios o centros de cumplimiento de condena quedan exentos del pago de toda clase de impuestos, como tasa, arbitrios y demás cargas fiscales o municipales. Derogó los Decretos números 1560 y 1766 del Congreso de la República, así como todas las disposiciones que se opongan a la misma.

Más adelante fue emitido el Decreto número 36-80 del Congreso de la República, el 9 de julio de 1980, entró en vigencia ocho días después y publicado en el Diario Oficial el 30 de julio del citado año. En el primer considerando, informa que el Sistema Penitenciario guatemalteco, por mandato constitucional deberá promover la reforma y readaptación social de los reclusos. En el segundo y tercer considerando sostiene la tesis que al recluido hay que darle incentivos para lograr su cooperación en su resocialización, por ese motivo establece que los condenados a prisión que observan buena conducta durante los tres cuartas partes de la condena, se les pondrá en libertad, en el entendido que si cometieren nueve delitos durante el tiempo que estén gozando de dicho beneficio o privilegio, deberán cumplir el resto de la pena, y la que corresponde al nuevo delito. La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará al reo que observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere cualquier disposición reglamentaria del centro penal en que cumpla condena.

La Constitución del 14 de enero de 1986, y ahora ley fundamental vigente, sigue los mismos lineamientos de las anteriores, así en su artículo 19, establece lo que sigue: “El Sistema Penitenciario debe atender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir el tratamiento de los mismos”.

La Corte de Constitucionalidad ha manifestado respecto del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

El espíritu del artículo 19 Constitucional se refiere expresamente a “readaptación social”, esto es, a un eficaz tratamiento del recluso orientado a su readaptación social y reeducación. Para la readaptación han existido distintos sistemas, entre ellos, el progresivo, a través de un seguimiento de la conducta y el de individualización científica; pero ambos casos se refieren a sistemas a practicar en los establecimientos penitenciarios. Lo que aquí decimos coincide exactamente con el texto del mismo artículo 19 comentado que finaliza diciendo: ‘y a la reeducación de los reclusos y cumplir con EL TRATAMIENTO de los mismos’ Las normas mínimas para ese tratamiento, las desarrolla la Constitución en los incisos a), b) y c) del comentado artículo 19, y ninguno de ellos se refiere a reducciones en las penas sino a tratamiento institucionalizado. No es a través de una rebaja general de penas, como pueden alcanzarse las condiciones mínimas que permitan la reeducación y re inserción social del condenado a la pena privativa de libertad, y aunque no sea esta pena la panacea que va a resolver el problema de la antisocialidad, por el momento nuestra política criminal no tiene más remedio que seguir recurriendo en gran número de casos a este tipo de sanción. Opinión Consultiva emitida a solicitud del Organismo Legislativo. Gaceta No. 3, expediente No. 170- 86, Pág. No. 2, resolución: 28-01-87. Se menciona en: - Gaceta No. 12, expediente No. 56-89, Pág. No. 38, sentencia: 02-05-89.

El siglo XXI

No obstante lo estatuido en la normatividad aplicable, los centros penales no han cumplido con la reeducación y una adecuada reinserción social. Son lugares en donde se mantiene el principio de la restricción de libertad como punición, sin otorgarle ningún beneficio al penado. Hay una marcada tendencia a la aplicación retributiva de la pena, en desmedro de la atención necesaria para la reincorporación a la sociedad del que ha delinquido.

La Ley de Redención de Penas por el Trabajo y la Educación Decreto número 56-69 del Congreso de la República, la cual fue abrogada por el Decreto número 33-2006 del Congreso de la República con fecha siete de septiembre del año 2006, contenía un procedimiento y un incentivo legal que procuraban la reducción de las penas de privación de libertad.

Constituía un rescate espiritual del convicto, a través de actos positivos de enmienda y en los que la pena adquiere otras aspiraciones: corregir, educar y reformar moralmente al condenado. La nueva legislación guatemalteca pretende concordar con las disposiciones internacionales en materia de tratamiento de las personas recluidas en prisión.

El derecho internacional en materia de derechos humanos obliga a los Estado a adoptar todas las medidas necesarias para aplicar las normas contenidas en los tratados y los principios consuetudinarios. Esto significa entre otras cosas, garantizar la reparación a la víctima, perseguir a los infractores, prevenir los abusos y combatir la impunidad. Los Estados deben comprometerse a no someter a persona alguna a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin excepción alguna. La tortura se define como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, salvo aquellos que sean inherentes o incidentales a sanciones legítimas.

Los malos tratos suponen tratos o penas crueles inhumanos o degradantes que no constituyan tortura. Ninguna persona detenida o presa será sometida, aun con su consentimiento, a experimentos médicos o científicos, perjudiciales para su salud. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán hacer uso de la fuerza solo en los casos necesarios. Todas las normas, instrucciones, todos los métodos y las prácticas de interrogación, relativas a personas detenidas y encarceladas se mantendrán bajo examen sistemático a fin de prevenir la tortura (Naciones Unidas, 2005, p. 37 y 43).

Con la creación de las granjas penales en Guatemala, como centros de cumplimiento de condena, se principió a renovar el sistema penitenciario guatemalteco y a mermar lo aflictivo de la prisión, mediante una nueva concepción de la arquitectura penitenciaria, cuya finalidad era la readaptación del recluido. En la edificación de las granjas penales se incorporaron mejoras que favorecen a los penados entre las que cabe destacar: excelente iluminación, ventilación, campos de recreación, áreas de movilización, suficiente terreno para cultivos, campos para practicar deportes, ambiente y naturaleza configurados para motivar un pensamiento positivo.

Lo que se pretendía era cambiar totalmente la concepción fría, cerrada, hacinada e intimidatoria de las prisiones, por una perspectiva más amplia, que incluyera el mecanismo de prisión semi-abierta, donde los reclusos puedan realizar tareas agrícolas al aire libre.

No obstante, el cambio no fue sustancial. Si bien es cierto se pasó de un modelo de enclaustramiento a otro de menor encierro, la realidad es que en Guatemala se principió al revés; primero se construyeron los edificios, sin haber formado al recurso humano especializado en Derecho Penitenciario. Con el transcurrir de los años las granjas penales dejaron atrás su propósito inicial, mutando hacia un sitio de reclusión donde reina la más completa anarquía. De esa cuenta la denominación de granjas penales perdió todo sentido.

El derrotero por el que transita el sistema penitenciario guatemalteco parece conducir a un final poco prometedor y bastante escabroso. Tan solo en los primeros años del presente siglo, los medios de comunicación se han visto inundados con noticias que ponen de manifiesto la precariedad del sistema.

El control de las prisiones por parte de los mismos convictos, la aplicación irrestricta de la ley del más fuerte, como única divisa entre los penados, el hacinamiento, las pocas o nulas oportunidades de estudio y trabajo, aunadas a la percepción de la mayoría de la población de que la prisión debe tener como única finalidad el castigo y que prácticamente hay que olvidar a los penados, han contribuido a la debacle de toda la estructura penitenciaria nacional.

En lo que atañe al hacinamiento, que es uno de los problemas característicos del sistema penitenciario, cabe afirmar que encuentra su explicación en dos elementos: uno externo y otro interno. En el primero de los casos se está frente a circunstancias tales como la de operadores de justicia penal que presumen la culpabilidad en lugar de presumir la inocencia, lo cual se traduce en la no aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Por los motivos que fuere, entre los que de seguro sobresale el clamor popular, los órganos jurisdiccionales tratan de obviar en lo posible la aplicación de dichas medidas sustitutivas. En el octavo informe sobre derechos humanos de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) se indicó que “el fenómeno de la delincuencia ha generado un profundo rechazo e indignación de toda la sociedad.” (MINUGUA, 2000, p. 4). Aunado a lo antes dicho, las detenciones al margen de la legalidad, aunque menos frecuentes, continúan constituyendo un mal común.

En el medio forense guatemalteco son habituales las historias de personas que por desavenencias con la policía nacional civil, son objeto de arrestos en los que no median las condiciones de legitimidad a las que se refiere la Constitución Política de la República en su artículo 6. En lo que respecta al segundo elemento, es decir, al factor interno, cuando la población sobrepasa la capacidad estructural de la cárcel, se torna difícil la satisfacción de los requerimientos mínimos de los penados en materia de derechos humanos. Cabe resaltar la falta de ventilación adecuada, espacios reducidos, sanitarios, en malas condiciones, etc. (Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario, s.f. p. 10-12)

Se deben señalar los aspectos negativos, desde el punto de vista técnico, los relativos al funcionamiento real de las granjas modelo de rehabilitación Cantel, Pavón y Canadá, son los siguientes:
  1. Las granjas penales han funcionado como centros de reclusión y no de reeducación.

  2. No hay observación, diagnóstico y clasificación, previamente al ingreso de una persona condenada.

  3. No se aprovecha la estancia del recluido en el centro penal para formarle nuevos patrones de convivencia y tampoco se le capacita para su reinserción social.

  4. Las granjas carecen de fuentes de trabajo, solo se ejerce la mini-industria; a los recluidos no se les enseña un arte u oficio.

  5. No existe un banco de materias primas para que el recluido que trabaje pueda adquirirlas a un precio más cómodo.

  6. La ejecución penal no modifica adaptivamente al recluido hacia el cambio en la estructura de su personalidad, con el objetivo mediato de reducir su conducta antisocial y mejore su esquema conductual, inculcándole patrones de comportamiento para que cuando se reinserte a la sociedad, mantenga una actitud positiva de respeto y cumplimiento de la ley.

  7. La arquitectura penitenciaria de las granjas penales se ha venido deteriorando para fines particulares de los recluidos. La carencia de principio de autoridad de los directores de turno, promovió la pérdida de una adecuada distribución estructural de dichas granjas, pues lo reclusos principiaron a realizar construcciones secundarias dentro de las mismas granjas, para beneficio particular y para la instalación de sus negocios.

  8. Al recluso que ingresa a las granjas no se le practica reconocimiento médico, ni se le explican cuáles son sus deberes y derechos.

  9. No se ha tratado de permeabilizar a la comunidad para llevar a su conocimiento que el delito es un fenómeno socio jurídico y que su autor pertenece a la sociedad de la cual fue marginado.

  10. El deporte se práctica en forma desorganizada y muchas veces interfiere las actividades diarias de tipo laboral.
Otro problema es que las granjas penales comenzaron a funcionar sin la dirección de un reglamento específico, para apoyar el tratamiento direccional y así evitar que el recluido lleve una vida desordenada en sus centros de reclusión. A pesar de la realidad referida, los patronatos de cárceles y liberados fueron eliminados al entrar en vigencia el actual Código Procesal Penal. Asimismo los jueces de ejecución penal, las Juntas Regionales de Prisiones, la Junta Central de Prisiones y la Dirección General de Presidios, desarrollaron un régimen penitenciario de buena fe frente a la carencia de una Ley del Sistema Penitenciario, que por cierto entró en vigencia a principios del mes de abril del dos mil seis, con el agregado que tiene como fuente el campo administrativo, que es muy vulnerable para la ejecución penal; por ese motivo la corriente actual es fundamentar juridicidad a la ley que norme el campo penitenciario.

A pesar de lo anotado tuvieron vigencia varios proyectos como los siguientes:

a. Educación extramuros, con el proyecto del estudiante recluido

b. El régimen prelibertad

c. Olimpiadas penitenciarias

d. Deporte extramuros e intramuros

e. Aplicación de la redención de penas por el trabajo y la educación

f. El beneficio de la buena conducta

g. Libertad condicional

h. Condena condicional, perdón judicial

i. Educación intramuros

La realidad indica que las granjas penales paulatinamente se han transformando en prisiones cerradas, que carecen de aplicación de los recursos adecuados para la respectiva rehabilitación de los convictos. Originalmente las granjas penales ya mencionadas, fueron creadas como granjas agrícolas y esto se deduce de las grandes extensiones de tierra donde fueron ubicadas.

Se sustenta el criterio que no ha existido una coordinación de ideales para cimentar una verdadera reforma penitenciaria en Guatemala. Anotando la teleología de los centros penales, organizando el sistema penitenciario, la formación del personal penitenciario, adecuación del sistema legal, el establecimiento de una arquitectura penitenciaria apropiada, principios rectores del tratamiento, asistencia pre y postliberación. La verdad es que todavía no se tiene un criterio uniforme sobre los objetivos de la ejecución penal en Guatemala.

En este contexto surge la interrogante ¿qué ha hecho la sociedad y los gobiernos de turno para prevenir la delincuencia, desterrar los factores endógenos y exógenos que la engendra? La respuesta es sencilla y simple, como lo anota la pastoral penitenciaria: la sociedad en la mayoría de los casos engendra al delincuente y como Pilatos se lava las manos, exigiendo al Estado, por medio del gobierno, que aparte, castigue y regenere al delincuente.

La respuesta estatal al fenómeno delincuencial es el encierro de los delincuentes, en muchas ocasiones en centros denominados de máxima seguridad. Entre estos se puede citar la prisión de máxima seguridad de El Boquerón, ubicada en Cuilapa, unos 65 km de la capital, lugar donde han ocurrido a la fecha incidentes desafortunados que han cobrado vidas humanas. Durante el segundo semestre del año 2009 se inauguró otra prisión, calificada de alta seguridad, en el municipio de Fraijanes, denominada Fraijanes II, que se sumó al preventivo del mismo nombre que funciona en el lugar. Estos centros cumplen la finalidad de reclusión, más no así, la readaptación social de los individuos ingresados.

Publicado por: Pablo Ordoñez

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